Kenia toma estrictas medidas contra las casas de apuestas

23/07/2019 | Noticias

captura_de_pantalla_2019-07-11_a_las_16.21.19.pngTras 6 meses de tira y afloja entre el gobierno keniata y las empresas de apuestas, el Estado ha dado finalmente un golpe de efecto al ordenar la paralización de las operaciones de 27 empresas cuyas licencias todavía no han sido renovadas. Esta orden emitida por la junta de control de apuestas y licencias de Kenia (BCLB) pretende frenar una industria multimillonaria cuyo éxito es incontestable en los últimos años.

La lista contiene nombres de compañías muy importantes en el mundo de las apuestas deportivas, incluyendo SportPesa, Betin y Betway. Este sector depende casi completamente de las transacciones realizadas desde dispositivos móviles por los usuarios. Para realizar las apuestas, los jugadores cargan dinero en monederos virtuales controlados por las compañías de teléfono. Aquellos que obtienen beneficios los recogen a través de la misma plataforma, a no ser que la cantidad sea tan elevada que el pago tenga que ser realizado mediante un cheque.

Esta medida afectaría al menos a 12 millones de personas que disponen de carteras en las plataformas de apuestas, bloqueando así una importante suma de dinero que quedaría almacenada en los monederos virtuales. Estas empresas que se benefician del delirio apostador del país serán desde luego la parte más afectada. Los dirigentes de estas entidades privadas ya están tratando de que se les transmita cuáles son los pasos a seguir para desbloquear la situación y poder cumplir con los requisitos señalados por la administración.

Uno de los mayores problemas sigue siendo la posibilidad de que los jugadores no puedan acceder al dinero que tienen depositado en las carteras digitales. En ese aspecto, existen posturas muy críticas con el hecho de que políticas públicas estén impidiendo de forma consciente el disfrute de fondos privados por parte de grandes sectores de la población.
Desde la plataforma de apuestas deportivas, la propuesta consiste en permitir a los usuarios retirar su dinero, si bien no sería posible realizar depósitos adicionales.

Otro de los aspectos alrededor del cual se ha centrado el debate es el del lavado de dinero por parte de las compañías de apuestas, lo que habría tenido un fuerte impacto en el sector financiero del país. En cualquier caso, estas acciones representan la culminación de las amenazas emitidas desde el gobierno. En abril, el ministro de interior ya había señalado una serie de estrictas condiciones que todas las compañías deberían seguir para poder renovar sus licencias, siendo el 1 de julio la fecha límite para llevar a cabo este proceso.

Las empresas tenían que demostrar que estaban al día en el pago de todos los impuestos, además de probar que sus operaciones eran conformes con la ley, tenían una liquidez suficiente y su situación financiera de los últimos 4 años era solvente. Desde el gobierno argumentan que estas entidades han estado obteniendo beneficios de hasta 2.000 millones de dólares al año mientras solo pagaban 40 millones en impuestos. Además, señalan que la turbia titularidad de las empresas y la debilidad de las leyes existentes en este ámbito habrían facilitado el lavado de dinero.

Renald Karauri, director ejecutivo de SportPesa y miembro de la Asociación de Operadores de Juego, negó la veracidad de las cifras ofrecidas desde la administración pública. Según el empresario, las ganancias habrían sido mucho menores, y argumentó que existe una importante confusión acerca de este tema. “Se trata de un conflicto que ya está en los juzgados y el gobierno lo sabe, pero existen presiones para mostrar que la industria no está llevando a cabo los pagos de los impuestos como debería, lo cual no es del todo verdadero”, explicó.

Karauri, que se encuentra al frente de la compañía más importante del país en el sector, mostró los documentos que reflejan la situación financiera de su empresa y que había enviado a las autoridades fiscales keniatas. Según este documento, SportPesa habría obtenido 150 millones de dólares en beneficio en 2018, de los cuales 62 millones habrían estado destinados a pagar los impuestos correspondientes.

Fuente: The East African

[Traducción y edición: Álvaro García López]

[Fundación Sur]

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