“Me temo que la mayor parte de la opinión pública y también los periodistas en Sudáfrica aceptaron la versión del gobierno y la policía sobre lo que pasó en Marikana. Ese es mi mayor temor”, dijo James Nichol, abogado de algunas de las familias de las víctimas de la masacre del 16 de agosto de 2012, en la que murieron 34 mineros que formaban parte de una marcha de protesta contra la que disparó la policía. Hoy, la comisión de investigación que formaron las autoridades comenzó a escuchar los alegatos finales de las partes. También hablará Nichol, quien en un raro debate periodístico en la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo repasó los acontecimientos de estos años.
“Permanentemente me encuentro gente que, siguiendo la versión oficial, me dice: ‘Yo apoyo a los mineros y siempre he apoyado sus demandas, pero no deberían haber atacado a la policía’”, dijo el abogado. Nichol cuestionó esta representación de los huelguistas como “personas que se volvieron locas por el muti (término de la medicina tradicional y algunos sacrificios rituales, n.d.r.), que habrían atacado a la policía, la cual se vio obligada a disparar en defensa propia”. El abogado recordó que cada uno de los muertos “tenían una historia, una familia, dejó a seres queridos en el Cabo Oriental, Suazilandia o Lesoto”.
La “mala imagen mediática” que se le dio a los mineros podría depender “parcialmente” de los acontecimientos posteriores, especialmente de lo que sucedió durante la última gran huelga, que duró de enero a julio de este año, dijo Nichol a la MISNA. En ese momento, miembros del mismo sindicato que había organizado las primeras manifestaciones habían sido acusados de agresión, violencia e incluso de homicidio.
Con respecto a la masacre de 2012, el abogado anticipó algunos de sus argumentos mostrando videos, fotos y otras pruebas que obtuvo la comisión como prueba. El jurista se hizo portavoz de las familias de las víctimas y reiteró su versión, según la cual en la decisión de abrir fuego participaron jefes de la policía y funcionarios del gobierno. “Vamos a pedir que se procese a Riah Phiyega, la comandante de la policía sudafricana, su contraparte provincial, Zukiswa Mbombo, y el vicepresidente Cyril Ramaphosa (director de la Lonmin en la época de los hechos, la empresa en la que trabajaban los mineros asesinados)”, dijo en respuesta a las preguntas de los periodistas.
Fuente Misna Fundación Sur
