La Comunidad de Desarrollo del África austral (SADC) convocará, este fin de semana, una cumbre en Mozambique para recibir el informe de su comisión de investigación sobre las “perturbaciones de la paz y la estabilidad en Lesotho”. La comisión, de 10 miembros, liderada por el juez del Tribunal Supremo de Botsuana, Mpaphi Phumaphi, comenzó su trabajo en septiembre y lo concluyó a principios de noviembre. La investigación se puso en marcha a raíz de la cumbre de la SADC, que tuvo lugar en Pretoria en julio.
Sudáfrica, presidente de la SADC en el momento, etiquetó la situación de la seguridad en Lesoto como de ‘explosiva’ tras el asesinato del ex jefe del Ejército, Maaparankoe MaHao, por sus compañeros militares el 25 de junio. Según el gobierno de Lesotho, este hecho tuvo lugar durante el intento de arresto por un presunto motín.
Mientras tanto, en Lesotho, el caso que cuestiona a la SADC está todavía pendiente en el Tribunal Superior. Además, altos funcionarios del gobierno han dicho sin rodeos, que las conclusiones de la comisión no serán vinculantes. El aparente enfrentamiento entre Lesoto y la SADC ha alimentado la percepción de que los aspectos críticos del informe podrían ser suavizados para que sean aceptables para el gobierno de Lesoto.
Esta no será la primera vez que un informe de la Comisión de Encuesta de la SADC en Lesotho se convierta en una fuente de tensión diplomática o indignación pública. Así fue el caso en 1998, cuando se publicó el informe final de la “Comisión Langa” de las investigaciones sobre irregularidades electorales. Una versión filtrada del informe inicial detallaba conclusiones condenatorias sobre el gobierno, conclusiones que se omitieron en la versión final del informe. Este último informe, por tanto, una vez más será publicado en medio de un contexto de grandes expectativas, pero también de tensión y escepticismo.
Los hechos anteriores al fallecimiento de MaHao también proporcionan material para la investigación. Dos meses antes de su asesinato, el nuevo gobierno de coalición de siete partidos del país cesó a MaHao y restableció a Tlali Kamoli como Comandante de la Fuerza de Defensa (LDF) de Lesoto. Kamoli cesado de este cargo por el anterior gobierno de coalición en 2014 y es, sin duda, una figura polarizante en la política de Lesoto.
Tom Thabane, el primer ministro entonces, le acusó de un intento de golpe. Aunque nadie ha rendido cuentas de los acontecimientos de agosto de 2014, en junio de 2015, el LDF instruyó cargos por motín contra unos 50 miembros del LDF. MaHao fue señalado pero nunca fue acusado o detenido. Un consejo de guerra ya ha sido creado para enjuiciar a 23 de estos soldados.
Thabane, ahora el líder oficial de la oposición en el Parlamento, huyó del país tras denunciar un complot del LDF para matarlo. En la actualidad, todos los dirigentes de la oposición parlamentaria están en el exilio, y sus colegas restantes están boicoteando el Parlamento. El número total de miembros de la oposición del Parlamento (MPs) es de 55, mientras que la coalición de gobierno cuenta con 65 escaños en la legislatura de 120 miembros de Lesoto.
Lesoto tiene una larga historia de política partidista, en la que el ejército ha sido utilizado para proteger los intereses políticos. A su vez, los políticos protegen a los soldados. La impunidad está muy arraigada.
Los que están en el poder se han envalentonado para perpetuar este ciclo. Por ello Lesoto nunca una tarea fácil para la SADC.
Fiel a este hecho, el juez Phumaphi opinó que el gobierno y el LDF no cooperaron y además hicieron todo lo posible para frustrar sus intentos de establecer los hechos sobre el terreno. El gobierno de Lesoto también se enfrentó con la SADC sobre el consejo de guerra, los términos de la comisión de referencia y su jurisdicción.
Con respecto a esto último, se alegó que la Comisión no tenía poder para operar fuera de las fronteras de Lesoto cuando llevó a cabo audiencias con exiliados en Sudáfrica. Lesoto tampoco está de acuerdo sobre a quién debe reportar la comisión y a quien se deben entregar los informes de las comisiones, argumentando que se estableció en virtud de una ley interna llamada “acta de encuesta pública”. Bajo esta ley interna, la Comisión se ve obligada a presentar el informe al primer ministro Pakalitha Mosisili, que tiene poder para decidir qué recomendaciones acepta. El informe se presenta entonces ante el Parlamento y el Senado en el plazo de15 días desde su recepción.
Esto significa que Mosisili podría presentar el informe en la forma en que éste fue originalmente presentado por Phumaphi o podría omitir algunos de sus contenidos. Estas son algunas de las razones por las que el informe es tan altamente esperado en Lesoto, en particular por parte de la sociedad civil y la oposición que exigen que se haga público de inmediato.
Para la familia de MaHao, los resultados tendrán un profundo significado personal. La exposición de las razones, personas y fuerzas que están detrás de su muerte podría ser el primer paso hacia el cierre del tema, así como la consecución de justicia en los tribunales. Más importante aún, cuestiones como el papel de los distintos actores políticos (incluido el Ministro del Interior, Lekhetho Rakuoane y el viceprimer ministro Mothetjoa Metsing) pueden ser “enterradas”. Los dos hombres están acusados de haber tenido algún papel o conocimiento de la trama para eliminar a MaHao.
En segundo lugar, para la oposición y otros políticos en el exilio, la credibilidad de su relato pende de un hilo. El gobierno de Lesoto ha logrado garantizar su regreso seguro, argumentando que no había ninguna amenaza real para sus vidas. El Parlamento abrió sus puertas en octubre y ha estado operativo sin ellos. Una ley vigente limita el plazo en el que los diputados pueden estar ausentes del Parlamento sin el permiso escrito del Portavoz. Por lo tanto, podrían llegar a perder sus escaños. Sin embargo, esta ley también podría ser impugnada. Es difícil calcular este período de ausencia cuando el propio Parlamento de Lesoto no ha podido reunirse por lo menos un tercio de sus propias citas consecutivamente.
El futuro de los soldados acusados de motín es también una preocupación. La pena por este delito es la pena de muerte; y muchos en el país han cuestionado la premura con que el proceso ha sido manejado. Los derechos humanos, el Estado de derecho y el acceso a la justicia se verán, por tanto, afectados por lo que la comisión averigüe y recomiende con respecto a estos hombres.
Existe un gran interés por parte de los socios internacionales de Lesoto, incluidos las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea. Todos han pedido al gobierno que investigue a fondo la muerte de MaHao y que tome medidas contra los autores, para mostrar su compromiso tanto con el estado de derecho como con la reforma de las politizadas instituciones públicas y de seguridad.
El informe Phumaphi se espera con gran expectación en Lesoto. Dada la profundidad actual del rencor, como manejar las posibles reacciones va a suponer un gran reto. Y además, al final, el informe puede haber sufrido el destino de los anteriores; podría haber sido alterado, ignorado por el poder ejecutivo o ambas cosas a la vez.
La esperanza en Lesoto es que sus contenidos no hayan sido manipulados y que, eventualmente, sirvan de base para una solución real y duradera a los problemas del país.
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Fundación Sur
