La Comisión de Exteriores del Senado español ha aprobado el día 16 de febrero de 2011, por unanimidad una moción presentada por el senador popular por Córdoba, Jesús Aguirre, tras la incorporación de una enmienda de CIU, para impulsar la propuesta debatida por los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Diciembre de 2008, de enviar tropas en misión de estabilización y de seguridad a la República Democrática del Congo y a determinar la contribución que haría España a dicha misión”.
La moción defendida por Aguirre, solicita también al Ejecutivo Español que incluya entre las prioridades en la cooperación española al desarrollo la ayuda a las personas afectadas o desplazadas por los enfrentamientos armados en el Congo y en la Republica Centroafricana y a impulsar esta prioridad en el marco de la Unión Europea.
Además, la iniciativa insta al Gobierno de España a “plantear, en el marco de la Unión Europea, la necesidad de reclamar de las empresas implicadas en la explotación, manufacturación y utilización de las riquezas mineras en la zona del Kivu, una mayor responsabilidad social corporativa en el desarrollo de su actividad, especialmente en lo referente al trabajo de menores y una mayor contribución al desarrollo sostenible de la región”.
La enmienda introducida por CIU hace referencia a los españoles fallecidos en Ruanda y Burundi.
Jesús Aguirre destacó que, “aparte del tremendo dolor de las personas afectadas, estos ataques están provocando grandes problemas económicos y demográficos a una región ya castigada económicamente y abandonada política y humanitariamente”; y ante todo esto la respuesta internacional está siendo “tímida” y no hay muchas ONG ni medios de comunicación que se estén haciendo eco de esta situación.
El senador también Jesús Aguirre ha afirmado que la Unión Europea, a la que pertenecen las antiguas potencias coloniales de la zona, “tiene la obligación moral de intervenir, en la medida de sus posibilidades, para intentar poner fin a una situación de genocidio y de violación de los derechos humanos que dura ya muchos años y que perjudica muy gravemente las posibilidades de desarrollo económico y social de la región; y España no debe quedar al margen de ese objetivo”.
(Nota de prensa del Senado, 16-02-11)
