A pesar de las afirmaciones de quienes aseguran que el crecimiento de Zambia fue el resultado de una buena gobernanza, ahora nuestro problema es precisamente que no fue así. Todo lo contrarío, el país se ha convertido en uno de los más desiguales del mundo. A día de hoy, el 10% de los zambianos recibe el 52% del capital del país mientras que el 60% más pobre, entre una población de 16 millones de personas debe arreglárselas con el 12%
Zambia fue un niño de anuncio durante los 2000, la época de mayor crecimiento de África, cuando la economía del país crecía a un ritmo del 7% anual. Fueron tres cambios impulsados desde el exterior del continente los que hicieron que esta época de auge fuera posible: el alza en el precio de las materias primas provocada por el creciente apetito de China, el aumento de las ayudas junto con el alivio de la deuda y la capacidad de financiación de los gobiernos a través de nuevos emisiones de capital.
Ahora que han llegado tiempos más difíciles, sabemos que el crecimiento africano tuvo poco que ver con una buena gobernanza, ni tan siquiera con la visión de futuro y las medidas adoptadas por sus gobiernos. En el instante en el que el interés chino por el cobre disminuyó, el crecimiento de Zambia se desaceleró. Los efectos de esta desaceleración económica fueron a más por culpa de una política fiscal inconsistente y un gobierno derrochador. El crecimiento en 2015 pasó a ser tan sólo de un 2,9% y ni tan si quiera el 3,6% de 2014 fue suficiente para mantener los ingresos per cápita de aquel entonces y definitivamente insuficiente para generar el empleo necesario, especialmente para la gran masa de población juvenil que buscaba un trabajo.
La deuda que Zambia había conseguido saldar en 2006, es ahora de poco menos de 10 billones de dólares, o lo que es lo mismo, la mitad del producto interior bruto. Una buena parte de esta deuda contraída por el gobierno del Frente Patriótico (más de 3 mil millones en sólo cuatro años), que asumió el poder en el 2011, se ha empleado en aumentos salariales para los miembros de la administración pública. Los miembros de la administración consumen más de la mitad del presupuesto gubernamental y sus salarios han aumentado casi un 60% en términos reales bajo el gobierno del Frente Patriótico, ahora dirigido por Edgar Lungu.
Se estima que la deuda de Zambia asciende actualmente al 17% de los presupuestos totales del país para 2016, un 3% del PIB o 850 millones de dólares. Y hay un problema todavía más grande a la vuelta de la esquina. En 2022 vence el plazo establecido para pagar unos 750 millones de dólares, en 2024; para pagar un billón y, entre 2025 y 2027, para pagar 1.25 billones.
A pesar de las afirmaciones de quienes aseguran que el crecimiento de Zambia fue el resultado de una buena gobernanza, ahora nuestro problema es precisamente que no fue así. Todo lo contrarío, el país se ha convertido en uno de los más desiguales del mundo a medida que los ingresos creados durante la etapa de crecimiento fueron redistribuidos entre la élite de Lusaka.
A día de hoy, el 10% de los zambianos recibe el 52% del capital del país mientras que el 60% más pobre de entre una población de 16 millones de personas, debe arreglárselas con el 12%.
Ante la falta de ideas, el gobierno ha optado por eludir su responsabilidad y, en vez de tomar medidas políticas difíciles, ha preferido recurrir a métodos populistas de probada eficacia con los que exprimir a los inversores extranjeros y a comportarse como un depredador más que como un niño de anuncio.
Gran parte del reciente auge del país está basado en las nuevas inversiones realizadas en las minas del país tras la privatización de estas. Pero Lusaka sólo accedió a vender sus joyas de la corona cuando no había absolutamente ninguna otra alternativa.
En abril de 1968, el entonces presidente Kenneth Kaunda dio alas al nacionalismo al anunciar que el Estado tomaría el control de todas las empresas privadas de venta, transporte y manufactura. Posteriormente, el gobierno compró el 51% de las acciones de las empresas de minería Anglo American Corporation y Roan Selection Trust. En 1973, ambas compañías fueron nacionalizadas y transferidas al Zambia Consolidated Copper Mines (ZCCM). Ese año, las minas produjeron al menos 720.000 toneladas de cobre y crearon 48.000 puestos de trabajo.
Con el paso del tiempo, sin embargo, asfixiada por la mala gestión del Estado, la industria del cobre se derrumbó y, junto a ella, toda la economía. La producción del ZCCM cayó a 257.000 toneladas y sólo dio empleo a 21.000 personas mientras perdía un millón de dólares diario. La contribución de la minería a la economía cayó de un tercio de la producción total en 1973 a menos del 8% de la producción 30 años después. Durante el mismo periodo, la producción de cobre de Chile pasó de ser de menos de 700.000 toneladas a más de cinco millones.
En Zambia, desde la privatización del año 2000, las empresas mineras han aportado consistentemente el 80% de los ingresos asociados a exportaciones del país, el 12% del PIB y alrededor de un tercio de todos los ingresos fiscales. Se han invertido más de 10.000 millones de dólares en el sector, lo que supone más del 85% de toda la inversión extranjera yendo la mayoría del dinero a parar a Konkola, Monapi y las minas en Kankanshi de Sentinel y First Quantum.
