“No es bueno ser periodista o denunciante en el país de Paul Biya. Todos aquellos que investigan la corrupción de las élites son amenazados, abusados, torturados y a veces asesinados en un silencio ensordecedor de la comunidad internacional”. Así comienza un artículo de investigación de dos periodistas cameruneses, Chief Bisong Etahoben y Elisabeth Banyitabi. Fue publicado en inglés por la revista ZAM, primero de una serie, “Cry Freedom”, que ha documentado en cinco países del continente africano (Camerún, Kenia, Nigeria, Uganda y Zimbabue), el aumento de las detenciones políticas, secuestros, torturas y agresiones por parte de las fuerzas de seguridad y actores patrocinados por el Estado, así como la intensificación de las leyes represivas y la vigilancia digital. ZAM Magazine es la publicación de la ZAM-net Foundation, una plataforma creada en 2007, con sede en Ámsterdam, y que sostiene una red de más de 1200 periodistas de investigación en países africanos y la diáspora. Esos artículos, traducidos al francés, los he ido leyendo en Afrique XXI, rama africanista recién fundada de Orient XXI, sitio muy conocido por sus informaciones sobre el mundo árabe y el Islam. El artículo sobre Camerún, primero de la serie, fue publicado por Afrique XXI el 5 de enero de este año. Su lectura no invita al optimismo.
Según la Ley Antiterrorista aprobada por el gobierno de Paul Biya (presidente desde 1982) en 2014, es “terrorista” cualquier acción que “cree una situación de crisis” o “insurrección”. Esa ley permite la detención indefinida sin cargos, por delitos como el «enaltecimiento de actos de terrorismo» en los medios de comunicación, y ha sido ampliamente utilizada por las fuerzas de seguridad como excusa para detener a manifestantes y activistas pacíficos. Para su artículo, Bisong y Banyitabi escogieron algunos casos significativos o que trataban de personajes más conocidos. Algunas de las personas que habían sufrido abusos por parte de las fuerzas de seguridad prefirieron no ser entrevistadas. Y hubo quienes se enfadaron al constatar que los periodistas conocían sus nombres. En 2015 fue arrestado Ahmed Abba, de Radio France Internationale (RFI) que informaba sobre los refugiados y las zonas conflictivas del país. Como director general de Radio Televisión de Camerún (CRTV), Amadou Vamoulké había denunciado la malversación de fondos públicos dentro de la empresa y había tratado de reformar y profesionalizar las políticas de contratación (Al parecer el 80 % de los puestos directivos del canal están ocupados hoy por miembros del clan del presidente Paul Biya). Vamoulké fue detenido en julio de2016 y condenado el 20 de diciembre de 2022 a doce años de prisión por malversación de fondos, después de que, según Bisong y Banyitabi, se fabricaran las pruebas en su contra. En 2017 Hans Achomba fue atacado por filmar protestas antigubernamentales en el suroeste de Camerún. Samuel Ajiekah Abuwe (“Wazizi”), de la Chillen Music Television, que informaba regularmente sobre la corrupción estatal y las violaciones de derechos humanos, fue dado oficialmente por desaparecido en noviembre de 2018. Se anunció su muerte el 17 de agosto de 2019 en un hospital militar de Yaundé. Bajo anonimato, otro periodista explicó a Bisong, cómo en 2021 casi perdió un ojo mientras trabajaba en una investigación que involucraba a una figura poderosa. “Unos hombres vinieron a mi casa y me agredieron. Sabía quiénes eran, pero dijeron que volverían para acabar conmigo si me atrevía a mencionar sus nombres. Después de eso, tuve que llevar a mis hijos a un país vecino”. A Paul Chouta ya le habían advertido que dejase de escribir “idioteces” y hacerse el héroe. Secuestrado en 2022 mientras veía un partido de fútbol en un bar, fue llevado a una zona cercana al aeropuerto, agredido brutalmente y dejado medio muerto. “Me dijeron que era muy terco y que no quería aprender la lección”. También en 2022, el coche de Jean François Channon, editor de Le Messager, el principal diario privado en francés de Camerún, fue tiroteado mientras volvía a casa. Channon cree que este ataque estuvo relacionado con la cobertura de su periódico de un caso de malversación de fondos que involucraba al exalcalde de un barrio de Yaundé y una empresa maderera.
Oficialmente, el gobierno de Camerún lucha contra la corrupción a través de la Comisión Nacional Anticorrupción de Camerún (Conac) y la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF). Sus funcionarios admiten que ambas agencias existen debido a la presión de los países donantes más que por voluntad de los políticos locales. Pero prefieren no manifestarse públicamente. El informe más reciente de la Conac, que cubre 2020, estima que solo en ese año se malversaron alrededor de 2 mil millones de dólares de fondos públicos (el 20 % del presupuesto estatal para 2022). Pero este tipo de informe cae en oídos sordos: solo en 2018, la Conac transfirió 94 casos de malversación de fondos a varios tribunales de todo el país para su enjuiciamiento, pero hasta ahora ninguno ha sido juzgado. Silencio también cuando son miembros de la administración quienes intentan luchar contra la corrupción. Albert Ze, francófono y miembro del clan Beti (el del presidente Biya), funcionario en el Ministerio de Sanidad, inició una auditoría sobre ciertas irregularidades en el uso del Fondo de Solidaridad para la covid-19. Le dijeron que estaba “metiendo la nariz en asuntos que no le conciernen”. Y fue trasladado a Bamenda, en la región anglófona de Camerún, en la que las gentes no les tienen ninguna simpatía a los francófonos Beti. Nancy Saiboh, que debía participar en esa misma auditoría, fue también transferida repentinamente a una zona rural. Desde entonces, según explicó a los periodistas de Zam Magazine, ha recibido amenazas en Facebook, y “siempre mira por encima del hombro” donde quiera que vaya.
¿Y la comunidad internacional? Edith Kahbang Walla (“Kah Walla”), presidenta del Cameroon People’s Party (oposición), fundadora de “Stand up for Cameroon”, y reconocida en 2007 por el Banco Mundial como una de las siete mujeres empresarias más influyentes de África, se explica sin tapujos: “En Stand Up for Cameroon, hemos pedido al Fondo Monetario Internacional que haga rendir cuentas de un préstamo de 335 millones de dólares a Camerún para la lucha contra la covid-19. El FMI no lo ha hecho. En cambio, dieron más dinero al gobierno camerunés. Esto es complicidad”. En realidad, esos millones fueron investigados por la Cámara de Cuentas de la Corte Suprema de Camerún, que dijo que había recomendado el enjuiciamiento de diez personas por malversación de fondos. Sin embargo, los nombres de los diez sospechosos no se han hecho públicos y el informe no se ha presentado al Parlamento.
(Continuará)
Ramón Echeverría
[CIDAF-UCM]
