Con 836.907 refugiados y solicitantes de asilo en los campos de Dadaab y Kakuma en la Región Norte, y en áreas urbanas de otras regiones, Kenia se convirtió en febrero de 2025 en el decimotercer país receptor de refugiados del mundo y el quinto de África. Provienen en su mayoría de Sudán y Somalia, y algunos llevan 30 años en Kenia. Gestionan cientos de pequeños negocios, tiendas, restaurantes, servicios de transporte, sastrerías y agencias de dinero móvil. En torno a los campos, y también en las ciudades, su presencia ha aumentado las oportunidades de empleo local, especialmente en el comercio y los servicios. Y, sin embargo, en Kenia, los refugiados siguen enfrentándose a restricciones de movilidad, dificultades en el acceso a empleos formales y barreras en el registro de empresas. Muchos economistas sostienen que aliviar tales restricciones podría aumentar aún más la contribución de los refugiados a la economía de Kenia. Y así parece pensarlo también el gobierno. “Kenia quiere cerrar los campos de refugiados: la promesa y los riesgos de su ambicioso nuevo plan”, titulaba un artículo de Edwin Mutyenyoka (Osnabrück University) y Franzisca Zanker (Arnold Bergstraesser Institute de Friburgo), en The Conversation de este pasado15 de junio. El gobierno de Kenia quiere alejar a los refugiados de los campamentos de larga duración y favorecer su integración en la sociedad, implementando así el “Plan Shirika” lanzado en 2025 en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
No es la primera vez que algo así ocurre en África. La experiencia de los refugiados burundeses en Tanzania es un ejemplo especialmente importante porque Tanzania tiene tanto una larga historia de acogida de refugiados como un historial bastante desigual en materia de integración. Tras las violencias étnicas de 1972 en Burundi, Tanzania acogió a más de 200.000 refugiados burundeses en los campos de Ulyankulu, Katumba y Mishamo. Muchos se fueron integrando en las comunidades locales circundantes. A partir de 2008, en colaboración con la ONU, el gobierno tanzano les dio a escoger entre volver voluntariamente a Burundi o recibir la nacionalidad tanzana e integrarse totalmente en el país. UNHCR ayudó a unos 55.000 en la vuelta a su país. 165.000 optaron por la nacionalidad tanzana.
No ocurrió lo mismo tras la violenta crisis política de 2015. En 2018 ya eran más de 350.000 los burundeses que habían huido a países vecinos. De ellos, Tanzania acogió a unos 250.000, especialmente en los campos de Nduta y Nyarugusu, en la región de Kigoma, fronteriza con Burundi. Restricciones de movilidad, falta de oportunidades para trabajar legalmente y ayuda alimentaria reducida por la falta de ayuda internacional, se unieron al hacinamiento y la presión sobre los servicios de salud y educación, para hacer precaria y difícil la vida en esos campos. En septiembre de 2017, los gobiernos de Burundi y Tanzania firmaron, junto con ACNUR, un Acuerdo Tripartito para facilitar la repatriación voluntaria. Temiendo que Burundi no era para ellos un país seguro, fueron muchos los refugiados que rechazaron el plan. Tampoco ayudó la covid (2020-2022). Con todo, a finales de 2025 más de 180.000 refugiados habían regresado voluntariamente a Burundi. Los gobiernos de ambos países lo consideraron insuficiente, y se propusieron acelerar el plan y repatriar hasta 3.000 personas por semana. Eso sí, los retornos, siempre según ambos gobiernos, serían voluntarios y llevados a cabo de forma digna. En la práctica, ya el pasado 24 de febrero, UN News titulaba: “Refugiados burundeses preocupados por la repatriación `coercitiva´ desde Tanzania”. El 2 de mayo la agencia Áfricanews fue más explícita: “Los refugiados burundeses se han quejado en los últimos meses de haber sido desalojados por la fuerza del campo de Nduta en el noroeste de Tanzania, tras un acuerdo entre los gobiernos de Dar Es Salaam y Buyumbura”. Este 17 de junio, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado que ponía fin a más de 10 años de apoyo médico en el campo de refugiados de Nduta.
¿Cómo terminará el “Plan Shirika” keniata? En una página oficial conjunta del gobierno de Kenia y ACNUR se lee:
“El plan SHIRIKA Representa un enfoque pionero para transformar los campos de refugiados de Dadaab y Kakuma en asentamientos integrados, ahora designados como municipios, en los que los refugiados serán incluidos en todos los servicios públicos y los diversos proyectos de desarrollo, como parte de un plan de desarrollo integral y comunitario”.
“Se trata de un cambio decisivo, desde la programación basada en la subsistencia hacia la inclusión sostenible y soluciones duraderas”.
“Bajo el Plan Shirika, la inclusión socioeconómica representa una oportunidad transformadora para mejorar la vida de los refugiados y aliviar la presión sobre las comunidades anfitrionas”.
En román paladino, ahora el énfasis se pone en la inclusión, el desarrollo local y el reparto de responsabilidades. Sólo que, siempre en la misma página oficial se lee: “Lograr esta transición exige, por parte de todo el gobierno y de todos sus socios, un enfoque basado en una sólida colaboración con los socios de desarrollo, los bancos multilaterales de desarrollo, las instituciones financieras internacionales y los financiadores tanto públicos como privados”.
La experiencia indica que las posibilidades de éxito de los programas de desarrollo disminuyen cuando sobre el terreno se encuentran representados demasiados organismos oficiales internacionales. Al parecer, las autoridades keniatas son conscientes de ello y están promoviendo a través del país numerosos foros de participación pública en los que se explica y discute el Plan Shirika. Como no podía ser menos, algunos representantes de refugiados y de las comunidades anfitrionas se quejan de no haber sido incluidos en el diseño del plan y en los procesos de tomas de decisiones. Una forma de recordarle al gobierno de que, como bien apuntan Mutyenyoka y Zanker en The Conversation, en el caso del Plan Shirika, “el éxito dependerá no solo de la financiación, sino de la capacidad del gobierno para ofrecer beneficios tangibles tanto a los refugiados como a las comunidades de acogida”.
J. Ramón Echeverría
CIDAF-UCM