La producción de cobre superó por primera vez el pico de los años 70 en el 2012. Como resultado, en contra de la percepción popular, el número de empleados en las minas es, después de las privatizaciones, mayor que durante la etapa en que estuvieron nacionalizadas. Actualmente son más de 50.000 empleados. Además, el gobierno ha disfrutado de entre un 10 y un 22 por ciento de la producción gracias a ZCCM Investment-Holdings con la que ha ganado no menos de 200 millones de dólares sólo con la mina de Kansanshi.
Aún así, a juzgar por sus acciones, pareciera que los sucesivos gobiernos de Zambia prefieren ver a la industria minera como a una delincuente con consentimiento para socavar al estado y despedazar a los zambianos.
First Quantum y ZCCM-IH han invertido más de dos billones y medio de dólares en la mina de Kansanshi. Ha habido años en los que, Kansanshi, por sí sola, ha sido responsable de hasta el 90% del impuesto de sociedades, sumando 3.7 billones de dólares hasta la fecha a este respecto. También ha invertido cerca de 200 millones de dólares en proyectos de responsabilidad social corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y educación. Los pagos de salario y electricidad han inyectado otros 50 millones de dólares mensuales a la economía zambiana gracias a minas que no existían en el 2000.
A cambio, tras la derogación por parte del gobierno anterior de los acuerdos de desarrollo más favorables para los inversores, Frist Quantum ha recibido el 80% de los dividendos declarados de Kansanshi por valor de 800 millones de dólares (y el ZCCM-IH 200 millones). Con sus 800 millones de dólares y respaldados por otros préstamos, First Quantum ha construido Sentinel a un coste de 2.300 millones de dólares. Sentinel sumará otras 300.000 toneladas de cobre y más de 4.000 puestos de trabajo a las 270.000 toneladas y 8.000 empleos que ya proporciona Kansanshi.
Ahora, ZCCM-IH ha emprendido acciones legales contra First Quantum (y amenaza con acciones similares contra otras compañías) en relación con los intereses sobre las ganancias retenidas en Kansanshi, a pesar de que estos se han reinvertido en la mina y en su fundición asociada. Dadas las ganancias de Kansanshi, es difícil pensar en alguna oportunidad mejor de inversión en Zambia.
Esta acción no servirá para animar a los directores de First Quantum a viajar a Zambia, ni mucho menos para atraer nuevos inversores, que siempre se fijan en el trato que reciben las empresas ya existentes en el país. Si bien el gobierno zambiano está desesperado por conseguir efectivo con el que mantenerse a flote, y puede que esto sea poco más que un truco de negociación, tratar a su inversor más importante de esta manera es exponerse a un gran riesgo.
Las consecuencias dependerán del próximo movimiento de Lusaka. A falta de nuevas ideas de desarrollo, no tiene por donde tirar. Esto les ha llevado a exprimir las fuentes ya existentes, como First Quantum, en lugar de recortar los gastos gubernamentales, fomentar el ahorro y aumentar la base económica, la inversión y el empleo.
Si no cambia nada, este es el camino a la ruina.
En parte, la tensa relación se debe, irónicamente, a la posición dominante de First Quantum en Zambia como primer productor de cobre. Las negociaciones con el Gobierno son una paradoja: necesitan más de First Quantum porque la empresa es el principal inversor y contribuyente del país, porque fija las carreteras y las líneas de admisión y provee a las comunidades locales. First Quantum no es sólo un recordatorio constante del fracaso del gobierno, al mismo tiempo, Lusaka necesita animar a la compañía a invertir más.
La pregunta que las empresas mineras se hacen es si es posible cambiar este rumbo cada vez más depredador y esquizofrénico que supone una amenaza más allá de Zambia a medida que los gobiernos africanos buscan respuestas para corregir en lugar de cambiar la naturaleza de sus economías políticas.
Los mineros y el gobierno han participado en varios intentos de diálogo, sobre todo a través del protocolo Zambeze. Estos procesos ofrecen transparencia y estabilidad política, pero corren el riesgo de caer en el cinismo y tientan a los políticos a evitar la toma de decisiones difíciles. La voluntad para cambiar de un sistema dependiente de empresas extractivas y de la búsqueda de rentas a uno donde el gobierno se siente cómodo dejando hacer a las empresas y permitiendo que el sector privado prospere es totalmente nula.
Si Lusaka de verdad cree que los horribles mineros extranjeros les están sangrando, arrancando su cobre de la tierra, entonces los intentos de diálogo son una farsa, como una reorganización de tumbonas en el Titanic. Una combinación de nostalgia fuera de lugar y una aparentemente ilimitada avaricia podrían, en este escenario, traducirse en que el gobierno vuelva a intentar dirigir los negocios.
Si la vía del diálogo fracasa, existen herramientas mucho más poderosas, pero infinitamente más peligrosas, de las que tirar. Por un lado, las compañías pueden manifestar su voluntad (o no) de seguir operando independientemente. Reducir cualquier inversión adicional conducirá inexorablemente a la disminución de los activos existentes y, con ello, a una caída en la producción –exactamente lo que sucedió con ZCCM, aunque por razones completamente diferentes. Esto conlleva el riesgo de que las minas lleguen a un punto de no retorno donde sus activos estén tan deteriorados que ya no se pueda hacer nada para arreglar la situación, por lo que el cierre sería inevitable. Congelar completamente la producción puede ser el único reajuste que el gobierno entienda, pero entonces ya sería demasiado tarde.
Greg Mills
Fuente: Daily Maverick
[Traducción y edición, Sarai de la Mata]
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