“Mubadala Investment Company, un fondo soberano de Abu Dhabi cuya junta incluye a Sheikh Mansour, propietario del Manchester City, se ha unido a un grupo de poderosos fondos de inver-sión (HSBC y Standard Life entre otros) que demandan al grupo FTSE100 Glencore, tras haber sido condenado éste por soborno en Estados Unidos y Gran Bretaña”. Lo que me atrajo de la noticia, el pasado 5 de noviembre en “thisismoney.co.uk”, una página web del Daily Mail, fue la refe-rencia al Manchester United, un anzuelo probablemente intencionado de Luke Barr, autor del artículo. El Daily Mail es un tabloide de centro derecha, un tanto populista, con una tirada de casi un millón y medio de ejemplares. Y como dijo allá por los años 1990 el clérigo inglés Basil Hume, tres “eses” interesan sobremanera a los ingleses, “shoping, sex and sport” (compras, sexo y deporte). Normal pues que la noticia mencionara que el propietario del Manchester United, Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, miembro de la familia gobernante de Abu Dabi, se había unido con otros inversores que, para recuperar su dinero, quieren hacer leña del árbol caído que es ahora Glencore.
Glencore, multinacional con sede en Suiza, se presenta como la principal empresa privada de-dicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo. Cuenta con más de 190.000 empleados y tiene activos en 30 países. Su rama inglesa, Glencore Energy UK Ltd., se ocupa principalmente de la compra y distribución de petróleo, gas y minerales, con una atención particular, aunque no exclusiva, en el continente africano. En 2018 las autoridades norteamericanas comenzaron a investigar posibles actos de soborno y corrupción en siete países por parte de Glencore. La Oficina Británica contra el Fraude (SFO, Serious Fraud Office) hizo lo mismo a partir de 2019. A finales de mayo de este año en Estados Unidos, y a comienzos de junio en Londres, Glencore se declaró culpable de haber manipulado el mercado del petróleo en los Estados Unidos y haber sobornado a diversos responsables y autoridades de Brasil y Venezuela, así como a responsables de empresas petrolíferas de la República Democrática del Congo (RDC), Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Sudán del Sur. Todo ello entre 2011 y 2016. Glencore admitió que el montante de los sobornos superaba los 100 millones de dólares y que en febrero había puesto de lado otros 1.500 millones de dólares para cubrir en Gran Bretaña, Estados Unidos y Brasil las futuras multas y pérdidas causadas. Ya en mayo, el Fiscal general estadounidense declaró que Glencore había aceptado compensar con 1.100 millones de dólares las secuelas de una década de sobornos. Por su parte Glencore anunció que iba a compensar con 40 millones el daño causado por los fraudes cometidos en Brasil, especialmente a la compañía nacional Petrobras. Este 3 de noviembre, un tribunal británico ha condenado a Glencore a pagar, como penalización por sus sobornos para obtener acceso privilegiado al petróleo de cinco países de África, una multa de 182 millones de libras esternlinas (Unos 206 millones de euros), una orden de decomiso de 93 millones libras (unos 106 millones de euros) equivalente al beneficio obtenido gracias a los sobornos, y los costos de investigación y procesamiento de la SFO, 4 millones de libras (casi 5 millones de euros). Al pronunciar su sentencia, Peter Fraser, juez del tribunal de Southwark, insistió en que la corrupción en Glencore había sido endémica, prolongada durante siete años, y que el soborno “se admitía como parte de la manera de hacer negocios de su oficina encargada de África Occidental«. El pasado 7 de noviembre, en la página web de la revista australiana Baird Maritime, Hyeronimus Bosch citaba otras palabras del mismo juez: La multa de Glencore debía ser “lo suficientemente grande como para tener un impacto financiero… de lo contrario, existe el riesgo de que empresas como Glencore vean las sanciones por soborno como… simplemente un costo adicional potencial de hacer negocios”. Leyendo esas palabras, casi nos viene la risa. Y es que, como escribía, Julia Kollewe en The Guardian el 21 de junio, los 1.500 millones de dólares que Glencore había puesto de lado para cubrirse, eran bien poco comparados con los 4.000 millones de dólares que Glencore pensaba repartir entre sus accionistas. Se diría que la corrupción sigue siendo rentable.
