Guinea Conakry ha acusado a la República Democrática del Congo, el día 19 de abril ante el Tribunal de justicia Internacional, de encarcelar y expulsar ilegalmente al un hombre de negocios multimillonarios guineano, en una disputa por la explotación de la vasta riqueza mineral del Congo RD.
El caso viene de las acusaciones mutuas de corrupción entre el gobierno y las compañías de recursos presentes en la RDC, cuando el país era conocido como Zaire y liderado por el famoso dictador Mobutu Sese Seko.
Los abogados de Guinea alegan que el empresario Ahmadou Sadio Diallo fue detenido erróneamente durante más de un año, en 1988, y después expulsado en 1996, con lo cual las compañías que le debían dinero no tendrían que pagarle. Los abogados afirman que la detención y expulsión quebró las leyes internacionales.
El profesor de derecho, Mathias Forteau, dijo ante el tribunal que las compañías petroleras y de minería eran parte integrante del proceso de expulsión de Diallo hasta tal punto, que Shell pagó el billete de avión del guineano cuando este fue deportado.
Diallo había pasado más de 30 años en Zaire, poniendo en marcha dos prósperos negocios de transporte y exportación de productos derivados del petróleo y otros minerales.
Pero después de su expulsión, llegó totalmente arruinado a Guinea Conakry “no tenía más que lo puesto”, según el abogado de Guinea, Luke Vidal. Diallo no acudió al tribunal el día 19.
Una compensación
El caso judicial siguió adelante a pesar de los muchos miembros clave de delegaciones tanto de Guinea como de la RDC que no han asistido al tribunal, debido a las cenizas del volcán de Islandia, que han interrumpido la mayor parte del tráfico aéreo en Europa.
La RDC tenía previsto presentar su versión del caso el día 21 de abril, pero no ha quedado claro si esto será posible, debido a la interrupción del tráfico aéreo.
La RDC argumenta que Diallo estaba bajo investigación por fraude y corrupción, acusaciones que Guinea niega, y que no debería hacerse al país responsable de actos cometidos durante el régimen de Mobutu, que terminó cuando el dictador huyó del país, en 1997.
En anteriores vistas, Guinea había dicho que pediría una compensación de hasta 36.000 millones de dólares, pero el diplomático Mohamed Camara declaró ante el juez el día 19, que la compensación que habían pedido es exagerada “debido a nuestra inexperiencia”, aunque no dio una nueva cifra. “Esto no es sólo un caso de mucho dinero”, dijo.
Las sentencias del tribunal mundial son finales y obligatorias, aunque no siempre son obedecidas. El tribunal, el más alto órgano judicial de la ONU, adjudica disputas entre países.
(News 24, 19-04-10)
