El aniversario de la muerte de Neil Aggett es un claro recordatorio de que la brutalidad de la policía sigue presente en el post apartheid de Sudáfrica.
El 5 de febrero marca el 33 aniversario de la muerte del héroe de la lucha Neil Aggett, quien se ahorcó después de 62 horas ininterrumpidas de interrogatorio y de tortura en el décimo piso de la entonces comisaría John Vorster Square, en Johannesburgo.
Casualmente, ese día coincide con la misma semana en la que se celebra el 24 aniversario del levantamiento de la prohibición del ANC, el 2 de febrero, una organización para la que Aggett vivió y murió.
Sin embargo, 20 años después del advenimiento de la democracia, del cambio legislativo y de una nueva constitución, la tortura y las brutales agresiones de la policía y del personal penitenciario continúan existiendo. Antes, los prisioneros como Aggett eran torturados diariamente y ahora los criminales corren la misma suerte. Aunque los testimonios de las víctimas de la tortura que estaban en manos de la policía salieron a la luz por primera vez durante la investigación del caso de Aggett, actualmente estas denuncias son cada vez más comunes.
A pesar de que el comisario de policía Riah Phiyega prometió investigar las denuncias de tortura del criminal checo Radovan Krejcir’s, no ha sido hasta ahora cuando se ha abierto una investigación oficial por la muerte de Aggett. A finales del año pasado, durante la investigación, Brian Sandberg, coordinador del Grupo de Apoyo Neil Aggett, presentó cargos de homicidio culposo en contra de su torturador, el teniente Stephen Whitehead.
Como consecuencia, Whitehead, el que fuera policía durante la época del apartheid, parece que va a convertirse en un personaje odiado por combatir la cultura de la impunidad que caracteriza a las prisiones y a los policías de Sudáfrica. «La historia de Neil es más grande que él», dice Sandberg. «Se trata de la brutalidad de la policía y de un Estado que actuó con impunidad y que lo sigue haciendo…Al recordar la memoria de Neil, intento avivar los valores que defendió. Si estuviera vivo hoy, este es el tipo de cosas por las que habría luchado».
Esta arraigada cultura de impunidad, que no tiene en cuenta las consecuencias o la culpabilidad, indica que Sudáfrica ha aprendido muy poco de las lecciones del pasado: de la muerte de Aggett, Steve Biko, Andries Tatane y Mido Macia; de los mineros de Marikana; de la violencia de la prisión de Groenpunt que acabó con tres prisioneros muertos el año pasado; de las protestas sobre los servicios de distribución de Mothutlung a principios del mes; y de los disparos mortales a un activista en la mina Durban Deep, la semana pasada.
«La tortura no es algo nuevo. Siempre ha estado ahí», dice Peter Jordi, experto en temas de tortura en la clínica Wits Law. «Se ha practicado en las comisarías y se sigue practicando ahora. La policía tortura a la gente constantemente: en sus casas, en las celdas, en la sabana, en los coches….es parte de la investigación policiaca. Estamos hablando de verdaderos criminales. Cuentan con métodos de investigación ilegales por los que se les podría juzgar pero nunca se hace».
Whitehead, quien nunca intentó dirigirse a la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica para conseguir amnistía por la muerte de Aggett, es otro ejemplo de lo anterior. La apatía del gobierno para enfrentarse a los numerosos informes de violencia, agresiones, y el uso excesivo de la fuerza y de la tortura, muestra su poca disposición para condenar a los culpables.
Pongamos como ejemplo las palizas y torturas de la prisión de St. Albans, en Port Elizabeth, en el 2005. Ocho años después, Logan Maistry, el portavoz del departamento de servicios penitenciarios (DCS, por sus siglas en inglés) afirmó que la investigación de este caso se encontraba en una fase avanzada.
En 2009, Bradley McCallum, un interno de St. Albans, explicó ante el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra cómo había sido apaleado, golpeado y violado por un guardia con una porra mientras le obligaba a tumbarse desnudo, como parte de una cadena humana, y a poner su cabeza sobre la parte inferior del cuerpo, también desnudo, del que estaba en frente. A pesar de que Sudáfrica fue considerada culpable de violar los derechos humanos, el país ha ignorado cinco requerimientos del Comité para responder a las acusaciones de McCallum.
«El pescado siempre empieza a pudrirse por la cabeza», explica Sandberg tajantemente. «La tortura y la falta de responsabilidad son síntomas de arrogancia que necesitan ser cambiados por completo. Todavía esperamos que el gobierno demuestre a través de sus actos que es diferente al del apartheid». Pero, hasta ahora, ninguno de los entre 70 y 80 guardias implicados en la tortura de McCallum, y de otros 230 presos, han perdido su trabajo. Tampoco se han tomado medidas disciplinarias en el departamento de prisiones.
