La condena el 17 de mayo de 2011 de un genocida ruandés y su liberación simultánea, revelan la escandalosa incapacidad del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) para juzgar en plazos razonables.
El TPIR condenó el 17 de mayo pasado a cuatro oficiales superiores del ex ejército ruandés por crímenes cometidos durante el genocidio de 1994. Ese juicio pone de relieve, por medio del caso del oficial de graduación más alta, el ex jefe de la gendarmería nacional, Auigustin Ndindiliyimana, uno de los defectos más embarazosos del tribunal de Arusha: su dificultad para impartir justicia en unos plazos razonables.
La primera paradoja reside en que este general es reconocido culpable de genocidio, aunque el tribunal reconozca igualmente “su apoyo consecuente a los acuerdos de paz de Arusha y a una resolución pacífica del conflicto entre las fuerzas gubernamentales y el FPR y su oposición a las masacres en Ruanda”. Dado que el genocidio se fundamente en “la intención de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, resulta difícil comprender cómo los jueces prueban a la vez la existencia de esta intención y su contrario. El veredicto pronunciado por los jueces extraña, tanto más cuanto que condenan al general Ndindiliyimana “al tiempo que ha pasado en detención desde su arresto en Bélgica el 29 de enero de 2000”. Si hacemos el cálculo, su condena es a una pena de 11 años, 3 meses y 19 días.
El jurista belga, profesor de derecho en la universidad de Amberes y citado con frecuencia como testigo experto por el TPIR, opina que “nunca se ha visto algo semejante; es algo chocante. No se le aplica una pena, sino la duración de la detención preventiva. No es serio”, por lo que “se trata de una especie de absolución oculta. Ndindiliyimana habría pasado el mismo tiempo en la cárcel si hubiera sido absuelto”. A partir del resumen de la sentencia, Reyntjens no logra determinar si el tribunal declara culpable o inocente a este general. “Los términos son muy vagos. Se habla de “mando limitado”, ni siquiera de responsabilidad técnica. Se le condena no por su responsabilidad sino por el hecho de que no castigó a sus subordinados”.
Cuando fue detenido en 2000, no se escondió. Disfrutaba de asilo político en Bélgica. Fue discretamente abordado por los investigadores del tribunal de Arusha, que solicitaron su colaboración. Sabía que sólo podía ser acusado, en tanto que responsable militar máximo. Reyntjens recuerda que se trata de “un militar profesional, elegido para el puesto porque es apolítico y se adhiere al proceso de paz de Arusha. Incluso el FPR lo considera tratable, puesto que después del genocidio se acerca para pedirle que participe en el nuevo poder”. Originario del sur de Ruanda, Ndindiliyimana fue nombrado a la cabeza de la gendarmería nacional en abril de 1992, cuando se puso en pie un gobierno de coalición en el marco de las conversaciones de paz. “No es un héroe, trató de limitar los daños – prosigue Reyntjens – No se opuso a las milicias. Pero, los pocos que lo intentaron fueron asesinados. ¿No haberse sacrificado puede ser considerado como culpabilidad?”. Definido a veces como dispuesto a hacer “carrera” o como “miedoso”, Ndindiliyimana participó efectivamente en el Comité de crisis que tomó las riendas del mando en el país a partir del 6 de abril de 1994 y luego no hará nada por impedir la tragedia.
Una decisión absurda
Después de dos años de deliberación sólo conocemos un resumen de la sentencia. Su abogado Christopher Black precisa que “sabemos que ha sido reconocido culpable por no haber disciplinado a los jóvenes milicianos. Los jueces dicen que tenía un mando limitado, que se opuso a las masacres, que apoyaba el proceso de paz. Esto no tiene sentido. Es la razón por la que digo que esta decisión es absurda”.
Ahora Ndindiliyimana está libre mientras sus tres compañeros coacusados en el proceso han sido condenados a pesadas penas y siguen en la cárcel. Ha sido un proceso que se asemeja a una pesadilla jurídica.
Algo inaceptable ha sido aceptado
Pero este proceso no es la excepción en el TPIR. Hay todavía 20 acusados que llevan más de 10 años en la cárcel. El mes que viene, en el procesamiento del grupo llamado de Butare, hay dos de los 6 acusados que comienzan su decimoséptimo año de cárcel, sin que se sepa si son culpables o inocentes de los cargos que se les imputan. Los otros 4 llevan 13 y 14 años encarcelados.
“Desde el punto de vista jurídico es intolerable y está en contradicción con las normas internacionales”, estima Antoine Garapon, director del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de París. “El problema está en saber cómo adaptar los instrumentos judiciales ordinarios a un crimen tan masivo. Los retrasos son imputables al mal funcionamiento, a la opción de juzgar a todo el mundo conjuntamente, al hecho de no poner límite a la detención preventiva”. Garapon evoca también el aislamiento del tribunal de Arusha, a menudo olvidado de los medios y de esa comunidad internacional que lo creó.
Las ONG promotoras de la justicia internacional se han abstenido hasta ahora de denunciar estas disfunciones. El abogado senegalés, Sidiki Kaba, presidente de la Federación internacional de las ligas de derechos humanos (FIDH) acepta sin embargo romper el silencio: “Con relación al proceso de los militares, se puede decir que su duración hace que no sea equitativo. En el caso del jefe de la gendarmería estamos ante una evidente disfunción. Se ha impartido justicia pero los derechos de los acusados no han sido respetados”. “Hay que alegrarse de que exista la justicia internacional, pero no debe tener los defectos de las justicias nacionales. Para que funcione es preciso que las víctimas, pero también los mismos acusados, tengan un sentimiento de justicia. No sería conveniente que pudiera decirse que estas justicias internacionales, además de ser caras y lejanas, violan los derechos de la defensa”. Según Sidiki Kaba, después de 17 años de la creación del TPIR y de pronto 10 años de la de la Corte Penal Internacional, “sería el momento de realizar una auditoría que emitiera recomendaciones que puedan conducir a tener jurisdicciones eficaces. La ONU podría nombrar un panel de juristas de alto nivel para saber si estos tribunales han satisfecho de verdad las necesidades de justicia”.
“Usted debería estar satisfecho con lo que tiene”
El abogado de Ndindiliyimana indica que los jueces han rechazado el 20 de mayo, el requerimiento de la fiscalía de liberarle de las estrictas condiciones que le prohíben salir de Arusha. Ha sido colocado en residencia protegida, situación en la también están tres personas absueltas por el tribunal. Entre ellas, el antiguo ministro André Ntagerura, que sigue sin encontrar un país de acogida, tras ser absuelto hace 7 años. Inocente, pero en libertad vigilada. Ndindiliyimana en teoría también está libre, aunque considerado culpable. No oculta su intención de regresar a Bélgica donde siguen residiendo miembros de su familia. “La cuestión hoy es saber si asume el riesgo de apelar para hacer valer su inocencia, ya que podría ser condenado a una pena más grave”, plantea el profesor Reyntjens. “No hemos tomado todavía una decisión sobre la apelación”, señala el abogado Black. “Esperamos a leer la sentencia. Algunos nos dicen ‘ustedes deberían contentarse con lo que tiene’, pero yo pienso que esta sentencia es muy débil y que habría que apelar. Esa será mi recomendación, pero la decisión será suya”.
Franck Petit
Fuente: Rwandinfo de Kayamibwa.
Traducción de Ramón Arozarena.
