La Red europea por África central (EURAC) y las ONG miembros de la misma están especialmente preocupados por las informaciones que aparecen en recientes informes, según los cuales se estarían vendiendo secretamente a actores privados recursos mineros congoleños a precios inferiores a los del mercado y en ausencia de un procedimiento público de competencia.
Exhortamos a los donantes de fondos europeos y al Banco Mundial a que se muestren más proactivos en la vigilancia de semejantes maniobras y en la puesta en funcionamiento de los mecanismos para una buena gobernanza, según el acuerdo firmado entre el gobierno congoleño y el Banco Mundial en marzo de 2011.
En este país, que alberga cerca del 34% de los recursos mundiales de cobalto, y el 10% de las reservas de cobre, el Estado mantiene cierto control en la mayoría de los proyectos mineros por medio de las empresas públicas Gecamines y Sodimico, accionistas minoritarias en el seno de empresas mixtas (joints ventures) con inversores extranjeros. Gracias a sus títulos en el sector minero, el Estado puede generar ingresos públicos.
Gecamines y Sodimico habrían vendido recientemente sus respectivas partes en varios proyectos mineros, concretamente Mutanda, Lonshi y Frontier, todos ellos situados en la provincia de Katanga. Conocida después de los hechos, la venta de estos activos no habría respetado el principio de competencia transparente y equitativa. La identidad de los compradores sigue sin ser divulgada por las autoridades congoleñas.
Tenemos buenas razones para pensar que esos activos – de un valor total de 1.000 millones de dólares – han sido vendidos a precios inferiores a su valor real en el mercado. Ello constituiría una violación de la “Matrice” por la buena gobernanza económica firmada entre la RDC y el Banco Mundial en marzo de 2011, que reúne una serie de acuerdos entre donantes y la RDC para favorecer la gestión más equitativa y transparente del sector minero. Dichos acuerdos prevén en concreto la publicación de cualquier contrato minero en un plazo de 60 días y el tratamiento equitativo y transparente de los inversores mineros. Es urgente que los donantes de fondos a la RDC expresen de manera coherente y coordinada sus preocupaciones a las autoridades congoleñas antes este no respeto aparente de los acuerdos.
Por otra parte, el sector minero está conociendo un crecimiento importante, llamado a perdurar en los próximos años. En consecuencia, una empresa pública no tiene ningún interés en vender los pocos activos que detenta en el seno de sociedades mixtas (joints ventures) mineras extranjeras.
Un comunicado publicado el 16 de agosto por parte de organizaciones de la sociedad civil cuestionaba las actuaciones de estas empresas y reclamaba que se publicaran las sumas recibidas por esos activos mineros.
Más allá de la cuestión de los contratos mineros opacos en manos de un puñado de actores privados y del baile de activos del Estado en el seno de las sociedades mixtas, EURAC piensa que la RDC debería proceder al aumento de las tasas impositivas del sector minero para asegurarse una fuente financiera a largo plazo que reflejaría los valores reales del mercado. Los ciudadanos congoleños no podrán sacar provecho de las riquezas mineras de su país mientras esos recursos financieros no sean gestionados de manera transparente.
EURAC exhorta a la Unión Europea y a sus Estados miembros:
– a seguir de más cerca la gestión del sector minero que realiza el gobierno congoleño, a que la “Matrice” de la buena gobernanza económica se respete y a actuar de manera que los incumplimientos de los acuerdos sean sistemáticamente denunciados.
– A aplicar las reglas de la transparencia a semejanza de los EEUU, a fin de obligar a las empresas petrolíferas y mineras europeas a declarar los pagos realizados a gobiernos, país por país, proyecto a proyecto.
(Comunicado publicado por EURAC, Bruselas 13 de septiembre de 2011.)
Traducido al español por Ramón Arozarena.
