La Audiencia Nacional de España ordena la detención de 40 militares ruandeses

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha ordenado la detención de 40 militares de Ruanda por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. Se les que acusa de la muerte de cuatro millones de ruandeses en los noventa y del asesinato de nueve españoles, seis misioneros y tres civiles.
El juez de la Audiencia Nacional no ha podido procesar al actual presidente del país africano, Paul Kagame, porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución, pero existen «indicios racionales de criminalidad», señala el auto de procesamiento. Uno de los responsables de su seguridad personal le implicó directamente en el ametrallamiento de unos 40 civiles y le acusó de dar la orden de matar a tres obispos y varios sacerdotes, diciendo concretamente «ya te he dicho que eliminaras a esas basuras».
El magistrado ha cursado estas órdenes de detención internacional después de acusarles de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de «terror» en el país, «realizando horrendos crímenes» contra la población civil. Entre estos crímenes, Andreu les responsabiliza del asesinato de seis religiosos españoles y de tres cooperantes de Médicos del Mundo, entre 1994 y 2000, en los campos de refugiados donde trabajaban.
Este fue el caso del padre Joaquín Vallmajó, apresado por el Ejército Patriótico Ruandés (APR) y cuyo cuerpo aún no ha aparecido, quien había denunciado las matanzas y persecuciones contra los hutus.
El plan de extermino de la cúpula dirigente, miembros de la etnia tutsi, alcanzó también a cuatro misioneros maristas en noviembre de 1996, diez días después de que uno de ellos, el padre Servando, pidiera ayuda para los refugiados a través de la cadena COPE. Los tres cooperantes de Médicos del Mundo, que trabajaban en el campo de Mugunga y habían sido testigos de varias matanzas, fueron ametrallados el 18 de enero de 1997.
De los testimonios aportados al juez por los 22 testigos -todos protegidos menos uno- se deduce que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de la cúpula militar, como así ocurrió con los cooperantes españoles, cuya muerte se decidió en una reunión de este tipo, de acuerdo con lo que declaró un asistente a esa cita.
En el auto del magistrado se relata también el papel que desempeñó ACNUR en este dramático episodio al poner en marcha un programa de repatriación «forzosa» a partir de 1996 en los campos de refugiados del Congo, donde más de un millón de ruandeses se encontraban desplazados, que incentivaba con el pago de 10 dólares por cada refugiado ruandés entregado, lo que originó «una auténtica caza» de refugiados.
La orden de Andreu de procesar a los 40 militares ruandeses se produce después de que el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos interpusiera una querella en la Audiencia Nacional el 22 de febrero de 2005 contra dirigentes de Ruanda por el asesinato de nueve españoles.
(Abc, España, 06-02-08)