El gobierno de Nigeria ha tomado una variedad de medidas para controlar la propagación del nuevo coronavirus, incluidas las restricciones de movilidad que están siendo aplicadas por las fuerzas del orden y los militares.
Aunque ha aumentado la cooperación entre la policía y otras instituciones, como resultado de la aplicación del confinamiento también han aumentado los desafíos existentes en torno a abusos de derechos humanos y la corrupción burocrática dentro de estas instituciones estatales.
En abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que los agentes de seguridad habían matado a 18 personas durante las dos primeras semanas de confinamiento. Estas muertes fueron más numerosas que las ocasionadas por la COVID-19 hasta ese momento a nivel nacional. El informe señalaba el excesivo uso de fuerza por parte de los agentes.
La policía y el ejército han sido acusados también de sacar provecho del confinamiento al aceptar sobornos de motoristas a cambio del libre paso en los puntos de control.
En medio de la pandemia, el crimen organizado ha ido en aumento. La Agencia Nacional de Aplicación de la Ley de Drogas de Nigeria sigue arrestando a narcotraficantes que han continuado sus operaciones a pesar del confinamiento. Los agentes de seguridad que han convertido los puestos de control en fuentes de dinero en efectivo proporcionan una pista de cómo sucedió ésto. Han aumentado también los delitos cibernéticos a través de la venta en línea de falsos productos médicos.
En abril de 2020, el jefe de Policía de Nigeria tuvo que colocar la unidad INTERPOL en el país en alerta roja debido al aumento del crimen organizado. Esto se suma a la ya peligrosa situación: Nigeria encabeza el índice 2019 de crimen organizado para África, publicado por el programa panafricano ENACT: Mejorando la respuesta de África al crimen organizado transnacional.
La corrupción en los organismos encargados de hacer cumplir la ley exacerba aún más la situación.
En 2017, el Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil (CISLAC), a través del departamento nacional de Transparencia Internacional en Nigeria, realizó una evaluación de tres instituciones de justicia penal en Nigeria: la Policía de Nigeria, la Agencia Nacional de Control de Drogas y el Tribunal Federal Superior.
Entre los desafíos descubiertos se encontraba la ausencia de canales efectivos de denuncia. Donde existían estos canales de quejas, había poca o nula conciencia pública de ellos.
Desde 2017, la policía nigeriana ha mejorado notablemente en esta área, a través de diversas intervenciones como la Unidad de Respuesta a Quejas (CRU) de las Fuerzas del Estado que ha ayudado a abordar la mala conducta de la policía. La unidad ha desplegado varias herramientas tecnológicas en el manejo de denuncias y, según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) y la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU (UNODC), ha contribuido a una disminución en la aceptación de sobornos por parte de miembros de la policía de aproximadamente del 46 %to en 2017 al 33 % en 2019.
No obstante, la policía tiene todavía la prevalencia más alta de sobornos reportada en la encuesta, una estadística confirmada por el Barómetro Global de la Corrupción para África de Transparency International. La policía necesita evidentemente hacer más para garantizar la rendición de cuentas.
Cuando se trata de denunciar prácticas corruptas en general, existe un común sentimiento de impotencia y desesperanza entre los ciudadanos. Según la encuesta de NBS-UNODC de 2019, sólo el 3,6 % de los ciudadanos informaron de su último pago de soborno a una institución oficial capaz de realizar una investigación y de hacer un seguimiento y actuar sobre ese informe. De este número, el 51 % de los que informaron un incidente de soborno, o al no experimentar seguimiento, se desanimaron a seguir denunciando o sufrieron consecuencias negativas. El 35 % de los que no denunciaron consideraron el soborno una práctica común, mientras que el 28 % consideró que denunciar no tenía sentido y que a nadie le importaría.
Uno sólo puede preguntarse cuánto peor sería el resultado de una encuesta de este tipo hoy en día, considerando las restricciones al movimiento que han obstaculizado la capacidad de los ciudadanos para presentar denuncias y hacer un seguimiento de las prácticas corruptas.
La COVID-19 está trayendo un hecho a nuestra puerta: los ciudadanos deberían poder denunciar fácilmente la mala conducta de los funcionarios desde la comodidad de sus hogares. Es esencial para todas las instituciones en Nigeria, especialmente en las áreas propensas a la corrupción de la aplicación de la ley y seguridad, tomar lecciones de la CRU y establecer canales que permitan a los ciudadanos presentar sus denuncias.
Es también necesario que estas instituciones se aseguren de que estas denuncias sean tenidas en cuenta y que los ciudadanos que presenten estas quejas reciban respuesta. Esto reforzará en los ciudadanos la confianza y el sentido de propiedad de las instituciones públicas.
Samuel Asimi
Fuente: Transparency International
[Fundación Sur]
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