El Parlamento de Benín aprobó, el pasado octubre, una reforma de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. El nuevo texto, aprobado gracias a los esfuerzos de Claudine Prudencio, directora del Instituto Nacional de Mujeres, introdujo en la legislación ya existente nuevos supuestos para la interrupción voluntaria del embarazo.
Antes de la reforma, la interrupción voluntaria del embarazo no estaba penalizada únicamente en los supuestos de riesgo para la salud de la madre o el feto o de tratarse de un embarazo procedente de una violación o incesto. Sin embargo, gracias a la reforma introducida, las mujeres beninesas pueden ahora decidir terminar su embarazo si éste puede:
«agravar o causar una situación de peligro material, educativo, profesional o moral incompatible con el interés de la mujer y/o el bebé nonato«.
Indudablemente, este nuevo texto supone un gigantesco paso hacia delante en la consecución de la igualdad de las mujeres en Benín. La explícita puesta por escrito de la defensa de los derechos académicos, profesionales y económicos de las mujeres representa un avance institucional que no debe pasar desapercibido. Asimismo, más allá de las implicaciones socioculturales, la legalización de un abanico más real de supuestos por los que las mujeres pueden decidir terminar un embarazo, salvará la vida de muchas de ellas, ya que, a día de hoy, las muertes por abortos clandestinos suponen un 15 % de la mortalidad maternal.
No obstante, la reforma trajo consigo fuertes críticas. A la cabeza de ellas se encuentra la Conferencia Episcopal, quien ha recalcado su férreo desacuerdo con la ampliación de los supuestos en que las mujeres pueden abortar. Las posturas más religiosas del país equiparan el aborto al asesinato. Sin embargo, la reforma ya es una realidad. Así pues, la problemática se plantea respecto a la influencia de estas voces en la comunidad médica. Pese a que el Parlamento haya aprobado de manera efectiva la nueva ley, queda ver cuán influyentes serán las posturas adversas a ella y cómo impactarán sobre la comunidad médica y la objeción de conciencia.
Fuente: The Conversation – Ramatou Ouedraogo, La Nouvelle Tribune – Benjamin Lawson
[Traducción y edición, Araceli Guerrero García]
[CIDAF-UCM]
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