Después del golpe de estado en Zimbabue, demasiados gobiernos se apresuraron a aceptar al nuevo presidente, Emmerson Mnangagwa, como reformador y en gran medida ignoraron la naturaleza del propio golpe. Sin embargo, lo que nos ha mostrado es un estado profundamente militarizado, enredado con la política de partidos.
Hubo mucha alegría en las calles cuando el expresidente, Robert Mugabe, fundador y miembro de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico o ZANU-PF, fue retirado del poder en 2017 después de 37 años de gobierno. De repente, en un momento de euforia, las imágenes de los ciudadanos que celebraban el gran cambio junto con el personal del ejército se difundieron por todo el mundo como si el papel de los militares en el país hubiera sido olvidado.
La percepción de la gente en la calle era clara, las cosas cambiarían para mejor después de años de gobierno que solo buscaban beneficiar a los que estaban en el poder y a los partidarios que los mantenían allí. Después de más de un año, ahora estamos presenciando una crisis en Zimbabue, una que no es ni nueva ni inesperada, sino más bien latente y visible. Las protestas actuales por las terribles condiciones económicas han sufrido violentas represiones y apagones de Internet implementados por un gobierno en crisis. El asesinato, la violación, la violencia política y la intimidación se encuentran entre los muchos abusos contra los derechos humanos que las fuerzas de seguridad de Zimbabwe están infligiendo a los ciudadanos. Esta crisis se ha visto facilitada por una cultura tóxica de liderazgo en la que la política de partidos, los militares y el estado se han entrelazado de tal manera que es difícil distinguirlos.
El golpe nos mostró la dinámica de las relaciones entre las figuras públicas y los militares que aseguran sus intereses. Estos intereses son simplemente la captura del poder público y la producción económica al mismo tiempo que dan la impresión de un gobierno incompetente. Las amenazas percibidas contra estos intereses y las violentas represiones han sido institucionalizadas por los que están en el poder y se asimilan a los casi 40 años de gobierno de Zanu-PF.
Los problemas económicos que enfrenta Zimbabue hoy en día están siendo expuestos a medida que el gobierno pierde cada vez más control sobre sus estructuras. La escasez de productos básicos, las deudas (la deuda interna ahora es de 9.500.000.000 de dólares), la hiperinflación y el gasto excesivo del gobierno son solo algunos de los temas críticos con los que el país debe lidiar, de lo contrario, el colapso económico será inevitable. El presidente Mnangagwa prometió arreglar una economía agonizante después de tomar el poder, pero lo que siguió fue una serie de decisiones extrañas y sin rumbo que simplemente agregaron combustible al fuego.
Se ha demostrado que las instituciones estatales de Zimbabue juegan fuera de los procesos oficiales y benefician a los objetivos políticos y militares de la clase dominante. Zanu-PF y los militares han definido de manera efectiva todo el sistema de gobierno y su relación con sus ciudadanos, lo que lleva a una cohesión social inexistente y poca capacidad para brindar servicios básicos. Al definir el sistema, la elite gobernante ha asegurado sus intereses financieros en casi todos los resultados económicos que el país tiene para ofrecer. Esta elite gobernante no muestra indicios de facilitar la transformación económica o la democracia multipartidista, en cambio, vemos una configuración predatoria de las estructuras sociales con el propósito de acumular poder y riqueza personal. Esta forma tóxica de gobierno no puede ser reformulada o renegociada, de hecho, debe ser desmantelada hasta su núcleo para permitir la creación de un nuevo sistema social y las estructuras sociales y económicas posteriores.
Cormac Smith
* Cormac Smith es un diretivo de Investigación y Defensa de la Oficina de Intermediación de África del Sur (SALO).
Fuente: Dailymaverick.co.za
[Edición y traducción, Judit Serra Ballester]
Fundación Sur]
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