El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó duramente el intento del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, de modificar la constitución que podría permitirle retener el poder durante otra década o más, según un informe obtenido por la Agence France-Presse (AFP). Guterres determinó que la oposición y los grupos de la sociedad civil deben ser incluidos en cualquier decisión de cambiar la constitución para evitar un resurgimiento de conflictos en Burundi: «Si bien es el derecho soberano de Burundi modificar su constitución, creo firmemente que una empresa tan importante debe llevarse a cabo de una manera inclusiva que busque lograr la máxima participación posible y el consenso entre los principales interesados ??políticos».
Desencadenante del problema
En el poder desde 2005, Nkurunziza se postuló para un tercer mandato y fue reelegido en 2015 a pesar de las disposiciones del acuerdo de paz de Arusha que estableció un límite de dos mandatos presidenciales de cinco años.
La decisión de postularse para un tercer mandato encendió la violencia en Burundi que dejó cientos de muertos y más de 400.000 refugiados que huyeron a través de las fronteras, principalmente a Tanzania.
Nkurunziza ha lanzado una campaña para celebrar un referéndum sobre una nueva constitución probablemente en mayo de 2018 que establecería un límite de dos mandatos presidenciales de siete años. Varios líderes de la oposición boicotearon las conversaciones sobre los cambios constitucionales o cuestionaron su legalidad.
Acuerdo de paz en peligro
Los cambios constitucionales modificarían las cuotas étnicas entre hutus y tutsis que se delinearon en el arduamente logrado acuerdo de paz de Arusha que puso fin a la guerra civil.
El jefe de la ONU comunicó que estaba «profundamente preocupado» de que las conversaciones entre el gobierno y la oposición sigan estancadas, expresó la importancia de que todas las partes «especialmente el gobierno» entablen un diálogo.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y el expresidente de Tanzania, Benjamin Mkapa, encabezan un esfuerzo regional para poner fin a la crisis en Burundi, pero el informe señala que los mediadores han progresado muy poco.
El embajador de Burundi ante la ONU, Albert Shingiro, explicó a la AFP que no había leído el informe, pero agregó que «cualquier crítica a las enmiendas constitucionales previstas en Burundi es una violación de la soberanía del Estado en línea con la Carta de la ONU».
La oficina de derechos humanos de la ONU continúa recibiendo denuncias de asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, principalmente por parte de la seguridad del Estado de Burundi, según el informe. Una comisión de investigación de la ONU creada en 2016 ha descubierto que crímenes de lesa humanidad se cometieron en Burundi.
Fuente: New Vision
[Traducción; Muriel Balda Aspiazu]
[Fundación Sur]
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