Judi Rever, periodista canadiense, publicó hace unos días un artículo de investigación en el que acusaba al actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, y a otros altos funcionarios del Frente Patriótico de Ruanda (FPR) de haber cometido asesinatos sistemáticos, masivos y planificados contra la población hutu antes, durante y después del genocidio sufrido por la población tutsi en el año 1994. Sin embargo, su acusación sobre un doble genocidio en Ruanda no es nueva, pues ya hace dos años Rever publicó un libro titulado In praise of Blood: The Crimes of the Rwandan Patriotic, en el que abordaba estos hechos. Sus investigaciones y publicaciones no solo han generado una gran controversia a nivel internacional, sino que, además, han convertido a esta periodista y a su familia en objeto de múltiples amenazas, tal y como le declaraba en una entrevista a Alison Smith.
La versión oficial extendida, versión no cuestionada por Rever, es que hubo un genocidio en Ruanda, que tuvo lugar entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que fueron asesinados de manera planificada y sistemática más de 500.000 tutsis por las facciones más agresivas y extremista tanto del gobierno como del ejército hutu. No obstante, Rever apunta que otro genocidio hacia la población hutu tuvo lugar en el país, genocidio del cual declara que existen evidencias recogidas por investigadores de NN.UU. y no publicadas por la presión de EE.UU.
En el artículo de investigación mencionado, realizado junto con el periodista Benedict Moran, y publicado por el medio Mail & Guardian, revela 31 testimonios de exsoldados tutsi que juraron ante un tribunal de NN.UU., rompiendo con el régimen del FPR. Cuatro son los ejes principales en los que se puede estructurar el artículo. En primer lugar, las masacres del FPR en el norte de Ruanda antes del genocidio, en segundo lugar, las matanzas del FPR durante y tras el genocidio tutsi, en tercer lugar, la recopilación de pruebas por la Unidad de Investigación Especial de NN.UU. (SIU) y por último, un cuarto eje que gira en torno a la ocultación de las evidencias.
1) Matanzas en el norte de Ruanda antes del genocidio
Las rivalidades entre los hutus y los tutsis tienen su origen en el siglo XIX por culpa del sistema de castas impuesto por los colonizadores belgas. Sin embargo, las revueltas y enfrentamientos entre hutus y tutsis se desataron en la década de los 60. En dicha década, Ruanda, que junto con la actual Burundi constituían un único territorio perteneciente al Congo Belga, logran la independencia. Las elecciones celebradas poco tiempo después dieron el triunfo al partido hutu, presidido por Grégoire Kayibanda, frente al Rey Kigeli V, de la etnia tutsi. Tras la victoria, el gobierno celebró un referéndum en el que la sociedad ruandesa rechazó la monarquía, lo que llevó a la proclamación de la República de Ruanda en 1962. Los tutsis intentaron recuperar el poder provocando sangrientas matanzas que fueron seguidas por una violenta represión. En julio de 1973, el presidente Kayibanda fue derrocado a través de un golpe de Estado por el general hutu, Juvenal Habyarimana, quien instauró un régimen de partido único. Bajo su gobierno el ejército comenzó a llevar a cabo una campaña de persecución de la minoría tutsi (GEU,2004:10296).
En 1990 el Frente Patriótico de Ruanda, formado por exiliados tutsis en Uganda, declaró la guerra al gobierno hutu de Ruanda. Para poner fin a la violencia, en 1992 el gobierno de Habyarimana y el FPR comenzaron a negociar unos acuerdos llamados Acuerdos de Arusha que fueron adoptados en agosto de 1993. El asesinato el 6 de abril de 1994 de Habyarimana terminó abruptamente con los acuerdos, desencadenando el genocidio de los tutsis por parte de los hutus. Judi Rever, apoyada en los testimonios de exsoldados tutsi, sostiene que fue el FPR el que orquestó el ataque al avión que asesinó a Habyarimana.
