Los líderes africanos a menudo se comportan de manera contradictoria en relación con las leyes y los tribunales internacionales. Al posicionarse en contra de estos, se están sometiendo de forma voluntaria a su escrutinio.
La pregunta es, ¿por qué?
La respuesta más probable es que lo hagan por motivos políticos. El presidente ugandés Yoweri Museveni, que ha estado en el poder durante 33 años, es un buen ejemplo de cómo dar sentido a este comportamiento contradictorio. Por un lado, apoya la postura crítica de la Unión Africana (UA) contra la Corte Penal Internacional (CPI). La posición de la UA es que la CPI se centra injustamente en los líderes africanos mientras pasa por alto los no africanos.
Pero Museveni y su administración también han cooperado fructíferamente con los investigadores y fiscales de la CPI en la elaboración de un caso contra el excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, Dominic Ongwen, supuestamente una figura clave en el círculo íntimo de Joseph Kony.
Museveni no está solo. Otros líderes africanos han promovido también el desarrollo de estudios por parte de la CPI. Por ejemplo, en 2004, el expresidente congoleño Joseph Kabila invitó a la Corte Penal Internacional a investigar los crímenes cometidos por grupos rebeldes, al igual que el General François Bozizé de la República Centroafricana ese mismo año.
La lista de líderes africanos que apelaron a la CPI incluye a la junta militar de Malí en julio de 2012, sólo cuatro meses después de haber destituido al presidente Amadou Toumani Touré. También incluye a la presidenta interina de la República Centroafricana, Catherine Samba-Panza, a finales de mayo de 2014, y al presidente gabonés, Ali Bongo Ondimba, en septiembre de 2016.
El rasgo común en esta lista de líderes africanos que han buscado la participación de la CPI en su situación interna es que todos han considerado que la Corte es beneficiosa para la supervivencia de sus gobiernos. En el momento en que invitaron formalmente al control de la CPI, todos se enfrentaban a graves amenazas internas para su permanencia en el poder y consideraban que la Corte era un instrumento clave a la hora de criminalizar a sus rivales políticos o a sus enemigos militares a los ojos de la comunidad internacional.
Arrojar luz sobre la forma en que estos líderes africanos han utilizado las leyes y los tribunales internacionales para obtener beneficios políticos permite a los académicos mostrar a los actores africanos como protagonistas, y no como receptores pasivos, de la política internacional.
Pero esta particular forma de involucrarse en el mundo del derecho internacional no está exento de riesgos. En este sentido, existen personajes políticos a los que esta estrategia no les ha resultado del todo efectiva. Uno de los mejores ejemplos es el del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo.
Contrariamente a la idea más extendida, fue Gbagbo y no Museveni el primero en facilitar la involucración de la Corte Penal Internacional a mediados de abril de 2003. Para ello, presentó una declaración de conformidad con el artículo 12(3) del Estatuto de la CPI. Este fue un expediente legal que le permitió aceptar la jurisdicción de la CCI sin ratificar su tratado constitutivo.
Como ahora se sabe, su decisión fracasó espectacularmente años después. La idea original de Gbagbo era que la CPI, una organización internacional independiente, criminalizara a las fuerzas rebeldes del país. Habían organizado un golpe de Estado contra él en septiembre de 2002, tras el cual obtuvieron el control de la mitad septentrional de Costa de Marfil.
Sin embargo, su invitación al escrutinio de la Corte Penal Internacional fue inoportuna porque la Corte desempeñó un papel marginal durante la primera guerra civil en el país (2002-2007). Únicamente sería relevante tras las elecciones presidenciales de 2010, cuyo resultado Gbagbo se negó a aceptar. Esto precipitó al país en otro ciclo de violencia civil.
Mientras Gbagbo incitaba a las tropas y milicias leales a desatar la violencia contra sus rivales políticos, el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, advirtió a Gbagbo y a su teniente Charles Blé Goudé que se enfrentarían a un juicio en La Haya si no se detenían. Una revisión histórica de esos días dramáticos sugiere que las advertencias de Moreno Ocampo no lograron desescalar el conflicto. Incluso podrían haber reforzado la determinación de Gbagbo de luchar hasta el final.
En diciembre de 2010, Gbagbo sabía que se encontraba a la cabeza de la lista de los «más buscados» de la CPI. Sin embargo, continuó dirigiendo a las tropas leales hasta su arresto a mediados de abril de 2011. Gbagbo fue finalmente trasladado al centro de detención de la CPI a finales de 2011.
Han pasado varios años desde el arresto de Gbagbo y su traslado a La Haya. Pero aún es demasiado pronto para escribir el capítulo final de su historia. Gbagbo volvió a aparecer en los titulares en enero de 2019, cuando fue absuelto por un grupo de tres magistrados de la Corte Penal Internacional. Un segundo grupo de magistrados de la Corte Penal Internacional optó finalmente por la libertad condicional de Gbagbo y de su coacusado Blé Goudé. Ordenaron su puesta en libertad y les prohibieron tanto regresar a su país como reanudar su vida política. En febrero de este año Gbagbo fue transferido a Bélgica, donde esperará la apelación.
La investigación sobre la participación de la CPI en Costa de Marfil ofrece algunas conclusiones. La primera es que una explicación probable para la invitación del expresidente Gbagbo al escrutinio de la CPI fue que esperaba que estigmatizara a sus enemigos como criminales de guerra. La segunda es que la amenaza de la acusación de la CPI muy posiblemente fortaleció la idea de Gbagbo de mantenerse en el poder a pesar de su derrota en las elecciones presidenciales de 2010.
Por último, desde el traslado de Gbagbo al centro de detención de la Corte Penal Internacional en noviembre de 2011, la administración de Ouattara, el sucesor en la presidencia, se ha comprometido a reforzar la capacidad judicial, impidiendo así que figuras clave del actual gobierno sigan la suerte de Gbagbo. Cabe recordar que la CPI sólo interviene cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren enjuiciar realmente a los criminales de guerra en su país. Al aumentar la capacidad judicial, es muy poco probable que la Corte inicie nuevas investigaciones sobre los antiguos líderes rebeldes, es decir, los que llevaron a Ouattara al poder mientras cometían presuntas atrocidades.
Fuente: The Conversation
[Traducción y edición, Álvaro García López]
[Fundación Sur]
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