El pasado 30 de noviembre , la joven Medelin David se presentó en el Juzgado de Trujillo, donde confrontó cargos por la supuesta usurpación de un terrenos comunitario vendido de forma ilegal a un grupo de “inversionistas” canadienses.
La empresa CARIVIDA, aparentemente propiedad de Patrick Forseth, el que forma parte del grupo de canadienses que se apoderaron del territorio Garífiuna de la bahía de Trujillo, con la complicidad de las autoridades locales,
Al mismo tiempo que se daba inicio a una audiencia en la cual se prosigue a la Garífuna Medeline, la Policía Preventiva de Trujillo incendió una serie de casas en la recuperación efectuada por los garifunas en el 2012 en Río Grande.
El enorme conflicto social que se viene dando en la bahía de Trujillo, se agudiza desde el año 2008, cuando el empresario canadiense conocido como el Rey del Porno, inició una serie de compras ilegales de tierras, con el apoyo de la municipalidad de Santa Fe y Trujillo, amparado por patronatos ilegales impuestos desde las alcaldías, contando además con el contubernio de Instituto de la Propiedad.
La persecución judicial en contra de Medeline David por parte de los canadiense asociados a Randy Jorgensen, es consecuencia directa de la cuestionada Ley de Propiedad, promovida por el Banco Mundial (BM) a través del Proyecto de Administración de Tierras de Honduras (PATH), cuyo marco jurídico es la Ley de Propiedad (2004), la que en su artículo 100, da luz verde para que lo patronatos rescindan de la propiedad colectiva.
La OFRANEH realizó una consulta comunitaria en el año 2003, en la cual rechazó la individualización de la propiedad comunitaria, refrendada en los título definitivos otorgados por el estado de Honduras a partir del 1992, en los cuales está expresamente prohibida la venta de tierras a foráneos de la comunidad. La OFRANEH interpuso en el 2006, una petición ante el Panel de Inspección del BM, por la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada. Para el 2007, El Panel en su informe final indicó que el Estado violó dicho derecho.
Nuestra organización fue enfática en señalar como las comunidades Garífiunas serían atomizadas con la utilización del artículo 100, del Capitulo III de la Ley de Propiedad; situación que se viene desde hace más de una década, a través de desmembramientos inconsultos, utilizando desde las municipalidades, patronatos paralelos serviles y catastros municipales y finalmente el Instituto de la Propiedad.
En el caso de las ventas ilegales en Guadalupe, el Sr Patrick Forseth, aparente propietario empresa CARIVIDA, la que forma parte de la mafia de supuestos inversionistas, asociados con Randy Jorgensen, conocido como “el rey del porno”; compró parcelas dentro del título comunitario, entre ellos un predio donde existió un proyecto de turismo manejado por las mujeres Garífunas, el cual los pobladores de Guadalupe, se vieron obligados a abandonar a mediados de la década pasada, cuando bandas armadas provenientes de la comunidad de Betulia se dedicaron a asesinar a los Garìfuns de la zona.
CARAVIDA distribuyó alrededor de Lps 200,000 entre presidentes de patronatos paralelos, juez de Justicia y de Paz del municipio de Santa Fe, en abril de 2013. Las “donaciones” se dieron como aporte a las comunidades, sin que estas fueran notificadas de la “generosidad”de los canadienses los que adquirieron las tierras a precio de gallo muerto.
Como un hecho inusitado en Honduras, las fuerzas de seguridad tardaron para ejecutar las órdenes de captura en contra del la joven Medelin David, contrastando con los cuatros años que tarde el Rey del Porno en presentarse a los juzgados de Trujillo para responder un requerimiento fiscal emitido en diciembre de 2011.
Los testigos presentados el día de ayer por CARIVIDA, se contradijeron ante el juez, demostrando además su parcialidad hacia los canadienses, los que hasta la fecha han demostrado un comportamiento feudal y un enorme poder sobre municipalidades y operadores de justicia.
Hoy cinco de diciembre, el Juzgado de Trujillo emitirá una sentencia. En este caso no solamente se encuentra Medelin David en el banquillo de los acusados, sino que la existencia de la propiedad comunitaria es confrontada por una sistema de justicia que hasta la fecha desconoce el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
OFRANEH
Fundación Sur
