El gobierno de la República Democrática del Congo ha matado al menos a 500 personas sospechosas de ser oponentes políticos, en los últimos dos años, según ha denunciado la organización Human Right Watch, HRW, en un informe publicado el día 25 de noviembre.
HRW acusa al gobierno del presidente Joseph Kabila de una brutal represión, añadiendo que se han detenido además a otras 1.000 personas, desde las elecciones de julio de 2006, celebradas con el objetivo de llevar la democracia al vasto país del África central. Muchos de estos detenidos aseguran haber sido torturados.
El informe afirma que las fuerzas de seguridad del gobierno han asesinado deliberadamente y ejecutado sumariamente a alrededor de 500 personas, principalmente en el noroeste y sur del país, lejos del actual conflicto con los rebeldes, centrado en el este del país, en las provincias de los Kivu Norte y Sur, y que se ha utilizado la fuerza de manera ilegal para intimidar y eliminar a los oponentes políticos.
HRW ha descubierto que el mismo Kabila impuso las directrices dando órdenes de “aplastar” o “neutralizar” a los llamados “enemigos de la democracia”, durante las elecciones.
La rebelión en el este del país proviene de un conflicto no resuelto desde la guerra civil de la República Democrática del Congo, entre 1998 y 2003, que terminó con un gobierno de transición y las elecciones que se celebraron hace dos años, pero HRW asegura que la actual contienda no debe permitir que se reste importancia a los abusos cometidos en otras partes.
“Mientras que todo el mundo centra su atención en la violencia existente en el este del Congo, los abusos del gobierno contra los oponentes políticos apenas atraen la atención”, comenta en el informe Anneke Van Woudenberg, investigadora de la división África de HRW. “Los esfuerzos para construir un Congo democrático están siendo sofocados no sólo por la rebelión, sino también por la represión del gobierno de Kabila”, asegura.
Mediante entrevistas con 250 víctimas, testigos y oficiales, HRW ha documentado cómo los subordinados de Kabila están utilizando las fuerzas de seguridad del Estado para aplastar a los oponentes políticos, especialmente los sospechosos de apoyar al derrotado candidato a la presidencia, Jean Pierre Bemba, y a los miembros del grupo religioso-político, Bundu Dia Kongo, BDK, del bajo Congo, que reivindican una mayor autonomía.
Los agentes del estado han intentado encubrir estos asesinatos de oponentes enterrando los cuerpos en fosas comunes o tirándoles al río Congo, además de bloqueando las investigaciones del personal de derechos humanos de las Naciones Unidas, según muestra el informe de 96 páginas de la organización HRW.
Los detenidos por el gobierno de Kabila han relatado casos de torturas, ejecuciones de broma y la utilización de bastones eléctricos en sus genitales y otras partes del cuerpo. Muchos aseguran que fueron obligados a firmar confesiones en las que se decía que estaban implicados en golpes de estado contra Kabila.
“Mientras me pegaban con palos y varas, los soldados me gritaban repetidamente: “¡Te aplastaremos, te vamos a aplastar!” y entonces me amenazaron con matarme a mí y a cualquier otro que se opusiese a Kabila”, relató un activista político detenido en marzo de 2007, a HRW.
Al menos 200 personas permanecen detenidas en relación con casos políticos, según los cálculos de HRW.
El informe de la organización también señala que grupos armados relacionados con Bemba y el BDK han sido acusados de matar a agentes del estado y a civiles, pero añade que la respuesta de la policía y del ejército, a menudo se llevó a cabo con excesiva fuerza.
El informe también critica a los gobiernos extranjeros que quieren obtener favores del gobierno de Kabila, por callarse ante la creciente represión de este último. “Todos veíamos venir esto, pero una vez más no hicimos lo suficiente para atajar la crisis”, reconocía un consejero militar europeo, con una estrecha relación con el ejército congoleño, ante HRW en marzo de 2007, cuando los incidentes de Kinshasa dejaron cientos de muertos.
El grupo internacional de derechos ha hecho un llamamiento al gobierno de Kabila, para que establezca un grupo de trabajo especial de alto nivel, desde el ministerio de Justicia, para que investigue las acusaciones de abusos.
(IOL, 25-11-08)
