Los atentados de Kampala probablemente significarán más operaciones antiterroristas, más abusos de derechos humanos y más apoyo de donantes al régimen de Museveni.
En las últimas semanas, la capital de Uganda, Kampala, se ha visto conmocionada por varios ataques con bombas. El más reciente se produjo el 16 de noviembre, cuando un trío de atacantes suicidas, uno fuera del cuartel general de la policía y dos cerca del parlamento, mataron a cuatro personas e hirieron a decenas más.
El gobierno de Uganda ha culpado de los atentados a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que Estados Unidos calificó recientemente como organización terrorista. El llamado Estado Islámico, que considera a la ADF como una afiliada, se ha atribuido la responsabilidad de algunos de los ataques.
Esta serie de ataques es devastadora para los residentes de Kampala, pero también podría tener profundas consecuencias geopolíticas. Significa que probablemente veremos un renovado estímulo para actividades antiterroristas en Uganda, que se ha convertido en un socio central en la “Guerra contra el terrorismo”, especialmente desde el 11 de septiembre.
Esto es preocupante por varias razones.
Abusos de derechos humanos
Las actividades antiterroristas bajo el presidente Yoweri Museveni tienen un largo historial de cometer abusos. A fines de la década de 1990, por ejemplo, el ADF lanzó una serie de ataques con bombas sobre autobuses y edificios públicos, matando hasta 88 personas. La respuesta de las fuerzas de seguridad de Uganda estuvo plagada de violaciones de derechos humanos. En sus famosas “casas de seguridad”, por ejemplo, los sospechosos eran, a menudo, arbitrariamente señalados, recluidos en régimen de incomunicación y torturados con impunidad. Las comunidades musulmanas fueron un objetivo especial. Además, tras la ley antiterrorista de 2002, que contenía una amplia definición de “terrorismo”, el Estado extendió su represión a miembros de la oposición y defensores de los derechos humanos. El ADF también fue utilizado como excusa ex post facto para la invasión de Uganda a la República Democrática del Congo (RDC) en 1998.
Hoy, la historia se repite. En su reciente discurso, el presidente Museveni anunció que 12 sospechosos de terrorismo habían sido asesinados y 106 arrestados. Las fuerzas de seguridad afirman que las muertes ocurrieron cuando los sospechosos se resistían al arresto o intentaban huir, pero algunas de estas versiones son impugnadas. En un caso, por ejemplo, la familia de un sospechoso informa que el hombre fue esposado, conducido afuera y asesinado a tiros. En otro incidente, testigos presenciales señalaron que el sospechoso recibió un disparo en cuanto abrió la puerta. Algunos analistas han sugerido que las fuerzas antiterroristas de Uganda están asesinando deliberadamente a sospechosos debido a la presión para anunciar resultados. Una vez más, muchos musulmanes ugandeses sienten que están siendo criminalizados y marginados. Y un ministro afirmó la semana pasada que Uganda tiene derecho, y está lista, para desplegarse en el este de la República Democrática del Congo, para lo que el gobierno congoleño dio permiso el viernes pasado.
Lo que empeora las cosas es la falta de rendición de cuentas cuando se trata de abusos contra los derechos humanos. Hace casi exactamente cinco años, por ejemplo, fuerzas de seguridad atacaron el palacio de Obusinga Bwa Rwenzururu (OBR), la institución cultural de la región Rwenzori, en Uganda, matando a 155 personas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no ha habido ningún proceso judicial, forma de rendición de cuentas o compensación. De hecho, los comandantes que lideraron el asedio han sido promovidos.
Este no fue un único evento, sino más bien parte de un plan más amplio. Las fuerzas de seguridad de Uganda mataron a 40 personas durante los disturbios de Kayunga de 2009, a 9 personas durante la marcha de protestas por trabajo de 2011 y a 54 personas durante las manifestaciones de noviembre de 2020 provocadas por el arresto de la figura de la oposición Bobi Wine. Todos siguieron aproximadamente el mismo patrón: graves abusos contra los derechos humanos seguidos de promesas de exigencia de rendición de cuentas – a menudo por parte del propio Museveni- que nunca se llevan a cabo.