Estos exsoldados testificaron ante la Unidad de Investigación Especial de NN.UU. (SIU), que el FPR desenterró depósitos secretos de armas inmediatamente antes del ataque del 6 de abril para prepararse para la batalla, además, defiende Rever que en el informe realizado por la SIU, investigadores de Naciones Unidas confirmaron la existencia de un equipo del FPR a cargo de misiles de tierra-aire, que supuestamente fueron transportados a Kigali, capital de Ruanda, desde el cuartel general militar del FPR y que fueron finalmente disparados el 6 de abril de 1994. Además, un testigo declaró que la noche antes del ataque al avión, se les ordenó a los soldados del FPR que estuvieran preparados:
“El 6 de abril de 1994 a las 19:00 horas, se recibió la orden de Kayonga para estar en ‘stand-by one’. Esto significaba estar en traje de batalla completo y listo para un ataque. Todas las compañías se trasladaron fuera del campamento a las trincheras… Aproximadamente a las 20:30 horas, vi el avión del presidente estrellarse”.
Para Rever y Moran, este asesinato convierte a los altos funcionarios del FPR y a Paul Kagame en parte de los responsables del genocidio contra los tutsis que se desencadenó como respuesta al ataque del avión de Habyarimana. Sin embargo, los hutus no fueron los únicos que asesinaron tutsis, ni los tutsis fueron los únicos asesinados sistemáticamente. Varios exsoldados del FPR testificaron que los civiles hutus fueron atacados antes del genocidio en la zona norte de Ruanda. Así lo declara un soldado que sirvió en la región noroeste, de 1993 hasta agosto de 1994, en un fragmento disponible en el artículo de Rever y Moran:
“El objetivo de nuestro grupo era matar a los hutus. Eso incluía mujeres y niños. Matamos a muchas personas, tal vez 100 000. Nuestra unidad mató en promedio entre 150 y 200 personas al día. Las personas fueron asesinadas con una cuerda [alrededor del cuello], una bolsa de plástico [en la cabeza], un martillo, un cuchillo o con armas tradicionales [machete, panga]. Luego, los cuerpos fueron depositados en fosas comunes o, en ocasiones, quemados”.
Pero, además los dos periodistas hablan del testimonio de tres exsoldados tutsis, que relataron ante la SIU que los soldados del FPR vestían uniformes confiscados a las Fuerzas Armadas de Ruanda (del gobierno hutu) y se infiltraron en las milicias hutu, denominadas Interhamwe, cometiendo delitos en operaciones de bandera falsa, antes, durante y después del genocidio tutsi, matando incluso a civiles de su propia etnia. Las operaciones de bandera falsa realizadas por el FPR, como se verá a continuación en el fragmento extraído de una de las declaraciones de los exsoldados, fueron operaciones encubiertas llevadas a cabo por el FPR y diseñadas para simular que fueron realizadas por las Interhamwe:
“Incluso antes de la guerra, el FPR aprovechó la presencia de sus 600 soldados alojados en la CND para infiltrar a muchos soldados llamados «técnicos». Estos técnicos tenían la misión de proteger a ciertas personalidades tutsis, liquidar a los enemigos del FPR, crear un clima de total inseguridad, cualquier cosa que pudiera desencadenar la guerra. Algunos de estos técnicos se infiltraron en la milicia de Interahawe. Incluso mataron a los tutsis. Ese fue el caso de los capitanes Kiyago y Mugisha (…)”
2) Matanzas sistemáticas y planificadas a los hutus por el FPR durante y tras el genocidio de los tutsis
Varios fueron los enclaves donde el FPR se dedicó a matar a civiles hutus durante y tras el genocidio sufrido por la población tutsi. Estos enclaves son expuestos por Rever y Moran a través del testimonio de un médico que responde ante el seudónimo de Christophe y que, por aquel entonces, era un estudiante de medicina. Fue asignado a Masaka, un vecindario en el sureste de Kigali. Allí, permaneció hasta finales de julio de 1994, cuando fue trasladado a Gabiro. Durante su estancia en Masaka, varios reclutas heridos del FPR, que pasaron bajo sus cuidados, le confesaron lo que les ordenaban hacer sus superiores con los civiles hutus, hombres, mujeres y niños que, sin ninguna conexión aparente con la matanza de los tutsis, estaban siendo arrestados en diferentes áreas de la capital por funcionarios del FPR y llevados a un orfanato llamado Sainte Agathe, donde se les ejecutaba sumariamente.
