Hace dos años el presentador de noticias paquistaní Arshad Sharif recibíó un disparo mortal en la cabeza por parte de la policía de Kenia. El pasado lunes 8 de julio, el Tribunal Superior de Kajiado, presidido por la jueza Stella Mutuku, determinó que la policía actuó ilegalmente al utilizar fuerza letal contra Sharif y que, al contrario de lo que sostienen las autoridades, el asesinato no fue un caso de confusión de identidad durante un control de carretera. El fallo concedió a Javeria Siddique, la viuda de Sharif y quien presentó la denuncia, el equivalente a 78.000 dólares como “reparación por violación de derechos fundamentales”. Además, la jueza dictaminó que tanto el director del Ministerio Público de Kenia como la autoridad de supervisión policial independiente violaron los derechos de Sharif al no procesar a los policías involucrados, ordenando a ambos órganos que concluyan las investigaciones y acusen a los agentes. La lenta respuesta institucional, tanto de Kenia como de Pakistán, también recibió críticas por parte de los expertos de la ONU.
Sharif, padre de cinco hijos, huyó de Pakistán para buscar un lugar seguro después de recibir amenazas de muerte, que comunicó al juez superior de Pakistán. El asesinato de Sharif dos meses después a manos de la policía en Kajiado causó indignación, llevando a muchos a sugerir que se trataba de un asesinato orquestado por el ejército pakistaní. Sharif era conocido por sus enérgicas críticas a los líderes militares de Pakistán y a la corrupción en la política, así como era partidario del ahora encarcelado ex primer ministro paquistaní Imran Khan. Sus críticas no fueron bien recibidas, el ejército de Pakistán ha dominado el sistema socio político del país durante décadas, con tolerancia 0 a cualquier crítica a los militares. Sharif no ha sido el primer ni el último periodista que se ha enfrentado a consecuencias nefastas por hacer su trabajo en Pakistán, un país que ocupa el puesto 152 entre 180 en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras.
La brutalidad policial es común en Kenia, habiendo sido acusada en repetidas ocasiones por grupos de derechos humanos de utilizar fuerza excesiva y cometer homicidios ilegítimos. Estas acusaciones han sido respaldadas por el presidente de Alumnos de la Fiscalía General y del Departamento de Justicia, Mulongo Francis, quien declaró a DW que los numerosos informes sobre “fuerza excesiva, ejecuciones extrajudiciales y abusos” por parte de la policía resaltan la necesidad de reformas y mecanismos de supervisión más sólidos. En las últimas semanas, al menos 39 manifestantes fueron asesinados en una ola de protestas en todo el país en contra de una controvertida propuesta de aumento de impuestos en Kenia.
Siddique, quien siguió el juicio desde Pakistán, expresó su gratitud por el fallo del tribunal, celebrando que finalmente se haya obtenido «justicia«; tal y como señaló en una declaración a la AFP, nada traerá de vuelta a su marido, pero su denuncia y el juicio han sentado un precedente de que “quienes matan a un periodista no pueden escapar de la justicia«.
Autoras: Natasha Booty, Ruth Nesoba y Shristi Mangal Pal
Fuentes: BBC – DW – Imagen: VBlock disponible en Pixabay
[Traducción y edición, Micaela Llona Bavestrello]
[CIDAF-UCM]
