Durante casi 3 décadas la estructura federal de Etiopía, consagrada en la Constitución de 1994, ha sido defendida por la coalición en el poder, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE). No es sorprendente que esta agrupación haya sido el principal partidario del modelo, ya que supervisó su creación e implementación. Además, una parte importante de las élites políticas de la oposición también apoyan este sistema y están convencidos de que favorece la promoción de los derechos colectivos al garantizar a los etíopes el derecho de autoadministración.
Pero la realidad es que esta estructura federal es el origen de muchos problemas en el país. Esto se debe, en primer lugar, a que está constituida siguiendo unos criterios étnicos, lo que deriva inevitablemente en problemas ya que la población de Etiopía, 108 millones de personas, se divide en más de 90 grupos étnicos, siendo los amhara y los oromo, que representan el 65% del total de los habitantes, los más numerosos
Antes de 1991 los grupos que se levantaron en armas contra el gobierno central de Etiopía y las élites políticas alegaron que existía una opresión étnica generalizada, lo que conllevaba discriminación. Si bien estas afirmaciones fueron inicialmente desacreditadas por la falta de pruebas concretas, cuando estos accedieron al poder y designaron una estructura escogieron seguir un criterio únicamente basado en la clasificación etnolingüística de la población. Tristemente, en una nación de más de 90 grupos étnicos este sistema resultó en animosidad y competición por conseguir más poder e influencia.
Debates acerca del sistema han estado presentes desde que el primer ministro Abiy Ahmed asumiese las funciones en abril de 2018. El Parlamento ha creado comisiones específicas para investigar algunos de los aspectos que están llevando al límite esta organización territorial. Las conclusiones señalan como necesarias la reconciliación nacional y la reorganización de las fronteras administrativas.
La creación de regiones que actúan como “cajas étnicas” ha resultado en una competencia feroz entre los grupos, lo que ha afectado a la seguridad y a la libertad de movimiento de la población general. Pese a la aparente voluntad por debatir y buscar soluciones, alcanzar el consenso político continúa apareciendo como una realidad utópica.
Están, por un lado, los que se oponen profundamente a renegociar el acuerdo actual. Otros creen que la estructura federal se impuso a través de una constitución acerca de la cual no fueron consultados. La mayor dificultad reside en que el sistema federal ha creado ganadores y perdedores. Por ejemplo, las élites amharas están convencidas de que este modelo les ha afectado negativamente, porque nunca tuvieron voz en su creación.
Las continuas tensiones alrededor de este problema demuestran que el diseño federal nunca tuvo en cuenta el deseo popular. Además, se ha utilizado para defender los intereses del partido en el poder.
Etiopía no es el único estado que se enfrenta al rompecabezas del federalismo. Incluso en países donde se considera un éxito, como en Estados Unidos, el sistema se enfrenta constantemente a desafíos. Pero los desacuerdos acerca de la estructura administrativa raramente derivan en crisis políticas que puedan poner en riesgo la unión nacional. Esto se debe a la relativa fuerza y a la independencia del poder judicial y al sistema funcional de controles y contrapesos.
Pero los retos que Etiopía aborda son más profundos. El país no tiene instituciones lo suficientemente fuertes como un sistema judicial independiente ni mecanismos socialmente aceptados para resolver conflictos. El defecto de forma del sistema federal etíope emerge desde el momento en que no se previeron las potenciales fuentes de conflicto derivadas de las aspiraciones de las diferentes regiones.
La confianza entre los estados nunca fue alta, y se ha ido deteriorando durante las últimas décadas. Encima de todo esto, la habilidad del gobierno federal para mitigar las disputas domésticas ha quedado en entredicho. Actualmente existen regiones cuyos líderes apenas colaboran con otras entidades. El gobierno central, en el ojo del huracán, es demasiado débil como para imponer su visión sobre el resto de administraciones regionales. El resultado es, por supuesto, la inexistencia de estándares nacionales en materia política y económica.
Esta disfunción ha provocado también que los niveles de desplazamiento interno aumentasen drásticamente, convirtiendo al país en el líder mundial en este aspecto. Sin embargo, el mayor problema del modelo ha sido posiblemente la falta de minorías. Etiopía tiene 9 estados regionales y dos ciudades que están bajo el control del gobierno federal. Cada región está administrada por un partido político étnico. Por tanto, las regiones territorial y demográficamente más importantes como Amhara, Oromia o Tigray están gobernadas por grupos políticos que forman parte de la coalición en el poder central.
?El resto de estados están económicamente subdesarrollados. Están liderados por grupos étnicos que no forman parte de la coalición dominante, y la fidelidad que declaran durante el correspondiente acto institucional es una falsa promesa de consenso nacional. Estas regiones son a menudo referidas como “en desarrollo”, y el gobierno central interfiere en los asuntos locales. Este lo justifica en la batalla contra la corrupción, la corrección de la incompetencia administrativa o en el castigo por el incumplimiento de las directrices marcadas desde el ejecutivo.
El gobierno federal de Etiopía ha relegado a las regiones minoritarias a un segundo lugar, lo que conlleva que sus ciudadanos son también de segunda clase. Por tanto, no existe un tablero igualado en el que los derechos constitucionales de todos los etíopes tienen el mismo peso.
La coalición en el poder ha anunciado recientemente la posibilidad de incluir partidos políticos de estas regiones olvidadas en la alianza. Pero mientras el diseño se mantenga, la realidad social, política y económica será la misma. Ya se perciben claros indicios de que algunas regiones están decididas a buscar la escisión. Por ejemplo, comunidades en la región del sur —que en su día fue considerada la pequeña Etiopía, como los sidamas y los wolaytas, están exigiendo la estadidad. Dos manifestaciones recientes muestran que incluso los tradicionalmente considerados defensores de la unidad nacional prefieren ya establecer sus propias países. La violencia entre estos dos grupos demuestra, además, que asegurar la paz y estabilidad en estas zonas es un desafío cada vez mayor.
El gobierno de Ahmed se enfrenta a un dilema para reconciliar a aquellos que apoyan la estructura federal de Etiopía y los que la perciben como una amenaza para su grupo y la nación. Llevar a cabo debates que faciliten la implementación de medidas correctivas que den poder a todos los grupos mientras refuerzan la unidad nacional está en última instancia relacionado con la supervivencia del estado. Encontrar un denominador común es una cuestión urgente.
Fuente: The Conversation
[Traducción y edición, Álvaro García López]
[Fundación Sur]
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