Allan Ngari

Coordinador del Observatorio Regional de Delincuencia Organizada para África Occidental, proyecto ENACT, @issafrica, con experiencia en justicia transicional, lucha contra el terrorismo y derechos humanos.

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El comercio ilegal de piezas de arte está causando una pérdida catastrófica para Malí sin que se haya producido un solo enjuiciamiento por esta causa.

Malí es un país rico en patrimonio y piezas de arte culturales. Estatuillas de terracota y bronce, cuentas antiguas, manuscritos medievales y otros objetos arqueológicos de Djenné, Mopti y las áreas circundantes en el centro de Malí testimonian esta rica historia.

Sin embargo, según estiman los arqueólogos, el 90 % de lugares en Malí han sido saqueados y el comercio ilegal de piezas está muy extendido. "El valor subjetivo del arte hace que sea difícil decir cuánto vale todo", informa Julia Stanyard, analista en la Global Initiave Against Transnational Organized Crime.

En julio de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advirtió a los amantes del arte en países de mercado sobre una estafa de falsa certificación que involucra el comercio ilegal de antigüedades africanas. El fraude, valorado en un millón de euros, implicó la venta de piezas, incluidas las terracotas de Djenné, con falsos certificados que parecían estar autorizados por la UNESCO.

Esta estafa indica una organizada manera de saqueo y comercio de bienes culturales. Pero a pesar de la constante y catastrófica pérdida del patrimonio cultural colectivo del pueblo de Malí, existe poca información sobre este comercio ilícito.

El crimen organizado, el terrorismo y el crimen internacional son una impía trinidad de delitos que tienen lugar en Malí. El comercio ilegal de piezas de arte se lleva a cabo en un contexto de grave inseguridad en la región y en el propio Malí. Desde el estallido del conflicto en el país en 2012, las rutas de contrabando favorecen sus espacios no gobernados, con bienes, incluidas obras de arte culturales saqueadas, que transitan a través de Marruecos y Argelia hacia Europa y más allá.

Existe una cada vez mayor colaboración entre las redes del crimen organizado y los grupos extremistas violentos en Malí. Ambos se aprovechan de las tácticas y operaciones del otro así como del conflicto aumentando la inseguridad y oportunidades para la actividad delictiva en la región.

Investigar este robo generalizado es complejo. Cada tipo de artefacto tiene una ruta de tráfico y un mercado diferente, lo que requiere una estrategia diferente para identificar al perpetrador y abordar la cadena criminal involucrada en el contrabando y el comercio de esa pieza de arte. El Museo Nacional de Malí, la Diréction Nationale du Patrimoine Culturel (Dirección Nacional de Patrimonio Cultural) y los organismos encargados de hacer cumplir la ley son los más indicados para hacerlo. Estas organizaciones tienen el mandato legal de proteger los lugares arqueológicos, pero la inseguridad y su limitada capacidad han paralizado su trabajo. Es casi imposible que los funcionarios accedan a los sitios y la falta de financiación para crear conciencia en las comunidades locales obstaculiza sus mandatos de protección. Sería también casi imposible arrestar a los comerciantes ilegales de obras de arte culturales en Malí sin tener en cuenta otros delitos complejos.

La colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionada por los socios para el desarrollo, incluida la Organización Mundial de Aduanas y la UNESCO, han sido de gran ayuda. También se han establecido redes informales de autoridades culturales en África Occidental para identificar piezas de arte y distinguir antigüedades genuinas de baratijas en países de tránsito.

Una mayor presión del sistema judicial debería estar en el centro de una respuesta más amplia y completa. Sin embargo, si bien cualquier sistema de justicia penal que se enfrente a las complejidades de Malí tendría dificultades para investigar y enjuiciar esos casos, no ha habido en Malí un solo enjuiciamiento relacionado con el comercio ilegal de bienes culturales. Para los delincuentes involucrados en este negocio ilícito, esto significa un nivel de riesgo muy bajo y unas recompensas muy altas.

Cuatro problemas principales impiden que Malí ponga freno al comercio ilegal de piezas de arte culturales. En primer lugar, en una industria multimillonaria hay pocos elementos disuasorios para posibles delincuentes. La legislación nacionaliza los artefactos arqueológicos excavados, prohíbe las excavaciones realizadas por particulares y tipifica como delito el robo o la apropiación indebida de bienes culturales. Y aunque Malí ha incorporado la Convención sobre el Tráfico Ilícito de 1970 en su legislación nacional, los delitos solo conllevan sanciones administrativas.

En segundo lugar, hay poca claridad sobre lo que se considera patrimonio y piezas de arte culturales. Esto se aplica no solo a Malí, sino a toda la región de África Occidental. Las bases de datos, como la Base de Datos de Obras de Arte Robadas de INTERPOL, ayudan a identificar antigüedades, pero los conjuntos de datos de artefactos de África occidental están incompletos.

Una información completa y accesible permitiría a las autoridades, como los funcionarios de seguridad fronteriza, identificar piezas genuinas de arte. Este es un primer paso esencial para detener el flujo de antigüedades robadas del país. Sin embargo, la dificultad del acceso a los datos y su intercambio hacen complicada la información entre las diferentes agencias en el contexto actual.

El tercer problema es que el marco legislativo de Malí está aislado. Delincuencia organizada, delincuencia internacional y leyes contra el terrorismo rara vez se comunican entre sí. Como resultado, las respuestas de la justicia penal no logran desde el principio establecer vínculos entre los actores y su modus operandi.

Cuarto, el sistema judicial de Malí es relativamente débil. Pocas investigaciones efectivas dan como resultado exitosos enjuiciamientos por complejos delitos. Un indicador clave es que el gobierno de Malí remitió su propia situación a la Corte Penal Internacional en 2012. Esto condujo a la condena de Ahmad Al Faqi Al Mahdi por el crimen de guerra de la destrucción de lugares culturales y religiosos en Malí.

Para detener el tráfico ilícito del patrimonio cultural en Malí deben abordarse los problemas anteriormente mencionados. Dado que la atención de los medios se centra en las piezas de arte robadas del país, es el momento adecuado para crear conciencia sobre el problema en los países de destino y ejercer presión pública. Si se pierde esta oportunidad, se perderá también el resto del patrimonio único de Malí, una pérdida irrecuperable que puede ser imposible de restaurar.

Allan Ngari

Fuente: Institute for security Studies (ISS)

* Este artículo fue publicado por primera vez por el proyecto ENACT. ENACT está financiado por la Unión Europea (UE). El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y en ningún caso puede considerarse que refleja la posición de la UE.

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