La esclavitud persiste en Mauritania

La cifra de esclavos en Mauritania es una de las más altas del mundo. Los esfuerzos que la nación ha realizado en las últimas décadas, tanto para desmantelar esta práctica institucionalizada, como para criminalizarla, siguen sin dar sus frutos. En 1981, Mauritania se convirtió en el último país en abolir la esclavitud de sus leyes mediante un decreto presidencial. Sin embargo, este decreto no consiguió eliminar la práctica en términos judiciales. En respuesta a la persistencia de la esclavitud, el Gobierno criminalizó la tenencia de esclavos en 2007. A pesar de ello, los esfuerzos legislativos han sido, en su mayoría, superficiales, y han estado enfocados a apaciguar las críticas provenientes del exterior. Así, el problema persiste, mientras el Estado continúa suprimiendo el movimiento abolicionista y fracasando tanto en la puesta en práctica como en la ejecución de las normas.

La complejidad que encierra la esclavitud en Mauritania dificulta el desarrollo de una legislación al respecto. Se trata de una práctica institucionalizada que no se puede simplificar en una dicotomía racial, ya que en ella intervienen aspectos de raza, ascendencia, religión, idioma y el estado ocupacional que se le supone a la persona.

El sistema de esclavitud mauritano está basado en la ascendencia matrilineal, que determina el estatus ocupacional de cada individuo. Así, las personas se agrupan en dos etnias principales: Haratin y Bidan. Erin Pettigrew, profesora de historia y estudios árabes en la universidad NYU Abu Dhabi, explicó en una entrevista que estas categorías «son estados heredados que designan si alguien es considerado genealógicamente como nacido libre, y de ascendencia árabe, o nacido esclavo, es decir, Haratin». En la sociedad mauritana, algunos Haratin quedan atrapados en un sistema de esclavitud de facto, que se centra en el trabajo doméstico y agrícola. El trabajo esclavo se encuentra integrado en la vida cotidiana de muchos hogares rurales. Pettigrew explica que «aunque [los Haratin] sean técnica y legalmente libres en la actualidad, todavía llevan consigo el estigma de haber nacido en una familia con ese linaje, que lleva asociada esa identidad ocupacional». La jerarquía social establecida guía las políticas modernas y fomenta los obstáculos legales que oprimen de forma clara a los Haratin.

El fracaso del Estado en abordar esta violación tan severa de los derechos humanos es doble, y se manifiesta tanto a nivel administrativo, como a nivel de la sociedad civil. En muchas ocasiones, las autoridades administrativas y aquellas encargadas de hacer cumplir las leyes, incluido el sistema de justicia penal, no aplican la legislación destinada a criminalizar la esclavitud. Existen tres instituciones responsables de hacer cumplir la Ley sobre Esclavitud de 2007: la policía, los fiscales y la judicatura. Aunque la policía sea el actor encargado de identificar la criminalidad en el terreno, son las organizaciones externas, como los partidos políticos o los grupos abolicionistas, los que normalmente llevan los casos de esclavitud ante las autoridades. A pesar de las quejas que se han presentado respecto a este asunto, las respuestas de los funcionarios no suelen ser adecuadas. Normalmente, a las denuncias no les sigue una investigación, y, a menudo, la policía no informa de las acusaciones penales a los fiscales. Además, hay casos documentados de intimidación policial a los demandantes haratin para que guarden silencio.

Sarah Mathewson, directora del programa africano de la ONG Anti-Slavery International, hace hincapié en el fracaso institucional: «En muchas ocasiones, las autoridades, y en concreto la policía, no toman medidas tras haber sido informadas sobre casos de esclavitud y alegan que el lugar al que se refiere la denuncia es inaccesible o queda muy lejos”. Además, cuando sí se llevan a cabo investigaciones, generalmente se componen de reuniones de las víctimas y sus presuntos dueños, lo que requiere la presencia de los dos en el mismo lugar y crea una situación de enorme presión sobre la parte vulnerable». Además, Mathewson explica que, aun cuando se toman medidas, el Estado logra eludir la legislación aplicable a la esclavitud: «Los casos que se llevan ante las autoridades no se tratan como crímenes de esclavitud, para los que se aplica la Ley de 2007, sino que se reclasifican como otros menos graves, como situaciones de conflicto laboral o explotación de menores”.

