La administración de Argelia está en una situación difícil, consecuencia de problemas que ella misma ha generado, por la burocracia y la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible.
Las protestas sociales cobran amplitud después de hace varios meses, poniendo al gobierno en apuros. Los solicitantes de vivienda, que desde hace tiempo ocupan las sedes de la daïra (municipio) y la wilaya (provincia), los ex trabajadores de la sociedad argelo-turca de hierro, ATF, que reclaman la segunda parte de sus compensaciones… a estos se añade otra categoría: las víctimas del incendio de los locales de la ex EDGA, entre otros. La administración se ve así enfrentada a una situación difícil de manejar, en un momento en que se constata el abandono puro y simple de los elegidos locales y diputados, con respecto de sus responsabilidades.
Éstos que se supone que representan los intereses del electorado, no dan ninguna impresión de estar preocupados por esta oleada de descontento social, dejando a los empleados del estado solos frente a las quejas y las expectativas de la calle. “En este caso preciso, la administración no puede culpar a nadie más que a ella misma”, opinan los académicos universitarios, haciendo alusión al fraude en las urnas que ha permitido la elección y la emergencia de personas que no se ajustan al interés general y las preocupaciones de la sociedad. Los poderes públicos observan cada día el eclipse de los funcionarios locales electos, principalmente durante las protestas, porque hay que decir que los manifestantes suelen elegir la sede de la wilaya como lugar de reunión. Por su parte, a pesar de que se les ha pedido de forma oficial, los representantes de las asociaciones de barrios no tienen las capacidades de persuasión para sensibilizar o calmar los espíritus de las ciudades, lo que legitimaría las subvenciones que reciben del presupuesto de la wilaya.
Esto explica el aislamiento de la administración en un contexto difícil, resultado de la acumulación de problemas sociales que ella misma ha generado, por la burocracia y la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible. Por otra parte, las protestas populares, que parece que van a perdurar en el tiempo, así como las reivindicaciones básicas en materia de vivienda, empleo, mejora de las condiciones de vida, han puesto a prueba a esta misma administración. Los encuentros con los movimientos asociativos y las peticiones de apertura de canales de expresión y comunicación con la perspectiva de calmar los ánimos de los descontentos, no han dado los resultados esperados. Lejos de eso, no pasa un solo día sin que se produzca una señal de tentativa de suicidio o manifestaciones de descontento de un colectivo más.
LEÏLA AZZOUZ
(El Watan, Argelia, 26-10-11)