En Baird Maritime, Hyeronimus Bosch se preguntaba “¿Qué nos dice la condena de Glencore sobre la corrupción y el soborno en el mundo del petróleo y el gas?” Y el titular resumía: “Los accionistas pagan, los individuos escapan a la pena”. Naturalmente todo es relativo, y si un montón de sociedades han denunciado a Glencore, es porque ha bajado el valor de sus acciones, y no porque Glencore esté en bancarrota. Dado los montantes involucrados, los accionistas apenas si pierden, y denunciando a Glencore parece como si ellos no fueran responsables de los delitos de una sociedad en la que en algún modo también ellos son coproprietarios. Preocupa igualmente la aparente imposibilidad de denunciar y condenar a los representantes de Glencore que pagaron sobornos o a los directivos y políticos que los recibieron y, a menudo, exigieron. Entre los dirigentes de Glencore, antiguos como actuales, algunos declaran no haber estado al corriente de lo que ocurría. Otros declinan todo comentario. La excepción ha sido Anthony Stimler, que tras haber pagado sobornos millonarios a funcionarios y dirigentes, dejó Glencore en 2019 y ha estado cooperando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se encuentra en libertad bajo fianza en el Reino Unido y espera sentencia en 2023. Kalidas Madhavpeddi, desde Agosto de 2021nuevo Presidente de Glencore, declaró en mayo que “Glencore no es hoy la compañía que era cuando ocurrieron las prácticas inaceptables resultado de una mala conducta”, y que, de todos modos, él no estaba cuando ocurrieron los delitos.
Por otra parte, tal como lo expusieron Lydia Namubiru, Assad Mugenyi, Pelumi Salako y Clifford Tankeng en el sudafricano Mail&Guardian el pasado 14 de julio, “Los gobiernos africanos callan después de que Glencore se haya confesado culpable de corrupción”. No es del todo exacto. En una nota del pasado 19 de julio, la Agencia Anticorrupción del Camerún, declaró que estaba investigando los sobornos llevados a cabo por Glencore en el país. Pero no ha publicado todavía ningún resultado. Teóricamente, la situación debiera ser más clara en el caso de Nigeria, ya que su gobierno se declaró ante el tribunal británico como “víctima de la actividad delictiva de Glencore, ya que dos de los cargos de los que Glencore se había declarado culpable estaban relacionados con pagos realizados entre 2010 y 2015 a oficiales de la Nigerian National Petroleum Company (NNPC)”. Tampoco las autoridades nigerianas han dado nombres. Pero Christian Berthelsen, Javier Blas and Bob Van Voris, en un artículo publicado en Bloomberg News el 14 de septiembre, “Corrupt Oil Trader Turns On Colleagues in Massive Africa Bribe Case” (Comerciante de petróleo corrupto se vuelve contra sus colegas en un caso de soborno masivo en África), apuntaban nada menos que a Diezani K. Alison-Madueke, ministra de petróleo entre 2010 y 2015, y la primera mujer presidenta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se leía lo siguiente en uno de los párrafos del artículo: “En 2017, los fiscales del Equipo de Cleptocracia del Departamento de Justicia presentaron un caso en Houston para confiscar casi 145 millones de dólares en activos, incluido un yate de 80 millones llamado Galactica Star, un apartamento de 50 millones en Nueva York y casas en California, que, según dijeron, habían sido compradas en beneficio de la ministra de petróleo de Nigeria Diezani Alison-Madueke con fondos malversados”.
Ramón Echeverría
[CIDAF-UCM]
