Introducción
Durante estos últimos meses, el territorio y la ciudad de Beni, en la República Democrática del Congo (RDC), ha sido escenario de masacres perpetradas por los grupos armados activos en Kivu norte. El territorio de Beni posee numerosas minas y está situado cerca del Parque Virunga, donde están instalados varios grupos armados. La demanda creciente de nuevas tecnologías hace que los minerales provenientes del este del Congo (RDC) sean codiciados. Estos minerales sirven para financiar a los grupos armados y para perpetuar la violencia cruel, la violación de los derechos humanos y la inseguridad e inestabilidad crónica de la región. Las materias primas no son el único motor de los conflictos, pero significan un lucrativo negocio para los grupos armados. Se impone un marco legislativo europeo más riguroso y coactivo que el propuesto por la Comisión europea que excluya a los minerales de zonas de conflicto, no solo alguno de ellos, de las redes de aprovisionamiento. Cualquier recurso natural puede servir para alimentar la guerra. Es indispensable que la UE aborde el asunto con un enfoque global sobre las complejas y profundas causas de los conflictos y al mismo tiempo tenga en cuenta la contribución de la explotación minera artesanal a la economía local. La UE debería adoptar medidas que contribuyeran a la formalización del sector minero local conforme a las normas internacionales.
Violencias en Béni
Desde octubre de 2014, Caritas-Butembo ha ido documentando detalladamente (nombres de las víctimas, circunstancias) las masacres perpetradas en el territorio de Béni. El balance es dramático: 276 muertos en 5 meses. La mayoría de las víctimas han sido asesinadas con arma blanca y entre ellas hay numerosos niños. Otros niños han sido secuestrados por los rebeldes y otros, al haber perdido a sus padres, están en situación muy vulnerable. En sus razias por las aldeas, los ladrones se han dedicado también al robo y pillaje. Las masacres han producido desplazamientos de poblaciones (12.050 familias) acogidas por sociedad local. La situación alimentaria es alarmante en un territorio que, sin embargo, posee un suelo y un clima benignos para la producción de alimentos.
Economía de guerra en el este del Congo (RDC)
– A. Redes en RDC
La mayoría de los ataques se han producido en el eje Eringeti-Oicha-Béni. En el territorio de Béni, lindante con el Parque Virunga, donde se esconden diversos grupos armados, abundan las minas. Desde alrededor del 2000, los informes de la ONU señalan la existencia de redes de pillaje de recursos naturales que sirven para alimentar la guerra. Ya en el informe de 2002 de las Naciones Unidas se denunciaba la implicación en el saqueo de numerosos actores: grupos armados, elites político-militares ugandesas, ruandesas, congoleñas, hombres de negocios, sociedades. Los acuerdos de Paz de Pretoria hicieron que los ejércitos oficiales (ruandeses y ugandeses) se retiraran, pero se mantuvieron las redes del tráfico de los recursos naturales, con lo que los grupos armados rebeldes han podido continuar financiando sus actividades militares gracias al comercio ilícito de las riquezas congoleñas. A principios de 2015, se ha publicado un último informe que prueba que las estructuras de una economía de guerra siguen firmemente ancladas. A pesar de la disolución del Movimiento M23 en 2013, los grupos armados lejos de disminuir, han ampliado su esfera de influencia.
Sus modos de operar son diversos: cobro de tasas por gastos de protección, control directo de minas, transporte y/o comercio, pillaje de minas. Las redes se extienden en varios países de la región de los Grandes Lagos. Los expertos han demostrado la existencia de redes en Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania y Zambia. Según Enough Project, “Más allá de las zonas de guerra, estas redes implican a empresas, sociedades-pantalla, traficantes, bancos y otros factores en el sistema internacional que saca provecho del robo y del blanqueo de dinero”.
– B. El tráfico de los recursos naturales en 2015.
Minerales 3TG y oro
Se habla de pillaje porque el valor añadido de este comercio de minerales se realiza fuera del país de origen. En el informe de 2002, el grupo de expertos de la ONU denunciaba la reexportación de las materias primas vía Burundi, Ruanda y Uganda. Las cifras demostraban que estos países exportaban una cantidad de minerales que sobrepasaba su capacidad de producción. En 2015, esta reexportación ilícita de minerales congoleños se confirma. El destino del estaño, tantalio y tungsteno es Ruanda. En el Congo (RDC), existe un sistema de trazabilidad del coltán, casiterita y wolframita (minerales de los que se extrae el estaño, tantalio y tungsteno). Sin embargo, este sistema prevé un modo de etiquetaje que en muy pocos lugares es homologado. Otro fallo reside en que las etiquetas son también objeto de contrabando y circulan en el mercado negro. A pesar de los fallos del sistema de trazabilidad, el contrabando ha disminuido, pero sigue siendo un problema. No existen suficientes salvaguardas y controles que impidan que los minerales provenientes de zonas de conflicto penetren en la cadena mundial de aprovisionamiento de materias.
