Dos empresarios han presentado investigaciones para detener la audiencia que tendrá lugar a raíz del proceso iniciado por Ocampo contra los cuatro sospechosos de provocar la violencia postelectoral de 2007 y 2008 en Kenia. También están buscando una orden para obligar a la CPI a hacer públicos los nombres de las otras personas que figuran en el sobre que fue entregado en su momento a Kofi Annan por el juez Philip Waki.
Jackson Mwangi y James Ndirangu buscan una declaración de que las actuaciones en la Corte Penal Internacional se están llevando de acuerdo con la legislación keniana, al menos los principales del Estatuto de Roma, en lo referido al procedimiento y a las pruebas. También quieren asegurarse de que la actuación del fiscal se está llevando a cabo conforme las pautas que marcan la legalidad.
Con todo ello buscan una declaración de restricciones por parte de la Corte Penal Internacional y del gobierno de Kenia acerca de la posibilidad de presentar cargos o de detener a ciudadanos kenianos por parte de la Corte Penal Internacional.
Los dos creen que la Justicia en manos del Juez Waki cometió una ilegalidad, cuando ocultó los nombres de las personas que tuvieron la mayor responsabilidad por la violencia post-electoral a la autoridad y al público.
El día 19 de abril, después de escuchar su caso, juez del Tribunal Superior Isaac Lenaola se dirigió a los dos hombres de negocios para informarles de que la justicia sigue su curso enfrentando a cuatro sospechosos cuyos cargos han sido confirmados por la Corte Penal Internacional. La audiencia para los sospechosos Uhuru Kenyatta y Joshua Arap Sang se celebrara el 26 de abril.
(The Star, Kenia, 20 de abril del 2012)
Noticia traducida y enviada por Eva Estaun, española residente en Nairobi.