Lukas Muntingh, el director de la Iniciativa de la sociedad civil para la reforma de las prisiones, explica que el despido de funcionarios penitenciarios es muy poco común: «En 2010-2011, no hubo ni un solo juicio, a pesar de las miles de denuncias cada año así como de la existencia de pruebas que nos muestran que hay un grave problema. Es muy raro que se den estos despidos….y los que se dan representan menos del 1% de los casos».
Según Muntingh, no ha existido ni un solo juicio contra funcionarios de las prisiones por la muerte de un interno en los últimos tres años, a pesar de las miles de denuncias grabadas por el departamento, la Dirección de investigación de la policía independiente de Sudáfrica (IPID), la Inspección judicial para los servicios penitenciarios (Jics) y la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica.
«A pesar de que el marco legislativo no presenta grandes obstáculos para responsabilizar a los funcionarios estatales por violaciones flagrantes de derechos humanos, éstos rara vez son enjuiciados y condenados por agresión, tortura y otras acciones que acaban con la vida de criminales sospechosos y de prisioneros», añade Muntingh. «Como prácticamente no existen juicios, se da una situación de impunidad de facto».
En mayo de este año, las siete primeras denuncias por daños presentadas por los presos ante el ministro de los servicios penitenciarios serán oídas en Port Elizabeth.
«El departamento cree que no hicieron nada malo», explica el abogado Egon Oswald, quien representa a 231 antiguas y actuales víctimas de tortura de la prisión de St. Albans. «Este caso es algo más que una simple denuncia donde la víctima solo recibe dinero del acusado».
«Quiero que los abusos de derechos humanos de St. Albans salgan a la luz para que se juzgue a los responsables y para que se reforme el sistema y este tipo de atrocidades nunca vuelva a ocurrir….».
«Llevo casos como estos continuamente. He efectuado muchas demandas de víctimas de tortura en contra del ministro. Actualmente, tengo dos casos que ocurrieron entre el 16 y 17 de junio del año pasado de agresión, tortura y palizas a 15 internos».
«La tortura, las agresiones y las palizas siguen existiendo porque la mayoría de las investigaciones suelen degenerar hacia intercambios de golpes».
Muntingh cree que la supervisión independiente es la más efectiva para prevenir la tortura y promover la transparencia y la responsabilidad: «[Pero] el caso de McCallum es un ejemplo de una ruptura completa de los mecanismos de supervisión tanto externos como internos».
Lo que ocurre no es de extrañar ya que la Inspección judicial para los servicios penitenciarios, que cuentan con poco personal y con pocos mecanismos de supervisión, es vista por muchos presos como un «perro sin dientes» que tiene unos poderes muy limitados.
«¿Cómo puede una organización ser realmente independiente si los salarios de Jics los paga el DCS, cuyo trabajo es el de controlar?», se pregunta una fuente de inspección. «Jics no tiene ni los instrumentos financieros ni la capacidad de investigación para desempeñar su mandato con eficacia».
«El año pasado, un pequeño grupo de tan solo 5 investigadores, que indagaron sobre denuncias de 242 centros penitenciarios con aproximadamente 150.000 presos, llevaron a cabo 93 inspecciones y 39 investigaciones. Por definición, está claro que solo hay tiempo para investigarlas por encima.
En lo que se refiere a la Dirección de Investigación de la policía independiente de Sudáfrica, que tiene el deber de investigar acerca de las acusaciones de tortura que involucran a la policía, ésta investiga muy pocos casos y rara vez acusa y enjuicia a algún funcionario.
Únicamente se ha procesado un caso de las 217 supuestas muertes a manos de la policía investigadas por la Dirección en Gauteng en el 2011-2012. Además, hasta el año pasado, cuando se promulgó la Ley de prevención y lucha contra la tortura de las personas, la tortura no era un delito en Sudáfrica. Tras quince años de elaboración, ni la nueva ley ni la obligación constitucional de promover y proteger la dignidad humana de todos los prisioneros parecen haber marcado ninguna diferencia en aquellos que se encuentran al cuidado de los prisioneros.
«No podemos permitir que esto contcontinúe», defiende Sandberg.
«La tortura nunca es aceptable, ni para los prisioneros políticos como Neil, ni para criminales sospechosos como Krejcir. Los responsables deben rendir cuentas. Para combatir la impunidad y curar las profundas heridas del apartheid, el gobierno debe rendir cuentas y todo el mundo debe reconocer que es responsable. La familia y los amigos de Aggett no se merecen menos».
Carolyn Raphaely
Mail & Guardian (Sudáfrica)
Carolyin Raphaely es un miembro del Proyecto de Justicia Wits, que investiga errores judiciales y se encuentra en el departamento de periodismo de la Universidad de Witwatersrand.