En lo que respecta a la extracción del oro en el Congo (RDC), hay menos esfuerzos para mejorar la trazabilidad. El oro proveniente de zonas conflictivas puede introducirse fácilmente en el comercio mundial. Los actores contrabandistas trabajan activamente entre Congo (RDC) y Uganda. El oro de Butembo, vecina de Béni, es vendido en Kampala, después de ser exportado clandestinamente. El territorio de Béni está en el centro de la explotación y del tráfico del oro. Este tráfico perdura mientras la población sufre los ataques de los jefes de guerra.
Explotación de la fauna
El territorio de Béni linda con el Parque Virunga. El comercio ilícito de los productos de la fauna: carne, marfil, madera y carbón vegetal, constituyen también una fuente de ingresos para los rebeldes que están instalados en la zona. El Parque se ha convertido en un refugio para los grupos armados. Los guardianes del parque tienen cada vez mayores dificultades para controlar el cuidado de la fauna. Numerosas especies salvajes están en peligro. Otro fenómeno destructor de la biodiversidad es la deforestación, provocada por explotaciones mineras, por la industria maderera y la producción de carbón, que se ha convertido en una fuente importante de financiación de los rebeldes ocultos en el bosque. La población misma utiliza el carbón para cocinar y calentarse, no obstante existen proyectos orientados a una producción sostenible de carbón por medio de plantación de árboles de crecimiento rápido, fuera del parque. Por otra parte, hay empresas europeas que están realizando prospecciones petroleras en el entorno y en el interior del parque, a pesar de que éste está clasificado como patrimonio mundial por la UNESCO. Todo ello agrava la inestabilidad y aumenta la presión sobre las poblaciones y los recursos naturales
Legislación sobre minerales de conflicto
Quebrar el lazo de unión entre el conflicto y la explotación de materias primas es el desafío principal de la legislación que se discute en el Parlamento europeo. Desde hace más de 15 años, el comercio ilegal de minerales ha alimentado los conflictos en el Congo (RDC). Las masacres recientes indican que es urgente secar las fuentes de financiación de los grupos armados. En 2010, los EEUU adoptaron el “Dodd Franck 1502 Act” que obliga a las empresas que cotizan en bolsa a desvelar sus fuentes de aprovisionamiento en estaño, tantalio, tungsteno y oro (las 3TG’s) y a declarar si provienen del Congo (RDC) y de sus nueve países vecinos. Deben vigilar (diligencia razonable/responsable) y garantizar que los grupos armados no se benefician de ese comercio, en un ejercicio de auto-certificación voluntario Pero, no se prevén sanciones, salvo el desprestigio de su imagen pública, para las empresas que se aprovisionan de minerales de zonas de conflicto y no se ajustan a estas exigencias.
La UE ha rebajado el listón argumentando que la legislación exigente/coactiva como la de EEUU mata la economía local de esos países, concretamente del Congo, y evita el aprovisionamiento originario de los Grandes Lagos. La validez de esta argumentación sigue siendo discutida, ya que existen otros factores que han podido contribuir a un menor aprovisionamiento de materias de la RDC. Es positivo que la Comisión europea opte por tener una visión global y más ajustada a la realidad. Allá donde las sociedades empresariales han descubierto minerales “no-de-conflicto” en la RDC, se ha contribuido a la economía local, ha aumentado el empleo, ha aportado ingresos más elevados a los mineros y ha mejorado la seguridad en las minas.
En lo que se refiere a las sociedades europeas que tratan minerales de conflicto, un estudio de SOMO, que ha investigado 186 entidades, ha demostrado que solamente 35 (un 18%) han hecho una declaración al respecto (diligencia razonable) en sus web, por lo que el resto no pueden garantizar que sus cadenas de aprovisionamiento no provengan de zonas de conflicto. En ausencia de una legislación obligatoria, la gran mayoría de las sociedades no declaran que eviten suministrarse de minerales de conflicto. Por todo ello, se pueden sacar dos conclusiones: por una parte, una legislación obligatoria y exigente es un incentivo importante en favor de la diligencia razonable; y por otra, la voluntariedad en seguir las sugerencias de la OCDE pocas posibilidades tiene de hacer cambiar la manera como la sociedades europeas buscan sus materias primas. La autorregulación voluntaria, defendida por la Comisión europea como línea de conducta justa, es una posición decepcionante y es muy improbable que limpie la cadena de aprovisionamiento de las sociedades. La UE no debería quedarse atrás en la elaboración de una legislación obligatoria y exigente.
