“Han vuelto a arrancar mi cosecha otra vez”, cuenta Jane Wangui, una kikuyu que todavía vive en un campo de desplazados internos por miedo a volver a la granja, cerca de Kalenjin, de la que huyó el año pasado. “Ya no puedo confiar en ellos”.
Con los pies ennegrecidos por el suelo, Jane, de 6 0años, descansa después de haber pasado la mañana trabajando en su “shamba” (granja), a 90 minutos caminando desde el campo de “tránsito” en Kamwaura, en la fértil región de Molo. Aquí duermen 65 personas en las tiendas y trabajan sus terrenos durante el día.
Un año y medio después de la sangrienta violencia post electoral que sufrió Kenia, durante la cual miembros del grupo étnico Kalenjin atacaron a los kikuyu, la tribu del presidente Kibaki, varios miles de personas desplazadas todavía no han vuelto a sus casas.
“Acabo de volver de mi granja. Hoy, me encontré con que habían vuelto a arrancar de raíz mis patatas”, dice Jane, “Desde febrero, he estado yendo a mi granja cada día. No podemos almacenar aquí nada de cosecha, así que nos han robado todo”.
“Tengo mucho cuidado con no quedarme hasta muy tarde en mi Shamba. No sé qué puede pasar cuando está oscuro”.
“no puedo confiar en esta gente, los kalenjin, nunca más. Nos dijeron que no tenían problemas con nosotros, y unos pocos meses después estaban matándonos”.
“La vida aquí es miserable. Antes yo tenían riqueza acumulada y hoy no tengo nada para comer”, cuenta Jane, que sobrevive con una única comida al día.
Espoleados por razones económicas y animados por el gobierno, una serie de familias kikuyu migraron en los años 60 desde sus tradicionales provincias centrales al valle del Rift, el hogar ancestral de los kalenjin.
La tierra allí es un asunto explosivo, debido a una distribución desequilibrada y las presiones a la población en un país pobre, principalmente agrícola.
Lucy Muthoni, de 48 años, dice que ella no entiende por qué sus vecinos siguen destrozándole sus plantas.
“Incluso me han dicho que no tenía razón para plantar maíz, ya que puede que no vuelva a tener acceso a mi tierra en la época de cosecha”, explica.
“Personalmente, no creo que podamos curar nunca la ruptura entre nosotros y los kalenjin. Ellos nos han traicionado”.
Como otros desplazados que creen que el gobierno no ha reforzado lo suficiente la seguridad, Lucy no quiere pedir compensación y comprar un trozo de tierra en Kamwaura, quiere seguir trabajando en su granja.
En la granja Rai, en la región Eldoret, donde se produjo uno de los peores golpes de violencia del Valle del Rift, grandes zonas de tierra cultivables ahora son tierras polvorientas, por la larga y severa sequía que las asola.
Njunguna Gachui, ha construido una endeble casa con trozos de madera para las ventanas y una lona de plástico para el tejado.
“Tengo 60 ovejas, algunas vacas. A mis 70 años he comenzado una nueva vida”, relata, “El futuro de mis hijos ha quedado destruido porque yo he perdido mi propiedad”.
Su hija Catherine Njoki, dice que el gobierno ha ofrecido muy poco en el sentido de asistencia.
“Prometieron que construirían una casa para nosotros, pero nunca han cumplido sus promesas”.
“Será muy duro reconciliarse totalmente con los vecinos. Llevará mucho tiempo para que vuelva a haber confianza. Cada día puedes ver todo lo que se ha destruido”.
Las relaciones están estancadas con un vecino en particular, un ex atleta de Kenia, que, según ellos, dio gasolina a los jóvenes para quemar su casa, para poder quedarse con su terreno.
Benjamin Ngaruiya, uno de los desplazados en la granja de Rai, asegura que los 10.000 chelines [92 euros y medio] que recibió no son suficientes para construir una casa decente y comprar fertilizante, para volver a la agricultura.
Sólo su padre y madre han sido realojados en una casa sencilla, en su terreno, que fue devastado por la violencia.
Al gobierno le gusta destacar que todos los grandes campos creados en aquel tiempo de violencia ahora están cerrados.
Un funcionario local incluso ha declarado que la gente desplazada está intentando beneficiarse consiguiendo un terreno más grande del que tenían.
Ngaruiya niega esta acusación. “Estos funcionarios del gobierno no hacen más que dar vueltas por las ciudades. Nunca entran en las zonas rurales. Nos ignoran”.
Su padre, Michael Nyanga Njeru, recuerda los días en que había cuatro casas en su propiedad. Todas ellas se han visto reducidas a escombros. Todavía sigue desafiante. “No voy a dejar esta tierra, porque es mi propiedad. La compramos de manera lega. No me voy a ninguna otra parte, me enterrarán aquí”.
(IOL, 30-07-09)
