En el poder desde hace 16 años, Ismail Omar Guelleh, confirmó a principios de diciembre 2015 su deseo de presentarse para un cuarto mandato presidencial. Si el bien este anuncio no sorprendió a nadie, lo que está claro es que no augura nada bueno para el futuro de Yibuti, donde se siguen violando regularmente los derechos humanos sin ningún tipo de reacción por parte de la comunidad internacional.
Los meses, años y períodos presidenciales pasan por Yibuti sin que la libertad de expresión progrese. A pesar de «multipartidismo parcial» previsto por la Constitución de 1992, el gobierno sigue amordazando cualquier forma de oposición política, que emane del pueblo o de la prensa.
El 20 de noviembre de 2015, la detención de varios periodistas y activistas en una manifestación, organizada por la Unión para la salvación nacional (USN), coalición de partidos de la oposición, ha hecho revivir los trágicos recuerdos de las dos últimas manifestaciones reprimidas por la fuerza. El 18 de febrero de 2011, dos personas murieron durante una manifestación pacífica unas pocas semanas antes de la elección presidencial. Dos años más tarde, una protesta contra los resultados de las elecciones legislativas tuvo como resultado 8 víctimas mortales y más de 900 detenidos por la policía.
La intimidación para controlar a la prensa
Al participar por primera vez en 10 años, los partidos de la oposición denunciaron entonces una «mascarada electoral» a favor de la Unión para la Mayoría Presidencial (UMP), con 80% de los escaños en el Parlamento. En su informe anual sobre los derechos humanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también ha condenado el «uso excesivo de la fuerza», acusando al gobierno yibutiano de «restringir el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno, de acosar, abusar, maltratar y detener a los detractores, negando el acceso de la población a las fuentes de información independientes y restringiendo la libertad de expresión y de reunión”.
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