Además, la falta de imparcialidad de la policía, consecuencia de la jerarquía social arraigada en Mauritania, también se deja ver en los niveles subsiguientes del proceso judicial. Los casos que consiguen superar la fase judicial inicial pasan a manos de las autoridades fiscales, que en ocasiones son el origen de situaciones como la desestimación de casos por falta de fundamento, el encubrimiento de información sobre el proceso judicial a la parte denunciante y el retraso de los procesos burocráticos con la intención de suspender la investigación en curso. Cuando se denuncia un caso de esclavitud, puede que este sea desestimado o cerrado sin motivos razonables para hacerlo. Además, el fiscal tiene la obligación legal de asegurar una investigación fiable a los denunciantes y ofrecerles alternativas por la vía civil si el sistema de justicia penal rechaza su caso. Sin embargo, se han registrado obstrucciones de la justicia deliberadas por parte de los fiscales, que no han cumplido ninguna de estas obligaciones.

La diferencia social que existe entre los Haratin y los Bidhan también alcanza los tribunales, en los que la credibilidad de los testigos de la etnia Bidhan es mayor que la de los testigos de la etnia Haratin. Este desequilibrio entre la validez de los testimonios, ya sea intencional o no, aumenta las probabilidades de negligencias en el proceso.

A pesar de los obstáculos significativos existentes en el proceso judicial, es posible que en algunas ocasiones se consiga escalar los abruptos picos de la parcialidad hasta llegar a la judicatura. Sin embargo, también en este nivel, la justicia puede retrasar, suspender y cerrar casos sin motivos razonables. Así, cuando las tres ramas del proceso judicial (la policía, la fiscalía y los jueces) se combinan para evitar la aplicación de las leyes existentes, el resultado es una negación de facto de la legislación abolicionista.

Desde que se aprobó la Ley de 2007, solo se ha enjuiciado a dos dueños de esclavos. Ambos casos se consideran emblemáticos en Mauritania. El escaso éxito judicial revela una falta de compromiso con la legislación antiesclavista por parte del Estado. Además, más allá del fracaso legislativo y judicial en la consecución de la abolición, el Estado también ha abordado el tema de la esclavitud a nivel de la sociedad civil. A medida que el movimiento abolicionista mauritano ha ganado popularidad gracias a organizaciones políticas, como la Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA) y SOS-Esclaves, el Estado ha tratado de sofocar la creciente influencia que tienen los activistas.

Los grupos que se denominan a sí mismos antiesclavistas, que pretenden defender los derechos de las personas en situación de esclavitud, divulgar la realidad de la esclavitud en Mauritania y exigir al Gobierno que se haga responsable de la defensa de los derechos humanos básicos han sido prohibidos o no han sido considerados legales. Además, el Gobierno ha respondido a la expansión de estos grupos «ilegítimos» encarcelando a líderes activistas y denunciando las acciones de los manifestantes.

Biram Dah Abeid quizá sea el activista más famoso. El ganador del Premio de los Derechos Humanos de la ONU en 2013 y fundador del IRA ha sido arrestado tres veces en la última década mientras protestaba. Durante su arresto más reciente, en 2012, el presidente Mohamed Ould Abdel Aziz pidió su ejecución. Tras concedérsele la libertad bajo fianza, la experiencia de Abeid como activista a favor de la abolición sigue representando el problema de la esclavitud en el país.

Aunque que el Gobierno respalde públicamente la abolición de la esclavitud y prometa llevar a cabo acciones para suprimirla en todas sus formas, son dentro de esas mismas instituciones estatales donde se protege esta práctica. Los esfuerzos de las entidades no gubernamentales para lograr la abolición se ven limitados y castigados por unas instituciones que no aplican ni ponen en práctica la legislación que afirman respaldar.

Madeline de Figueiredo

Fuente: World Policy Blog

[Traducción, Elvira Vara]

[Fundación Sur]

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