Detectives de las dos principales agencias de seguridad de Kenia, se centrarán en el Ministerio de Inmigración y de Registro de personas, por lo que han definido como “serias acusaciones de corrupción”, un tipo de corrupción, que según los portavoces de los cuerpos de seguridad, amenaza la seguridad de todos los keniatas.
En particular, la Unidad Antiterrorista de la Policía, ATPU, destaca que delicados documentos de seguridad han estado siendo vendidos a extranjeros con graves antecedentes criminales, poniendo en peligro la seguridad del país.
La comisión anticorrupción de Kenia, también está investigando las acusaciones de corrupción vertidas contra el Ministerio, relacionadas con funcionarios de baja escala. La policía entro en las investigaciones cuando perseguía a un sospechoso de terrorista, que había sido deportado el año pasado, y que ha logrado volver a entrar en el país, intentando obtener sus documentos de estos funcionarios corruptos. El famoso criminal intentó lograr la ayuda del Ministro de Inmigración mismo, quien se encuentra detenido bajo custodia policial, desde que se produjeron las acusaciones.
El hombre ha sido identificado como Abdul Fatah Abubakari Abdi, alias Abdul Farah Bakari, del que se dice que albergó en su casa de Mombasa al famoso sospechoso de terrorista, Fazul Abdullah Mohammed, antes del bombardeo del hotel Paradise, en Kikambala, en 2002. Fatah, que según la policía viene de Somalia, estaba con Fazul.
Farah fue arrestado en Mombasa y deportado a Somalia, junto con otros sospechosos desde el aeropuerto internacional de Jomo Kenyatta. Tras la cancelación de sus documentos de identificación, Fazul está en la lista de terroristas más buscados del FBI de Estados Unidos, desde el 10 de octubre de 2001.
Mientras ha estado en Somalia, Fatah ha mantenido comunicación con funcionarios del Ministerio de Inmigración, hasta que logró entrar en el país el mes pasado. Una semana después de su llegada, supuestamente solicitó la ayuda del Ministro y pidió asistencia para lograr sus papeles, presentando una fotocopia de un documento de identidad cancelado.
El portavoz de la policía asegura que todavía están investigando las graves acusaciones contra los sospechosos, que se han convertido en asuntos de seguridad de Estado.
(The Standard, Kenia, 21-07-08)
