Combatientes del M23 ayudaron a Kabila a mantenerse en el poder. Al menos 62 personas fueron asesinadas en diciembre de 2016 durante las manifestaciones celebradas en el país cuando Kabila rechazó abandonar sus funciones tras sus dos mandatos autorizados por la Constitución.
Oficiales superiores de seguridad en RD Congo movilizaron a más de 200 antiguos combatientes rebeldes del M23 provenientes de países vecinos para sofocar las manifestaciones contra el presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016, ha declarado Human Rights en un informe publicado hoy, 4.12.2017. Kabila ha reforzado su control del poder y ha retrasado las elecciones, lo que suscita la inquietud de ver que las manifestaciones previstas sean de nuevo reprimidas violentamente.
El informe de 78 páginas titulado “Misión especial: Reclutamiento de rebeldes del M23 para reprimir las manifestaciones en RD Congo”, describe, apoyado en pruebas, cómo las fuerzas de seguridad congoleñas, así como combatientes del M23 reclutados en Uganda y Ruanda mataron al menos 62 personas y detuvieron a centenares durante las manifestaciones celebradas en el país entre el 19 y 22 de diciembre, cunado Kabila rechazó abandonar sus funciones tras los dos mandatos autorizados por la Constitución. Combatientes del M23 patrullaron en las principales ciudades de la RD Congo, procediendo a detenciones o disparando a los manifestantes o a cualquier persona que pareciera constituir una amenaza para el presidente.
“Las operaciones clandestinas de reclutamiento de combatientes pertenecientes a un grupo armado violento para reprimir cualquier resistencia muestran hasta dónde el presidente Joseph Kabila y su cohorte son capaces de llegar para permanecer en el poder”, ha indicado Ida Sawyer, directora para África central de HRW y coautora del informe: “Las autoridades congoleñas deberían poner término al recurso ilegal de la fuerza contra los manifestantes y autorizar las actividades políticas pacíficas de los activistas y de la oposición política”.
Las conclusiones del informe se apoyan en más de 120 entrevistas, incluyendo en ellas a víctimas de abusos, a miembros de las familias de las víctimas, testigos, activistas locales, nueve oficiales de las fuerzas de seguridad congoleñas, responsables del gobierno y de la ONU, diplomáticos, así como a 21 combatientes, mandos y líderes políticos del M23. Human Rights Watch ha llevado a cabo las investigaciones sobre el terreno en Kinshasa, en Goma y en Lubumbashi en RD Congo, en Uganda, en Ruanda y en Bruselas, entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017.
Entre octubre y diciembre de 2016, en el momento en que la presión pública sobre Kabila se intensificaba, oficiales superiores de las fuerzas de seguridad congoleñas reclutaron combatientes del M23 en campos militares y de refugiados en Uganda y en Ruanda. Numerosos combatientes estaban instalados allí desde la derrota del grupo armado en el este de la RD Congo, en noviembre de 2003.
Tras haber sido trasladados a la RD Congo, los combatientes del M23 fueron desplegados en la capital, Kinshasa, así como en Goma y Lubumbashi. Las fuerzas de seguridad les dieron uniformes nuevos, armas y los integraron en la policía, policía y Guardia republicana, destacamento de seguridad presidencial. Oficiales congoleños – un buen número de ellos surgidos de rebeliones anteriores apoyadas por Ruanda y que posteriormente se habían integrado en el ejército congoleño – se ocuparon de ellos, les pagaron bien y les proporcionaron alojamiento y alimentación. Para proteger al presidente y sofocar las manifestaciones, los combatientes del M23 recibieron órdenes explícitas de utilizar la fuerza letal, incluyendo si fuera necesario “disparos a quemarropa”.
“Numerosos combatientes del M23 fueron desplegados para hacer la guerra a quienes querían amenazar el mantenimientos en el poder de Kabila”, ha relatado un combatiente del M23 a HRW. Otro ha explicado: “Recibimos la orden de disparar inmediatamente ante la más mínima provocación de los civiles”.
A finales de diciembre de 2016 y a primeros de enero de 2017, los oficiales congoleños reenviaron a los combatientes del M23 a Uganda y Ruanda. Muchos de ellos fueron de nuevo conducidos a la RD Congo entre mayo y julio y fueron enviados a Kisangani, en el noreste del país, presuntamente para preparar “operaciones especiales” o “misiones especiales”, a fin de responder a cualquier amenaza contra el mantenimiento en el poder de Kabila.
Como consecuencia de las violencias de diciembre de 2016 y frente a la presión internacional creciente, la coalición de Kabila en el poder firmó, el 31 de diciembre, un acuerdo para compartir el poder con la principal coalición de la oposición, bajo la mediación de la Iglesia católica. El acuerdo, llamado de San Silvestre, llamaba a la celebración de elecciones presidenciales antes de finales de diciembre de 2017 e incluía el compromiso claro de que Kabila no optaría por un tercer mandato o no modificaría la Constitución. Sin embargo, la coalición en el poder en RD Congo no ha organizado elecciones ni ha adoptado las medidas de distensión previstas en el acuerdo.
El 5 de noviembre, podo después de que la embajadora de los EEUU ante la ONU, Nikki Haley, visitara la RD Congo y hiciera un llamamiento a que Kabila organizara elecciones de aquí a finales de 2018, la comisión electoral de la RD Congo (CENI) ha publicado un calendario que fija la fecha del 23 de diciembre de 2018 para las elecciones presidenciales, legislativas y provinciales, esto es, más de dos años después del final de los dos mandatos de Kabila. La CENI ha citado igualmente numerosas “dificultades” financieras, logísticas, legales, políticas y de seguridad, que podrían tener un impacto sobre el calendario.
La posición política y grupos de la sociedad civil han denunciado este calendario por considerar que se trata simplemente de una nueva maniobra dilatoria para alargar la presidencia de Kabila de manera inconstitucional. Han hecho un llamamiento a que Kabila se retire antes de fin del año 2017 y a organizar una transición sin Kabila. La transición debería ser llevada a cabo por personas que no podrían ser candidatos en las futuras elecciones, han señalado, y debería tener como objetivo principal la organización de elecciones creíbles, la restauración del orden constitucional y el establecimiento de un nuevo sistema de gobernanza en el que los derechos fundamentales fueran respetados.
“El rechazo de Kabila a abandonar sus funciones tal y como lo exige la Constitución ha hundido la RD Congo en una crisis política, económica y de derechos humanos que podría tener desastrosas consecuencias para la región”, ha concluido Ida Sawyer. “Para evitar que la situación, ya explosiva, degenere, los socios regionales e internacionales de la RD Congo deberían hacer presión sobre Kabila para que se retire y permita la organización de elecciones pacíficas y creíbles”.
[Traducción, Ramón Arozarena]
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