Cuando los activistas de derechos humanos o los parlamentarios locales intentan hacer justicia, se ven frustrados por el sistema judicial, ya que el gobierno intenta cerrar las vías legales. Por ejemplo, la administración de Museveni está tratando actualmente de cambiar la ley para suprimir la fianza para los críticos encarcelados, mientras que su reciente represión contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas algunas prominentes como el Capítulo Cuatro, ha reducido aún más el espacio para la rendición de cuentas.
El papel de la comunidad internacional
En este contexto, deben plantearse importantes preguntas sobre el papel de los socios internacionales de Uganda. Donantes como el Reino Unido y, en particular, los EE. UU. han brindado un apoyo sustancial al ejército de Uganda desde principios de la década de 2000. Ambos han brindado capacitación al personal militar por valor de millones de dólares mientras que Estados Unidos brindó asistencia de seguridad a Uganda por valor de 104 millones de dólares en 2016, 80,5 millones de dólares en 2018 y 688.000 dólares en 2020. A través del apoyo presupuestario al Sector de Justicia, Ley y Orden (JLOS), cantidades sustanciales de la ayuda de la UE y Austria terminan en manos de la policía de Uganda.
A la luz de los abusos de derechos humanos y la falta de rendición de cuentas se deben hacer preguntas sobre la idoneidad de este apoyo. Sin embargo, por lo general, la respuesta de los donantes a los abusos es mínima y refleja la del Estado de Uganda. Se emiten contundentes declaraciones sobre la necesidad de rendición de cuentas. A veces, se emiten amenazas de recortar la ayuda, lo que algunas veces resulta en una reorientación de la ayuda. Pero eventualmente el tema desaparece de la agenda.
Tras los acontecimientos de noviembre de 2020, por ejemplo, Estados Unidos amenazó con imponer sanciones. Sin embargo, a pesar de la falta de acción del gobierno, solo terminó imponiendo las más débiles sanciones posibles: restricciones de visa contra personas desconocidas. En el reciente primer aniversario de los asesinatos, los donantes simplemente expresaron nuevamente su preocupación por la falta de rendición de cuentas. Esta táctica no solo es ineficaz, sino que oculta el hecho de que muchos de estos mismos donantes apoyan activamente a las fuerzas de seguridad que, según ellos, deben rendir cuentas. Las recientes medidas simbólicas, como la no invitación a Uganda a una cumbre sobre democracia, organizada por el presidente estadounidense Joe Biden, no cambiarán esta realidad.
Al final, las acciones de la comunidad internacional reflejan una cínica realpolitik que calcula que la alianza con el gobierno de Museveni supera sus desventajas. Para decirlo sin rodeos: los abusos de derechos humanos, la falta de rendición de cuentas y la corrupción en Uganda son precios que los donantes están dispuestos a pagar para que el régimen de Museveni siga al frente como faro de estabilidad regional y socio en ejercicios antiterroristas. Los recientes ataques en Kampala solo pueden fortalecer esta posición, recordando a los donantes el invaluable papel del presidente Museveni en su Guerra contra el Terrorismo.
Kristof Titeca y Eric Mwine-Mugaju
Kristof Titeca es profesor asociado en el Instituto de Políticas de Desarrollo de la Universidad de Amberes. Su último libro es «Rebel Lives. Fotografías del interior del Ejército de Resistencia del Señor». Síguelo en Twitter en @kristoftiteca.
Eric Mwine-Mugaju es un periodista y comentarista de Uganda sobre economía política de África Oriental. Síguelo en Twitter en @e_mugaju.
Fuente: African Arguments
[CIDAF-UCM]
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