La ONG dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en su informe publicado el pasado lunes el “uso regular de la tortura y detención ilegal” por parte de las autoridades camerunesas contra los separatistas de habla inglesa.
HRW afirma haber documentado 26 casos de detención ilegal y desaparición forzada en el centro de detención de la Secretaría de Estado para la Defensa (SED) entre enero de 2018 y 2019 así como 14 casos de tortura. Todos los casos tenían que ver con anglófonos separatistas o personas acusadas de serlo.
Los gendarmes y otras fuerzas de seguridad de la SED asestaron fuertes palizas y casi ahogamientos para obtener las confesiones. La ONG ha afirmado que entre ellos “diez eran líderes del autoproclamado Gobierno interino de Ambazonia”. Los separatistas de habla inglesa en Camerún, país con mayoría francesa, están haciendo campaña para la creación de un Estado independiente en las regiones noroeste y sudoeste denominado Ambazonia.
A fines de 2017, tras un año de protestas, los separatistas tomaron las armas contra el Gobierno y, desde entonces, estas regiones han sido escenario de un conflicto armado que continúa en aumento. El pasado miércoles, el Ministerio de Defensa denunció en Facebook el «silencio culpable y la complicidad de HRW, Amnistía Internacional y los medios de comunicación internacionales» ante los abusos cometidos por los separatistas contra civiles.
A mediados de abril, se negó la entrada a Camerún a un investigador de HRW que trabajaba en el conflicto en el área de habla inglesa. Según el centro de análisis geopolítico International Crisis Group, el conflicto ha matado a 1.850 personas en veinte meses y, de acuerdo con la ONU, ha obligado a más de 530.000 personas a huir de sus hogares. Estados Unidos ha liderado la iniciativa para que el Consejo de Seguridad de la ONU celebre su primera reunión con motivo de esta crisis en Camerún el próximo 13 de mayo cuyo objetivo principal será la situación humanitaria.
El pasado jueves, Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, viajó a Camerún para reunirse con el presidente Paul Biya.
Fuente: Africa News
[Edición y traducción, María Murillo Luque]
[Fundación Sur]
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Human Rights Watch denuncia torturas y abusos en el conflicto de Camerún
El artículo dice que después de un año de protestas se levantaron en armas contra el Gobierno, eso no es del todo cierto: Se formaron milicias armadas contra el Gobierno después de que las fuerzas del régimen mataran a varias personas tras la declaración de independencia simbólica de ‘Ambazonia’ en octubre, el mismo día que se hacía otro referéndum en Cataluña. La diferencia aquí radica en que en Camerún la población civil que no es pro-régimen no tiene derecho a manifestarse ni a alzar la voz por sus derechos en su propio país sin que el Gobierno utilice la violencia y la muerte como única respuesta. Esta parte de la población empezaron a manifestarse primero a través de sus juristas, por razones más que legítimas, como la no traducción de documentos legales relevantes y el envío de magistrados no angloparlantes a juzgar a los habitantes de dichas regiones. Cualquier reivindicación en Camerún es como chocar contra el muro sangriento de un gobierno sin ley. Esta gente se hartó y también decidió tomar el camino de la violencia. Y así llevamos más de 2 años. Toda tentativa de diálogo iniciada por organizaciones nacionales, civiles y religiosas ha sido boicoteada por el Gobierno. El riesgo de Guerra Civil es cada vez más inminente, más ahora cuando han encerrado a uno de los líderes de la oposición y otros 200 de sus seguidores, utilizando la Ley contra el terrorismo para la represión política. Nada funciona bien en Camerún, y es una pena que las potencias extranjeras valoren más la estabilidad de un régimen dictatorial que las vidas humanas que viven dentro de ese sistema gerontocrático y necrófilo.