Éste será el último comentario a los artículos de investigación sobre cinco países africanos que hemos venido tratando estas últimas semanas. El 19 de enero de este año, el periodista zimbabuense Brezh Malaba publicó “No human rights for `bad apples´” (Sin derechos humanos para las “manzanas podridas”). Con ese título, Malaba se refería a que el gobierno de Harare, en manos del ZANU-PF, justifica la represión de sus opositores con que las protestas y los problemas a los que se enfrenta el país, se deben a las “malas manzanas” locales, ayudadas por “agentes occidentales”.
Pro memoria, tras 37 años en el poder Robert Mugabe se vio obligado a dimitir el 21 de noviembre de 2017. Tres días más tarde Emmerson Mnangagwa, ex vicepresidente y nuevo líder del ZANU-PF, juró su cargo como presidente en lo que, a todas luces, había sido una revuelta palaciega. Para justificar jurídicamente la revuelta, hubo elecciones el 30 de julio de 2018. ZANU-PF obtuvo la mayoría en el parlamento y Mnangagwa fue declarado vencedor con el 50,8 % de los votos. La oposición organizó protestas, y seis personas murieron en las manifestaciones. En 2017, con Mugabe todavía en el país, la ONG “Zimbabwe Peace Project” había documentado 1.339 casos de agresión e intimidación por parte de agentes estatales y miembros del ZANU-PF contra críticos y activistas de la oposición. En 2018, con Mnangagwa en el poder, fueron 1.840 los casos documentados. En enero de 2019, tras un incremento del 130 % en el precio de la gasolina, miles de manifestantes se manifestaron y la respuesta de las fuerzas de seguridad fue contundente, con cientos de detenciones y muchos fallecidos. Kubatana.net, un “hub” (intercambiador) de información de la sociedad civil lo describía así el 3 de febrero de 2019: “La campaña de violaciones de derechos humanos dirigida contra la población civil en todo el país ha provocado muertes, desplazamientos, torturas y agresiones a cientos de personas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la violación de más de 15 mujeres en Epworth, Hopley y Bulawayo”. “Con el presidente Emmerson Mnangagwa, algunos esperaban que mejoraría la situación, pero no parece ser el caso”.
En junio de 2020, los periodistas Hopewell Chin’ono y Mduduzi Mathuthu publicaron cómo el ministro de Sanidad, Obadiah Moyo, había desviado hacia sus amigos 60 millones de dólares de ayudas para la campaña contra la covid-19. Se organizó una protesta para el 31 de julio, #Zimbabweanlivesmatter, con la ayuda también de personajes extranjeros. Pero el 11 de julio, el portavoz interino del ZANU-PF, Patrick Chinamasa, pidió a los seguidores del ZANU-PF que “defiendan a nuestra gente, sus propiedades y, lo que es más importante, defiendan la paz en sus comunidades contra estos descontentos, estos hooligans contratados y matones que se regocijan con el saqueo y quema de propiedades”. Hopewell Chin’ono fue arrestado el 20 de julio junto con el activista y político de la oposición Jacob Ngarivhume. El 30 de julio, agentes de seguridad allanaron la casa del colega de Chin’ono, el editor Mduduzi Mathuthu en Bulawayo. Mathuthu no estaba en casa y los agentes secuestraron a su sobrino, Tawanda Muchehiwa, que fue detenido y torturado durante tres días. El 31 de julio, día previsto para las protestas, otros sesenta activistas fueron arrestados, entre ellos el galardonado autor Tsitsi Dangarembga y el portavoz del opositor Movimiento por el Cambio Democrático, Fadzayi Mahere. Eventualmente, dada la detallada evidencia contra el ministro Obadiah Moyo, éste fue acusado formalmente el 9 de julio de 2020. Pero la Corte Suprema anuló la acusación por ser “imprecisa”. Ese veredicto, y la continua persecución de opositores y periodistas, llevó a Muleya Mwananyanda, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Austral, a expresar su preocupación: “los críticos del gobierno y los miembros de la oposición son constantemente acosados”, “mientras que las élites políticas de alto perfil que se enfrentan a delitos penales son tratadas de manera completamente diferente en la mayoría de los casos”. Daniel Garwe, ministro zimbabuense de la Vivienda, confirmó indirectamente la opinión de Muleya Mwananyanda, cuando en noviembre de 2022 fue filmado diciendo que ZANU-PF “posee” (“owns”) el poder judicial y las fuerzas de seguridad, y que el partido gobernante y sus partidarios harán “cualquier cosa” para garantizar la reelección del presidente Emmerson Mnangagwa en las elecciones de 2023 (previstas para el próximo mes de julio).
Aunque según el Banco Mundial Zimbabue posee un excelente capital humano (aunque estén surgiendo algunas carencias de habilidades en ciertos sectores de la economía) y abundantes recursos naturales y minerales que “si se gestionan bien pueden apoyar los objetivos de desarrollo del país”, el clima dictatorial de inseguridad reinante en Zimbabue está perjudicando terriblemente su economía. Datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT, ILO en inglés) apuntan a que en 2020, 580.000 jóvenes emigraron buscando oportunidades en el extranjero. La neerlandesa Evelyn Groenink (1960), cofundadora en 2003 del “Foro para Reporteros Africanos de Investigación” y editora del “African Investigative Publishing Collective”, lo expresa muy bien en su introducción a los cinco artículos publicados por Zam que hemos ido comentando: “Muchos jóvenes arriesgan todo para emigrar en busca de pastos más verdes dentro y fuera de África. Los arrastran promesas de empleos y riqueza, pero también son empujados por líderes autocráticos que tratan las arcas del Estado como huchas privadas y a los opositores políticos como criminales”. Y Evelyn Groenink cita la frase atribuida a Desmond Tutu: “Llega un punto en el que tenemos que dejar de sacar a la gente del río e ir río arriba para ver quién los está echando al agua”.
Ramón Echeverría
[CIDAF-UCM]
