Periodo del 26 de agosto de 2005 al 21 de febrero de 2021
El CNDD-FDD (Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia), mayoritariamente hutu, gana las elecciones de 2005, el antiguo partido único UPRONA obtiene escasos resultados y, salvo el Movimiento por la Rehabilitación del Ciudadano (MRC), los partidos tutsis no están representados en las instituciones nacionales. El FRODEBU se convierte en el principal partido de la oposición con apenas el 25% de los votos en las elecciones a la Asamblea Nacional.
Tales cambios contribuyen a atenuar la dimensión étnica del conflicto. La gratuidad de la enseñanza primaria y los cuidados sanitarios para los niños de menos de cinco años, así como para las madres que dan a luz es un avance significativo. Parece que Burundi reúne las condiciones necesarias para avanzar en el camino de la paz y del desarrollo.
Sin embargo, se encamina hacia una deriva autoritaria con el presidente Hussein Radjabu. En verano de 2006, mandó arrestar al antiguo Presidente de la República Domitien Ndayizeye (FRODEBU) y al antiguo vicepresidente Alphonse Kadege (UPRONA), queda claro que la oposición está siendo reprimida.
Por otra parte, el Acuerdo global de alto el fuego entre el gobierno y el PALIPEHUTU-FNL de Agathon Rwasa se firma el 7 de septiembre de 2006 aunque, el PALIPEHUTU, va a seguir llevando a cabo operaciones militares hasta 2008.
Se produce una escisión en el grupo parlamentario CNDD-FDD en la Asamblea Nacional, que pierde la mayoría parlamentaria. Las divisiones en el partido, alcanzan un nivel crítico, lo que provocó la destitución del presidente Radjabu en 2007 y su posterior arresto por atentar contra la seguridad del Estado.
En las elecciones de 2010 la mayoría de los partidos denuncian fraudes y graves irregularidades. Este proceso electoral va a incrementar las tensiones y la violencia. El CNDD-FDD, con Pierre Nkurunziza a la cabeza, vuelve a ganar las elecciones. En el transcurso de esta segunda legislatura, el gobierno será todavía más represivo e intolerante. Para ello se servirá del Servicio Nacional de Información (SNR) y los IMBONERAKURE, jóvenes del partido en el poder que se han establecido como una milicia o cuerpo de reemplazo de las fuerzas de seguridad.
En 2015, la polémica sobre el tercer mandato del Presidente Nkurunziza desencadena una nueva crisis que vuelve a hundir a Burundi en un ciclo de violencia. Las manifestaciones se suceden y las fuerzas del orden disparan sobre manifestantes sin armas. Se produce un intento de golpe de estado y se producen violaciones masivas de derechos humanos.
En 2020, el contexto sociopolítico no ha evolucionado mucho. La mayoría de los partidos de la oposición siguen exiliados. El Congreso Nacional por la Libertad (CNL) de Agathon Rwasa se ha convertido en el principal partido opositor, por ese hecho, esta formación política, sus miembros y los sospechosos de ser próximos a ella, son víctimas de torturas, malos tratos, amenazas, intimidaciones… atribuidos a las fuerzas de seguridad y a los IMBONERAKURE.
En definitiva, si bien el contexto que prevalecía a la llegada del CNDD-FDD al poder en 2005 era propicio para una mejora de la situación de los derechos humanos, ha habido un deterioro progresivo en este terreno.
Organizaciones de la sociedad civil
El rol de las ONG de derechos humanos y de los medios es relatar y observar la acción gubernamental y, llegado el caso, denunciar los abusos, las violaciones y la mala gestión del régimen establecido. En el transcurso del segundo mandato del Presidente Pierre Nkurunziza, las organizaciones de la sociedad civil y los medios han sido calificados de “movimientos insurrectos”, de ser cómplices de asesinatos, de formar parte de la rebelión, de empañar la imagen de Burundi y de sembrar el odio y la división.
Rol de la comunidad internacional
En 2005, para apoyar los resultados alcanzados en el marco del proceso de paz y para ofrecer una esperanza a un pueblo hundido por un largo conflicto, la comunidad internacional manda financiación tanto en favor del estado burundés como en favor de las asociaciones y medios de comunicación privados.
La amplitud de las violaciones de los derechos humanos forma parte de los factores que llevan a los donantes de fondos a reconsiderar su apoyo al gobierno. El gobierno no duda en adoptar medidas coercitivas contra ciertas organizaciones internacionales. Desde 2005, cuatro enviados especiales del Secretario General de las Naciones Unidas son declarados persona non grata, los miembros de la Comisión de Investigación sobre el Burundi ven su petición de visado rechazada, muchos son los ejemplos.
En febrero de 2021, cierran sus oficinas en Burundi el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la oficina del enviado especial de la ONU. Sin embargo, tras la llegada de Ndayishimiye a la Jefatura del Estado, se inician conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno.
Fuente: Iwacu -Imagen: Twitter
[Traducción, Ramón Arozarena. Edición Isabel Garrido Celada]
[Fundación Sur]
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