El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está «preocupado» por las informaciones de torturas y desapariciones en Burundi. Sin embargo, el Consejo ignora la petición de las organizaciones de derechos humanos de imponer sanciones al país.
La declaración enviada por el Consejo de Seguridad de la ONU a iniciativa de Francia, se opone a las sanciones. El Consejo remarca que la seguridad de Burundi a nivel global es relativamente tranquila, pero también ha señalado su «alarma por el creciente número de refugiados que abandonan el país y por los informes de torturas y desapariciones forzadas.
La oposición apoya la proposición de un mediador para tratar la crisis burundesa y Benjamin Mkapa, antiguo primer ministro tanzano, convocó un encuentro extraordinario de los jefes de estado de la Comunidad de Estados de África del Este para promover el inicio de negociaciones entre el Gobierno y la oposición en Burundi.
Los miembros del Consejo llaman a los bandos en Burundi a «contribuir a una solución a la crisis» y a «detener las actividades que incluyen movimientos armados».
Los quince estados miembros también han exhortado al gobierno de Burundi a firmar un acuerdo con la Unión Africana para desplegar observadores de derechos humanos y expertos militares.
En julio, el Consejo de la ONU autorizó el despliegue de al menos 228 policías de las Naciones Unidas a Burundi para supervisar la seguridad y los derechos humanos, pero el gobierno de Burundi rechazó el despliegue de dicha fuerza.
En un informe enviado al Consejo el mes pasado, el Secretario General de las ONU, Antonio Guterres, se manifestó «muy preocupado» por las declaraciones del presidente burundés Pierre Nkurunziza, al sugerir que se podría presentar a un cuarto mandato.
Desde del comienzo de la crisis en abril del 2015, centenares de personas han sido asesinadas y 390.000 personas han salido de Burundi.
Fuente:Jeune Afrique
[Traducción y edición, Fernando Martín]
[Fundación Sur]
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