Según el analista B. Crumpton (11/02/2026), el aumento de la inseguridad representa una amenaza importante para la movilización de los recursos internos de África y el fomento de su desarrollo. La paz y la estabilidad política son condiciones necesarias para promover la inversión y disminuir el coste de la deuda (menor prima de riesgo) en un momento en el que los fenómenos de inseguridad son cada vez más frecuentes.
Guerras, insurgencias y conflictos de población interrumpen el comercio, destruyen las infraestructuras y desplazan a millones de personas, lo que conduce a reducciones de la productividad y a aumentos de los niveles de pobreza. Conflictos en aumento, que no son únicamente exclusivos del continente africano, sino que se suceden a lo largo y ancho del mundo, muy especialmente en el mismo seno de Europa y en Oriente Próximo, con interacciones negativas entre las diferentes regiones.
Se estima que, a finales de 2023, 35 millones de personas se habían desplazado en el interior de los países, siendo la mayor parte de ellas desplazadas por conflictos y guerras. Pero más allá de este coste humano, los conflictos erosionan el desarrollo de África con costes económicos superiores a 18000 millones de dólares anuales.
Es por ello de sumo interés estudiar la situación de la seguridad en África. Los datos disponibles proceden de las encuestas realizadas periódicamente por la Fundación Mo Ibrahim.
La constatación de la pérdida de seguridad se compadece bastante bien con otros indicadores como el de percepción de los ciudadanos sobre las oportunidades económicas, los cuidados sanitarios o el Estado de derecho, que se han deteriorado fuertemente en los últimos años. Adicionalmente, la seguridad correlaciona bien con los niveles de gobernanza, la inclusión social, la lucha contra la corrupción, el buen entorno empresarial, la rendición de cuentas/transparencia y los niveles educativos.
Por otra parte, los datos muestran que el progreso general en la gobernanza se ha estancado en África desde 2018, tras cuatro años de mejora lenta pero gradual. Esta preocupante tendencia general se ve impulsada por el deterioro continuo de la dimensión de Seguridad y Estado de Derecho, que ha sido la categoría de gobernanza más perjudicada desde 2014.
Detrás de este estancamiento hay patrones profundamente preocupantes para los responsables africanos. Las encuestas de Necesidades y Satisfacción de la Justicia del Instituto de La Haya para la Innovación en el Derecho permiten observar que, en los países africanos, la mayoría de los ciudadanos con problemas legales nunca acceden a mecanismos formales de justicia, lo que pone de manifiesto la brecha entre los marcos institucionales y la experiencia vivida.
Las discusiones en el Fin de Semana de Gobernanza Ibrahim 2025 destacaron que mejorar la gobernanza central, especialmente los mecanismos de seguridad y Estado de derecho, es una barrera crítica. A medida que la inseguridad se intensifica, la actividad económica se contrae: los inversores miran a otros lugares, los comerciantes evitan corredores de transporte arriesgados y los hogares reducen el consumo.
Más allá de los ciclos políticos nacionales, muchas comunidades experimentan inseguridad a través de conflictos de tierra y propiedad que se prolongan en el tiempo sin remedio, estructuras de poder locales depredadoras y formas de violencia y bandolerismo que prosperan donde la protección estatal y la resolución creíble de disputas no existen. En las zonas rurales, la inseguridad vinculada al robo organizado de ganado se ha relacionado repetidamente con la ausencia estatal, la pobreza y el colapso de las autoridades locales, empujando a las comunidades hacia sistemas informales y a menudo coercitivos de orden.
En fin, los líderes de toda África se enfrentan a una elección estratégica: seguridad a corto plazo producto de reformas aisladas o reformas de déficits institucionales, que focalizan la lucha contra la desconfianza, la inseguridad y el estancamiento en su conjunto. Los ciudadanos necesitan ver resultados tangibles para conseguir que las reformas puedan arraigarse.
José María Mella
CIDAF-UCM
