El Tribunal Supremo de Gauteng Norte, en Pretoria, ha ordenado al gobierno devolver la tierra a la agricultora negra desalojado el mes pasado bajo la polémica política de “o la utilizas o la pierdes” [la tierra].
El caso fue presentado por la afectada por la reforma agraria, Veronica Moos, contra la ministra de Arte y Cultura, Lulu Xingwana, que lanzó la política con una gran fanfarria histriónica, cuando era la ministra de Agricultura.
Moos inicialmente quería una orden punitiva de costes contra Xingwana, en su capacidad personal, por su rol activo en el desalojo, pero este cargo se retiró más tarde.
El día 26 de mayo, el nuevo Departamento de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se ha separado del Agricultura, recibió el aviso de que tenía 12 horas para devolver la tierra de 21 hectáreas, que está cerca de Bapsfontein, en el Gauteng este, a Moos.
Varias fuentes gubernamentales declararon a Business Day que los beneficiarios, cercanos a Xingwana, ya habían recibido la granja.
Moos asegura que los nuevos beneficiarios habían intentado varias veces este mes ocupar la granja, por orden del departamento, violando un acuerdo interino que establecía que la propiedad permanecería vacante, pendiente del resultado del caso judicial.
“Esto es un gran alivio, pero sólo es el primer paso para poder lograr que mi granja vuelva a ser productiva”, exclamó Moos. “Todavía no tengo dinero para invertir en la producción. No estoy en una posición de poder asegurar la financiación en alguna otra parte, porque no tengo ni contrato de arrendamiento ni título de propiedad”, añade.
Esta sentencia podría exponer al departamento a otras acciones legales, por parte de los desalojados bajo la ley de la reforma agraria, consideradas improductivas. También resalta los fallos estructurales en la Estrategia para la Adquisición de la Tierra Proactiva, bajo la cual el gobierno compra granjas agresivamente, en el mercado abierto y las arrienda a otros beneficiarios. Los arrendamientos se pueden rescindir, si las granjas no son lo suficientemente productivas.
Diseñado para acelerar el reparto de la tierra, la estrategia ha acelerado el nivel de fracaso, ya que los nuevos agricultores no pueden obtener crédito de los bancos comerciales, cooperativas, o compañías de procesamiento de alimentos, por su falta de titularidad segura. Así, siguen siendo dependientes de las ayudas del gobierno.
Ya han tenido lugar al menos cinco desalojos, bajo la política de Xingwana, y están planeadas varias más, según el departamento.
Los abogados de derechos humanos, que están llevando el caso de Moos, están considerando iniciar un caso judicial contra la estrategia, porque, según ellos, está abierta a abusos arbitrarios por parte de los oficiales.
Un portavoz del departamento aseguró que deben estudiar la sentencia con detenimiento, antes de hacer ningún comentario.
“Todas las expulsiones han seguido el proceso correspondiente, y Moos ha recibido el apoyo adecuado del estado”, ha asegurado.
Esto se contradice con los documentos que ha manejado el juzgado, que muestran cómo Moos había intentado en varias ocasiones hacer que el departamento cumpliera sus promesas de apoyo, y le facilitase un contrato de arrendamiento válido.
Xingwana acusa a Moos de abandono de sus tierras y de tenerlas subarrendadas a un granjero blanco vecino, Jan Merneweck.
Moos respondió que había recibido una fracción del apoyo prometido, y se vio obligada a tirar de sus ahorros para la pensión, para hacer que la granja siguiera en funcionamiento. Ella había pedido a Merneweck que compartiese con ellas su hacienda, después de que los ladrones la asustasen, porque vivía allí sola.
Xingwana sacudió el sector de la reforma agraria, en marzo, al anunciar que los beneficiarios de tierra del estado improductivos, perderían sus granjas. Los sindicatos agrarios y los activistas de la tierra, denunciaron esta medida como una estratagema pre electoral, para desviar la atención de las meteduras de pata del departamento.
Stephen Hofstatter
Publicado en Business Day, de Suráfrica, el 27 de mayo de 2009.
Traducido por Rosa Moro, de Fundación Sur.
