El principal partido de la oposición angoleño UNITA denunció lo que llamó » casos ilícitos» en el proceso del censo electoral iniciado en el país hace dos meses.
De acuerdo con el líder de la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola), Isaías Samakuva, el balance de los primeros 60 días de los actos de registro electoral «es muy negativa.»
Indicó que su formación política inició este proceso «con cierto recelo», pero decidió dar al gobierno «el beneficio de la duda.»
Sin embargo, ha lamentado, » Que nos encontramos con lo que parecía ser demostraciones de poca experiencia , deficiente organización o exceso de celo por parte de los brigadistas no son más que una prueba irrefutable de delitos graves e intencionados cometidos por los agentes del MPLA (en el poder) «.
«La prevalencia y gravedad de los actos ilícitos que testimoniamos es tal que podemos afirmar que el país está sumido en una acción coordenada y dirigida desde arriba para implementar una estratégia política urdida para subvertir el Estado de Derecho y la soberania popular», declaró Samakuva .
Según el líder de UNITA ha habido actos constitutivos de crímenes electorales «concebidos, ordenados o practicados con dolo por titulares de cargos públicos y dirigentes políticos».
Crimenes previstos y punibles por la ley del Registo Electoral Oficial incluidos los de obstrucción de la atualización del registro de los ciudadanos violación de los deberes relativos al registo, recogida coercitiva de las tarjetas de votantes y acceso ilegítimo
Sobre esto último ha recordado que la ley considera acceso ilegítimo el acto de dar o poner a disposición a los que legalmente no tienen derecho a la información y a las redes que constituyen o alimentan las Bases de Datos de los Ciudadanos Maiores (BDCM), para alcanzar un benefício o una ventaja ilegítima
Declaró así mismo que se trata de una acción coordinada y dirigida por el actual Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, «para poner en práctica su estrategia política para subvertir el estado de derecho y la soberanía popular.»
«El Presidente de la República no puede ponerse en la posición de árbitro ni de garante de la imparcialidad del proceso, ya que no lo es. Él es parte del problema. Siendo él mismo el líder máximo de la entidad registradora , también es el más responsable de las violaciónes de la ley de la que el país es víctima «.
A su entender, la fiscalización de los partidos políticos, tal como está concebida, es mas una observación formal y está limitada a los actos de recogida de datos lo que no impide los actos de recogida forzosa de tarjetas de votación o la obstrucción del derecho de registro u otros actos ilícitos cometidos fuera de las oficinas de registro, explicó .
Por tanto, concluyó los partidos políticos no tienen poderes de verificación o de auditoria de los ficheiros que el ejecutivo hace ni poder para prevenir o detectar crimenes eleitorailes con los dadts que recoge .
Real Moz Moçambique
Fundación Sur
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