La semana pasada, Ruanda celebró el final y logros de los tribunales Gacaca, un enorme puente en el sistema judicial establecidos para juzgar a miles de sospechosos de haber participado en el genocidio de Ruanda de 1994. La narrativa oficial repetida por los portavoces del gobierno y los medios partisanos tanto nacionales como internacionales, es sobre los tremendos logros de este sistema de justicia basado en la comunidad, en términos de restitución y lucha contra la impunidad. Pero este sistema llevado a cabo bajo la atenta supervisión del actual régimen ha dejado tras de sí, una Ruanda más dividida, ya que sólo ha juzgado a cientos de miles de sospechosos de un grupo étnico sin el debido proceso justo.
El verdadero alcance de cómo esta justicia etiquetada por rutina ha seguido sin cumplir los estándares mínimos, ha sido puesto al descubierto por diferentes investigadores.
Muchas voces de dentro y fuera de Ruanda han lamentado semejante parodia judicial, (objetivos pre acordados, venganzas, corrupción) audiencias de los crímenes más atroces por parte de ciudadanos normales, sin formación legal alguna y la mayoría de ellos supervivientes del genocidio, que pronunciaban durísimas sentencias, largos periodos de trabajos comunitarios o privación de la propiedad contra los sospechosos, o sus enemigos personales, o miembros de la familia de criminales, torturadores, violadores, vecinos, etc. Los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por miembros del partido en el gobierno y su ejército, crímenes étnicos cometidos por este grupo que entonces era una rebelión [hoy es el gobierno], siguen siendo un tabú muy protegido.
Irónicamente, los funcionarios del gobierno afirman que tras este sistema judicial nunca antes visto, los ruandeses ya no se identifican a sí mismos como hutu, tutsi o twa.
El coste humano de esta injusticia es real. Miles de personas inocentes están cumpliendo largas condenas de cárcel, mientras que otros han preferido marcharse al exilio. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han descrito los Gacaca como una trampa y un fracaso.
En su amplio informe publicado el pasado 31 de mayo de 2011, “Ruanda: legado mezcla para los tribunales para el genocidio basados en la comunidad. Graves injusticias del Sistema judicial necesitan una revisión de los tribunales nacionales”, Human Right Watch, pone al descubierto los aspectos más preocupantes de esta tan mentada justicia única. El informe de 144 páginas, evalúa los logros de estos tribunales y esboza una serie de graves deficiencias en su trabajo, como la corrupción y las irregularidades de proceso. “Una de las irregularidades graves de los gacaca ha sido que no han podido brindar justicia a todas las víctimas de crímenes graves cometidos en 1994”, explicó Bekele. “Eliminando de su jurisdicción los crímenes cometidos por el FPR, el gobierno ha limitado el potencial de los gacaca para impulsar una reconciliación a largo plazo en Ruanda”.
El informe 2010 sobre derechos humanos de Amnistía Internacional dice de Ruanda: “Los tribunales gacaca, cuyos procesos no cumplen los estándares internacionales de un juicio justo, fueron acelerados con el objetivo de completar todos los casos pendientes antes de diciembre [de 2010]. La fecha límite del 31 de julio [de 2010] para nuevas acusaciones ante los gacaca fue ampliada en algunas zonas. Algunos juicios gacaca se vieron supuestamente enturbiados por acusaciones falsas, corrupción, y dificultades en llamar a los testigos de la defensa”.
La Comisión de la Unión Europea instó a Ruanda a mejorar los procedimientos de los Gacaca para dejar paso a la justicia y permitir que la representación legal y el derecho a los juicios de apelación.
Más del 90 % de los sospechosos juzgados ante los gacaca fueron condenados sin representación legal, violando el artículo 18 (3) de la actual constitución de la República de Ruanda. “El derecho a estar informado de la naturaleza y la causa de los cargos y el derecho a una defensa son absolutos a todos los niveles y grados de procesos ante cualquier órgano de toma de decisiones, ya sea administrativo, judicial de de cualquier otro orden”.
Muchos casos de juicios por motivaciones políticas fueron aprobados sin discusión por este procedimiento y hubo muchos casos de personas fallecidas muchos años antes de que tuviera lugar el genocidio. Por ejemplo, SOS Ruanda cita un caso del hermano del presidente asesinado Habyarimana, que fue condenado in absentia “por su participación activa en el genocidio” a pesar de que había muerto muchos años antes del genocidio. “El señor Melane Nzabakikante fue condenado por el gacaca de Rubaya, de haber participado en el genocidio de 1994. Fue encontrado culpable de robo de vacas durante el genocidio mientras que todo el mundo sabía que había muerto en 1989. Pero sus bienes deben ser vendidos para poder pagar unos 9 millones de francos ruandeses [unos 12.000 euros] en compensación a los afectados.
Los abusos y corrupciones masivos de los gacaca nunca han sido abordados adecuadamente.
Mientras que el gobierno del FPR celebra sus logros, miles de ruandeses todavía esperan que se haga justicia real.
(Comunicado de FDU-Inkingu, 14 de junio de 2012)
