La nueva Ley de Seguridad y Defensa, que sustituye a la legislación promulgada hace 20 años, restringe el acceso de profesionales del Derecho extranjeros a algunos ámbitos institucionales. Los abogados que no hayan homologado su título en Angola, no podrán permanecer más de 30 días en los despachos angoleños donde median con instituciones de otros países.
Esto obliga a los clientes a trabajar con abogados autorizados para ejercer en el país, y restringe la capacidad de extranjeros para establecer “contacto directo con las instituciones de Angola».
La nueva legislación se justifica por la necesidad de actualizar la anterior, que estableció el «libre ejercicio de actividades de promoción como una profesión liberal y el principio de la auto-organización y la regulación por la Orden de la Asociación de Abogados de Angola».
Ahora se pretende aumentar el número de abogados en Angola, evitar «la práctica ilegal de la ley en el país» y eliminar la “competencia desleal».
LOS CASOS CONTRA EL ESTADO
La nueva Ley de Defensa, aprobada por el Parlamento y promulgada este mes por el Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, evita también que los diputados, los miembros de las fuerzas armadas o militarizadas, los miembros de los gabinetes de los órganos de la soberanía y ministeriales o los directores nacionales «ejerzan el patrocinio y la asistencia jurídica en casos contra el estado».
De esta manera, un abogado elegido miembro de la Asamblea Nacional tendrá prohibida la realización de procesos judiciales contra el Estado de Angola.
El título profesional de abogado está «reservado exclusivamente para los graduados en Derecho con la inscripción en vigor de la Asociación de Abogados de Angola», una actividad que está prohibida a gobernadores provinciales y vicegobernadores, ministros, funcionarios de los tribunales, la policía, los jueces y fiscales, el propio Presidente y vicepresidente de la República.
Angola Nueva
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