Otro aspecto problemático de la legislación propuesta por la UE se refiere a las sociedades objeto de reglamentación: solamente cubrirá el 0,05% del todas las sociedades que utilizan los 3TGs, ya que se focaliza únicamente en los importadores de materias primas, sin incluir todas las sociedades que comercializan y utilizan los 3TGs. La UE debería definir las reglas tanto para los fabricantes como para los importadores de productos semiacabados y finales. Como dice Antonio Manganella de CCFD Terre Solidaire: “Una ley de la UE, que obligue a la diligencia razonable a las sociedades en todo el trayecto de la cadena de aprovisionamiento, incluyendo a los utilizadores finales que importan productos como el estaño y el oro, habría suscitado reformas de las cadenas de aprovisionamiento más allá de las fronteras de la UE”.
Cuando se considera la cadena global de aprovisionamiento de los PC o de los smartphones, observamos que una gran cantidad de materias primas es exportada primeramente de la RDC a China, para posteriormente ser transformada en productos finales vendidos en el mercado europeo (el 70%). Es evidente que es indispensable una mayor ambición para evitar que minerales de conflicto terminen abasteciendo a cadenas de consumo de alta tecnología.
Otros recursos naturales, además de los 3TG, corren el peligro de financiar conflictos y abusos de los derechos humanos. Un reciente informe de SOMO enumera algunos ejemplos de otros minerales como el cobre, plata, hierro, zinc, nickel, diamantes, lo mismo que carbón, petróleo, madera. Por eso AEFJN apoya el llamamiento para que se reglamente más ampliamente todo lo relativo a la explotación de todos los recursos naturales que contribuyan a financiar los conflictos violentos y a atentar contra los derechos humanos.
Conclusión
Para afrontar crisis complicadas como la de la región de los Grandes Lagos, son necesarios enfoques comprensivos y coordinados: pacificación, ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y, evidentemente, una política comercial que impida que los minerales del conflicto circulen libremente por los mercados internacionales. El enfoque de la UE es débil, lo mismo que la ausencia de sanciones del acta Dodd-Franck de los EEUU. Solo una legislación obligatoria y coactiva ayudará a contribuir al cambio del comportamiento de las sociedades implicadas y de las cadenas de aprovisionamiento de minerales. Ese cambio legislativo no pondrá fin a la guerra en la región de los Grandes Lagos, pero contribuirá a romper la ligazón destructiva existente entre minerales y conflicto. Durante muchos años se han publicado informes de la ONU sobre esta cuestión. Los EEUU y la OCDE han elaborado la directiva en favor de la diligencia razonable para evitar que la explotación de los recursos naturales nutran los conflictos. La realidad muestra que no sirven los enfoques o marcos voluntarios. Mientras en el Congo (RDC) se siguen pisoteando los derechos humanos, los ciudadanos europeos siguen consumiendo productos que contienen minerales de sangre, lo que sirve para perpetuar los conflictos al apoyar una economía de guerra. El este del Congo (RDC) ha perdido a millones de ciudadanos, los niños siguen siendo reclutados como soldados y muchas mujeres son violadas. La UE debe actuar resueltamente mediante una legislación dura, y solicitando que otros países la adopten también, para ayudar a desmantelar las redes de la economía de guerra y limpiar las cadenas de aprovisionamiento.
Sería también necesario que la UE tuviera un enfoque global; que fuera consciente de que la explotación minera artesanal contribuye a las economías locales y de que las raíces de los conflictos son profundas y complejas, a saber: tensiones concernientes al acceso a la propiedad y usufructo de la tierra y tensiones ligadas a la pertenencia étnica. Se deberían tomar iniciativas de apoyo a la formalización del sector minero local; el reforzamiento de la capacidad de los mineros artesanales y de los operadores económicos locales permitiría la creación de empleos y de ingresos. Las cooperativas de mineros podrían convertirse en pequeñas y medianas empresas capaces de utilizar la tecnología moderna para transformar los minerales sobre el terreno, generando un valor añadido local.
Gino Brunswijck
Fuente: www.aefjn.org (ECHOS D’AEFJN, nº 18)
Fundación Sur