No obstante, según la investigación de Rever y Moran, las atrocidades contra los hutus prosiguieron tras la victorial del FPR y el fin del genocidio sufrido por la población tutsi, ya que en Gabiro, Christophe vio todos los días camiones cargados de civiles hutu, que eran asesinados sistemáticamente. En declaraciones realizadas al M&G declaraba lo siguiente:
“Podías ver los camiones, podías ver el humo. Se podía oler la carne quemada. Todos estos camiones traían gente para matar. Veía la Carterpillar [marca de una retroexcavadora] y podía oírla. Lo estaban haciendo de una manera muy profesional”.
El testimonio de otros reclutas sostienen lo narrado por Christophe, de hecho, un exsoldado declaró ante la SIU que se culpaba falsamente a los hutus por atrocidades no cometidas con un objetivo claro, apropiarse de sus tierras, así queda recogido en su testimonio aportado por Rever y Moran:
“El principal objetivo de estas masacres… era preparar la tierra y los pastos para las personas que habían sido refugiados [tutsis] en Uganda y que fueron repatriados. Hasta el día de hoy, cualquiera [es decir, los hutus] que pudiera pensar en vivir allí sin haber regresado de Uganda, correría el riesgo de ser acusado de ser un Interahamwe”
Gabiro fue descrito por un exoficial como el principal “centro de asesinatos”, sin embargo, en Giti, una zona del norte de Ruanda segura para los tutsis, pues no se había matado a ninguna persona de esta etnia durante el genocidio según Rever y Moran, fue el cementerio de tres mil hutus:
“Entre dos y tres mil [civiles] fueron ejecutados en la comuna de Giti, y fueron enterrados en fosas comunes y letrinas. Miles de otras víctimas fueron llevadas a Gabiro. Era un centro de matanza, sobre todo aislado y cerca del parque Akagera… En un momento, las víctimas de los alrededores de Giti comenzaron a llegar en camiones militares, camino de Gabiro, donde simplemente fueron eliminadas”.
3) Recopilación de pruebas por la Unidad de Investigación Especial de NN.UU. (SIU)
El 8 de noviembre de 1994 se creó el Tribunal Penal Internacional de la Naciones Unidas para Ruanda (TPIR). Este tribunal tenía como misión enjuiciar los crímenes más graves cometidos en 1994. Por ello, de cara al ámbito público, el tribunal se centró exclusivamente en enjuiciar a figuras hutus de alto nivel sospechosas de organizar y cometer el genocidio contra los tutsis. Sin embargo, paralelamente se creó una entidad clandestina dentro del TPIR, denominada Unidad de Investigación Especial (SIU), cuyo objetivo era reunir evidencias sobre los crímenes cometidos por el FPR.
El testimonio de Christophe fue uno de los muchos recogidos por los investigadores de esta unidad, de hecho, para el año 2003, habían logrado decenas de declaraciones juradas y cientos de fuentes. El informe elaborado por estos investigadores de NN.UU., donde enumeraron posibles miembros del FPR para la acusación, incluido el propio presidente Paul Kagame, nunca vio la luz. De esta manera, Rever y Moran explican en su artículo que en el año 2015 cuando el proceso abierto por el TPIR se cerró oficialmente, las más de 60 personas que fueron condenadas y encarceladas por genocidio y otros crímenes de guerra únicamente estaban vinculadas al antiguo régimen liderado por los hutus. Todas las evidencias que sugieren que los asesinatos del FPR contra la población hutu no fueron una reacción al asesinato de tutsis, sino que fueron altamente organizados y de naturaleza estratégica, fueron enterradas.
