El 9 de marzo de 2011 se celebró en Kigali, Ruanda, la conferencia de presidentes de los parlamentos de la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL) en la que se adoptó un acuerdo de creación de una fuerza militar regional de la RDC, Ruanda y Burundi.
No es preciso señalar que esos dos países junto con Uganda participaron en el pillaje de los recursos del suelo y subsuelo de la RDC. Sus ejércitos cometieron crímenes de guerra, contra la humanidad y actos que podrían ser considerados como de genocidio en nuestro suelo. El informe Mapping, publicado en octubre, da testimonio de todo ello. Lógicamente nuestro parlamento debería haber estudiado este asunto y exigido la puesta en pie de tribunales para juzgar esos crímenes. Pero, desdichadamente, este parlamento alberga en su seno a algunos individuos que están involucrados en esos crímenes, por lo que tienen todo el interés en que mantener un sistema basado en la impunidad.
La creación de una fuerza militar regional (para la RDC, Ruanda y Burundi) se inscribe en este contexto de la mutua protección que se dan estos criminales. Se trata de una oficialización de la existencia de la infiltración de militares de esos dos países limítrofes, una confirmación de alianzas, al margen de cualquier exigencia de justicia y en nombre de la paz de los cementerios.
La creación de esta fuerza regional significa un desafío lanzado a los congoleños que siguen creyendo en la capacidad de las urnas para dar un vuelco a la situación. Interpela a todos sobre su conocimiento real de los envites que tiene ante sí el país. Es una señal que nos indica que el Congo está en el corazón de intereses geoestratégicos, neoeconómicos y geopolíticos muy serios. Obedece a la lógica del mantenimiento del equilibrio y de la estabilidad regionales. ¿Y eso qué quiere decir? La reconducción de Joseph Kabila a la cabeza del la RDC, lo mismo que la de los dictadores de Uganda, Ruanda y Burundi, empleado de las trans y multinacionales para garantizar el equilibrio regional. Este equilibrio exige que el Congo tenga permanentemente un poder débil, incapaz de asumir sus funciones de Estado, de garantizar los derechos de los ciudadanos. Para que el equilibrio sea estable es necesario que exista un ejército y una policía fuertes, bien formados y equipados. Y es el ejército ruandés, formado mayoritariamente por tutsi, el que es capaz de velar por la estabilidad. Ese ejército (una treintena de cuyos miembros forma parte de la guardia pretoriana de Kabila) implicado en crímenes desde 1996 y denunciado por el informe de la ONU.
Mientras tanto, en Kinshasa y en las provincias los partidos políticos y la sociedad civil se enredan en discusiones en torno a las elecciones y siguen confiando en una comunidad internacional para que financie el proceso electoral, sin comprender que esa comunidad internacional ha concebido el equilibrio regional que padecemos.
J.-P. Mbelu
(Resumen de un artículo aparecido en Congo Libre 23/03/2011)
Resumen y traducción de Ramón Arozarena.
