La fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que sus investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra no se verían afectadas por los planes de tres países africanos de retirarse de la corte y seguiría persiguiendo a los perpetradores de atrocidades.
Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, afirmó que seguiría adelante con la investigación preliminar en Burundi y que su trabajo contaba con el apoyo de más de 120 estados miembros.
Gambia, Sudáfrica y Burundi notificaron a las Naciones Unidas en octubre y noviembre sus planes de retirarse de la CPI. Estas retiradas entrarán en vigor un año después de la presentación la notificación. Hasta la fecha, nueve de las diez investigaciones del tribunal han sido en África y sus cinco sospechosos condenados son de República Democrática del Congo, República Centroafricana y Malí.
Bensouda, la también ex ministra de Justicia de Gambia, recordó que la corte comenzó su trabajo en 2002 con un abrumador apoyo africano que habían pedido la intervención de la CPI. Además, rechaza las acusaciones de prejuicios contra las naciones africanas, argumentando que muchos de los casos fueron presentados por los propios gobiernos africanos y que la CPI tiene otras 10 investigaciones preliminares en curso sobre presuntas atrocidades en Afganistán, Colombia, Georgia, Irak, Territorios Palestinos y Ucrania.
Rusia, que no es miembro del tribunal pero firmó su Estatuto de Roma, expresó este mes que retiraría su firma y Filipinas también está considerando la posibilidad de retirar su membrecía.
Ante las preocupaciones de la salida masiva de los estados miembros de la CPI, Bensouda manifestó que todos los demás estados habían renovado su compromiso con la corte, por tanto, tiene el poder de enjuiciar los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio.
La Corte Penal Internacional es un tribunal de último recurso, que sólo interviene en los países miembros cuando las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren enjuiciar las atrocidades masivas. Bensouda inició una investigación preliminar en Burundi en abril, tras la oleada de violencia política que mató a cientos de personas y forzó a otros cientos de miles a huir al extranjero. Por lo que a pesar de su manifiesto de retirarse de la CPI, podrá seguir siendo investigado hasta que el plazo de un año para la efectividad de su retirada culmine. Si durante ese tiempo, los fiscales determinan que los crímenes deben ser investigados formalmente, Burundi estaría obligado a cooperar con el tribunal.
CNBC AFRICA
(Traducción y edición: Marta de la Mata)
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