La detención de hasta 18 meses que autoriza el texto aprobado por la Eurocámara es desproporcionada en relación con el tiempo necesario para organizar el retorno de un extranjero. La prohibición de regresar a territorio europeo durante cinco años parece estigmatizar a las personas expulsadas como culpables de un delito, y con el riesgo de negarles derechos esenciales.
Los inmigrantes sin papeles que sean detenidos en suelo europeo podrán pasar hasta 18 meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión. Podrán ser detenidos con una mera orden administrativa y una vez expulsados no podrán volver a la Unión Europea en cinco años. Los inmigrantes menores de 18 años no acompañados podrán ser repatriados.
Ha sido aplastante el poder de la derecha que hoy gobierna en muchos de los Estados europeos, así como la ductilidad de no pocos socialistas. El texto ha recibido el apoyo del grupo popular europeo y de los liberales. Los socialistas han votado divididos. Los verdes e Izquierda Unitaria han votado en contra.
De haberse aprobado alguna de las enmiendas presentadas por los socialistas, habrían dejado bloqueados 676 millones de euros del Fondo Europeo de Retorno para el periodo 2008-2013. Los Gobiernos quieren ese dinero para financiar parte de sus gastos de repatriación de inmigrantes, por lo que habían presionado a los diputados para que le dieran luz verde. Ahí le duele y constituye el talón de Aquiles de la ‘Europa de los Mercaderes’, en vez de afirmarse la ‘Europa de los ciudadanos’.
Jacques Delors, ex presidente de la Comisión Europea y de Michel Rocard, ex primer ministro de Francia y diputado en el Parlamento Europeo hicieron pública su opinión.
Afirmaban que Europa debe respetar los derechos esenciales de los ‘sin papeles’. El fenómeno de las migraciones internacionales y los problemas de la acogida, la integración y el estatuto de los inmigrantes y de los refugiados son asuntos particularmente sensibles y complejos.
“Somos conscientes de la dificultad que conlleva determinar en este terreno una política europea pragmática ante la situación social y económica de los Estados de la Unión, que sea aceptada por las opiniones públicas y que, al mismo tiempo, sea profundamente respetuosa con la dignidad y las libertades fundamentales de quienes intentan alcanzar una vida mejor en Europa”.
Pero no pueden ocultar su inquietud sobre la pertinencia de que el primer proceso de decisión conjunta, de la Comisión y del Parlamento, sobre inmigración sea un proyecto ligado a la represión, antes de que las condiciones de acogimiento y de integración de los extranjeros no comunitarios hayan sido debatidas y determinadas por los Veintisiete. Todo un símbolo, dicen, que no parece de lo más oportuno para nuestros amigos de África, del Magreb o de Oriente Próximo. Y de Latinoamérica, añadimos.
Ambos políticos afirman que la duración de la detención autorizada (18 meses) es desproporcionada en relación con el tiempo realmente necesario para organizar el retorno de un extranjero. La instauración de una prohibición de regresar a territorio europeo durante cinco años parece estigmatizar a las personas expulsadas como culpables de un delito por el que deben ser castigadas, y con el riesgo añadido de negarles el ejercicio futuro de los derechos esenciales, como el derecho de asilo o el de reagrupamiento familiar. Llaman la atención sobre la grave limitación de las garantías previstas para el encarcelamiento o la expulsión de personas vulnerables (menores de edad, enfermos).
Las condiciones de privación de libertad y de expulsión de las personas afectadas exigen que sea apreciado y evaluado con la máxima atención el necesario equilibrio entre las medidas represivas y las que garantizan una real protección de los derechos fundamentales de estas personas. Este equilibrio tiene que ser imperativamente preservado.
En el fondo se trata de ser coherentes con la idea que tenemos sobre cómo debe respetar Europa la dignidad de las personas. O somos países de acogida, con medidas humanitarias y justas, o seremos responsables por no corresponder al bien que esos países hicieron a los ciudadanos emigrados de Europa durante siglos.
Cierto que deben de existir normas sobre la inmigración, el trabajo posible y adecuado, la sanidad, la educación de sus hijos y las pensiones a los mayores. Pero también tendremos que revisar nuestra política con sus materias primas y la mano de obra que, ya en sus países, proporcionan a nuestras economías y acabar con las subvenciones injustificables a nuestros productos agrícolas y las trabas a la importación de los productos de los países de esos inmigrantes. En no pocos casos, las metrópolis europeas les impusieron los monocultivos, el trabajo a destajo, el incumplimiento de la cláusula social a sus trabajadores y tantas servidumbres por las que les debemos la reparación justa y el trato de iguales en dignidad y en derechos políticos y sociales.
Como escribía el profesor Sami Naïr: Europa se blinda ante los inmigrantes. La directiva europea sobre inmigración ilegal y las propuestas francesas sobre integración de extranjeros son muy inquietantes. Una vez más, se legisla desde la exageración de los datos y la mentalidad represiva.
