El presupuesto público, con los ingresos y los gastos, es el espejo donde se refleja las preferencias sociales y económicas de los gobiernos y las decisiones/elecciones que realizan para la ciudadanía. Es, por tanto, la expresión más importante y relevante de las preferencias políticas y económicas de un régimen político. Asimismo, es la herramienta que tiene un mayor impacto en la vida y la subsistencia diaria de la ciudadanía, en la forma de servicios públicos que proporciona el gobierno, los mecanismos de financiación de estos servicios y la distribución de las fuentes de financiación.
A pesar de su gran importancia, el presupuesto público en Egipto continúa siendo uno de los documentos más esquivos, incomprensible tanto para los ciudadanos normales, los especialistas y los no especialistas, dificultando, de este modo que la ciudadanía participe en la política económica pública. La falta de transparencia en el presupuesto no puede tratarse sólo como una grave violación de las reglas/leyes democráticas y del buen gobierno; conlleva graves problemas económicos y financieros relacionados con la expansión de la corrupción y el gasto, es decir, que el gasto público no está destinado a la mejora de vida de los ciudadanos. El conocimiento del presupuesto público no debería estar limitado a los expertos y especialistas.
Según instituciones internacionales y la experiencia internacional, la transparencia se define como la provisión de información de manera comprensible que facilita la participación. Las cifras no se consideran transparencia.
En defensa del derecho constitucional al conocimiento y la información, la Iniciativa Egipcia por los Derechos de la Persona (EIPR, por sus siglas en inglés) ha publicado un estudio titulado La transparencia presupuestaria: la necesidad económica ausente en Egipto. El estudio examina la importancia de aplicar inmediatamente los estándares internacionales para la transparencia presupuestaria mediante la provisión y la información disponible del gasto público y de los ingresos de forma simple y accesible a todos los ciudadanos. El estudio intenta alejarse del argumento de que la transparencia presupuestaria es un lujo democrático que no nos podemos permitir debido a las actuales condiciones políticas y de seguridad del país. En su lugar, el estudio aborda la transparencia presupuestaria por lo que es en realidad: una necesidad económica que no nos podemos permitir ignorar ante las crisis económicas sucesivas y continuas, como el aumento del déficit presupuestario, el crecimiento exponencial de la deuda pública y el grave impacto de estas circunstancias en muchas empresas de servicios con un gran efecto en los pobres.
A pesar de las excusas de los políticos, la transparencia en el presupuesto es incluso más necesaria desde el punto de vista de la economía y la gestión de los recursos en condiciones actuales, especialmente desde que se pide que los ciudadanos soporten medidas de austeridad sin saber lo que se ha gastado y cómo. Tampoco saben quiénes asumirán la carga del aumento de impuestos, y quién paga de su propio bolsillo. Los elementos del presupuesto en Egipto no se corresponden con objetivos claros del gasto público y no se pueden usar para responsabilizar al gobierno del derecho ciudadano a unos servicios públicos de buena calidad. No refleja la distribución geográfica del gasto público o las asignaciones máximas y mínimas de la estructura salarial del gobierno, creando oportunidades para el gasto, la corrupción y la ineficiencia. También viola los principios más simples subyacentes en el pacto social entre el estado y la ciudadanía.
A veces, se afirma que desarrollar las herramientas para la transparencia presupuestaria es un proceso que requiere muchos recursos, especialmente con los intentos actuales de reducir el gasto público. Sin embargo, el estudio examina varios estudios que indican que la transparencia conlleva el suministro de fondos y un uso más eficiente, siendo de este modo incluso más apropiado para tiempos de crisis. La prueba se encuentra en muchos estados parecidos a Egipto con los mismos, o incluso más bajos, niveles de ingresos, pero con niveles más altos de transparencia presupuestaria. Entre ellos, se incluye Uganda, que en el Índice de Transparencia Presupuestaria de 2012 obtuvo un 65 %, comparado con el 13 % de Egipto (1); aunque la media anual de ingresos per cápita en Uganda es de 571 dólares (menos de 50 dólares al mes), mientras que en Egipto la media mensual de ingresos per cápita es de 300 dólares.
Además de la falta de transparencia, existen otras entidades financieras fuera del presupuesto, como los fondos especiales que consisten en fondos públicos recaudados de los ciudadanos, incluso cuando estos no tienen acceso al control de su gasto o de sus objetivos. Hay agencias que no informan claramente a la ciudadanía de manera estandarizada sobre su relación con el tesoro público y sobre cómo los fondos se desvían y se extraen de ellos. Esto plantea muchos interrogantes sobre la gestión de los fondos públicos y, además, altera la relación entre el gobierno y los ciudadanos, especialmente ante políticas austeras cuya carga la soportan los pobres.
En La transparencia presupuestaria: la necesidad económica ausente en Egipto se demanda la supervisión política y social, así como el control de la contabilidad, de estas inciertas relaciones financieras. Según dice Reem Abdel Haliem, un investigador especializado en justicia económica de la Iniciativa Egipcia por los Derechos de la Persona (EIPR). «La transparencia no consiste en repetir de memoria una serie de números y datos sobre gastos e ingresos. Significa proporcionar información comprensible para los ciudadanos, que afecta sus vidas y exprese la apreciación estatal de la participación y el conocimiento ciudadano del proceso de decisión. Para que el presupuesto sea transparente, la sección de los salarios, por ejemplo, debe aclarar el salario de cada nivel ocupacional, la asignación individual en el presupuesto, y la razón para aumentos o reducciones. Los gastos deben estar relacionados con objetivos claros que la ciudadanía entienda para que el estado pueda ser el responsable.» Abdel Haliem escribió el artículo junto a Osama Diab, un investigador sobre corrupción en el EIPR.
El estudio concluye con una serie de recomendaciones centradas en la necesidad de que todos los aspectos del gasto público puedan estar sujetos a la supervisión, parlamentaria y popular, de la responsabilidad mediante la resolución seria del aumento de fondos y cuentas especiales; la restructuración del marco estatuario para obligar explícitamente a proveer de forma detallada y simple la información durante la preparación, adopción y revisión del presupuesto y demandar la supervisión presupuestaria; renunciar a la generalización extrema a la que acostumbraban los elementos presupuestarios; proporcionar información sobre el gasto en los niveles administrativos más básicos, especialmente en los suministros del servicio público que afecta a los ciudadanos, para asegurar una supervisión más eficiente; desarrollar herramientas de anticorrupción más eficientes; y mecanizar todas las transacciones financieras del gobierno para que sean más transparentes y aseguren una supervisión más estricta.
Iniciativa Egipcia para los Derechos de la Persona
Notas:
1.- El Índice de Transparencia Presupuestaria (Open Budget Index en inglés) es una encuesta y recopilación de datos que clasifica a los países en un ranking de 0 a 100 según distintos factores que miden su grado de transparencia. Los estados más transparentes serán los que se acerquen al 100 y los menos transparentes al 0.