4) Ocultación de las evidencias
Sin embargo, las pruebas de la SIU no han sido las únicas encubiertas. Varias son las personas y pruebas que mencionan Rever y Moran. En primer lugar, Michael Hourigan un abogado que trabajó para el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, reunió y presentó evidencias ante el mismo en 1997 donde indicaba que el FPR estaba detrás del ataque aéreo que puso fin a la vida del presidente Juvenal Habyarimana. No obstante, la fiscal en jefe del tribunal de NN.UU. en aquella época, Louise Arbour, cerró la investigación frustrando el trabajo de Hourigan. Años más tarde, Arbour declaró al periódico The Globe and Mail, que el gobierno de Kagame bloqueó los esfuerzos para investigar los crímenes del FPR y que el tribunal no tenía los recursos para llevar a cabo tal investigación de manera segura.
En segundo lugar, Rever y Moran hablan de Carla Del Ponte, quien sucedió a Arbour como fiscal en jefe. Del Ponte tenía la intención de acusar al FPR, sin embargo, en el año 2003 fue advertida por el gobierno de EE.UU. sobre su despido si seguía con el plan de acusar al FPR. Finalmente, tras una reunión meses más tarde con Pierre-Richard Prosper, embajador de EE.UU. para Asuntos de Crímenes de Guerra en aquella época, Del Ponte fue sustituida. Prosper logró llegar a un acuerdo con el TPIR para transferir la jurisdicción de enjuiciar los delitos del FPR, así como las evidencias contra éste recogidas por los investigadores de NN.UU., del tribunal de NN.UU. al gobierno de Ruanda, que no continuó con el enjuiciamiento.
En tercer lugar, los dos periodistas mencionan en su artículo a otras agencias de NN.UU. que investigaron los ataques del FPR contra civiles hutu, tanto dentro de Ruanda como en países vecinos. Estos informes fueron, o bien suprimidos o bien se convirtieron en el foco de enérgicas negativas del gobierno de Kagame. En esta línea, Rever y Moran hablan del Informe de Mapeo de NN.UU., en el cual se investigó los abusos cometidos por las fuerzas proruandesas en la República Democrática del Congo entre marzo de 1993 y junio de 2003. El informe concluía que, si los ataques contra civiles hutu en el Congo se aprobaban ante un tribunal competente, podrían caracterizarse como crímenes de genocidio.
Por último, los periodistas también hablan del informe Gersony, escrito por un consultor estadounidense, contratado por el Alto Comisionado de las NN.UU. para los Refugiados en el verano de 1994, para evaluar si era seguro para los refugiados hutu que habían huido de Ruanda a países vecinos regresar a casa. Dicho informe concluía que los asesinatos de hutus por el FPR durante el genocidio fueron “sistemáticos”.
Pese a las amenazas, la controversia y las críticas, Judi Rever no pretende derribar la narrativa internacional que presenta a Paul Kagame y al FPR como los responsables de detener el genocidio contra los tutsis; eso es una consecuencia de su objetivo principal como periodista, lograr que se investigue y se muestre la verdad de un conflicto, donde más allá de “buenos y malos” lo que se encuentra es una gran cantidad de víctimas, cuya historia, al igual que sus restos, ha sido completamente enterrada.
Irene Ruzafa Martín
Puedes seguir a:
Fuentes:
- The Mail & Guardian. 2020. Exclusive: Top-Secret Testimonies Implicate Rwanda’S President In War Crimes
- Ramos Pérez, JM (2004) Gran Enciclopedia Universal (GEU), Vol 15. Espasa, Calpe, S. A. Edit. Javierrez Gonzalez, M., pp10296
Imágenes:
[Fundación Sur]
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