El gobierno de Etiopía decretó el 9 de octubre el estado de emergencia ante la actual escalada de violencia entre los militares y fuerzas de la oposición , lideradas por las regiones de Oromiya y Amhara, en un conflicto que ya dura un año.
La medida de excepción anunciada en la televisión por el primer ministro, Haile Mariam Desalegn durará seis meses y fue promulgada tras la ola de protestas en esos dos importantes territorios con un saldo de decenas de muertos durante los últimos meses, según estadísticas de distintas fuentes.
‘La situación general, incluyendo la destrucción de instituciones gubernamentales y negocios, indica que nuestro país está descendiendo al caos. Esto amenaza nuestra soberanía y existencia como nación, admitió el gobernante durante su comparecencia en la Radiotelevisión Etíope.
Según el Primer Ministro, el gobernante Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope desarrollará durante el estado de emergencia un diálogo político con organizaciones de la sociedad civil y partidos de la oposición que solicitaron ese encuentro.
El Ejecutivo reconoció el fallecimiento durante la semana última de unas 52 personas durante los choques de los agentes contra las manifestaciones iniciadas en noviembre de 2015, principalmente por oromos en demanda de respeto a sus tierras capitalinas comprendidas en un proyecto para la expansión urbanística de Addis Abeba.
La cifra oficial abarca solo los enfrentamientos de los últimos días en que escaló el contencioso, y creció en especial el pasado domingo 2 de octubre, cuando una estampida causó la muerte de numerosas personas durante las fiestas tradicionales de la ‘Irrecha’, la mayor celebración oromo.
Medios de prensa divulgaron que las protestas comprendieron consignas y proclamas antigubernamentales, la destrucción de propiedades estatales y privadas, mientras algunas fuentes hablan ya de unos 400 muertos durante este último año en los choques entre gobierno y manifestantes.
Los oromo (región central), pueblo agrícola seminómada y principal grupo étnico, demandan presencia en el gobierno e instituciones políticas, mientras los asmara (norte), segundo grupo mayoritario, también se consideran marginados y recuerdan sus tiempos en el gobierno del marxista Mengistu Haile Mariam, derrocado en 1991.
El actual gobierno está liderado por los pobladores de Tigray, la más septentrional de las nueve regiones étnicas de Etiopía, que integraron junto a los de la entonces Eritrea, en la actualidad un Estado independiente, la guerra que terminó con aquel régimen.
Líderes de ambas naciones criticaron como excesiva la respuesta del Ejecutivo de Addis Abeba ante sus manifestaciones en las calles por demandas de cambios, política que, según ellos, comprendió este 2 de octubre el uso de balas y gases lacrimógenos para dispersar a la gente.
Merera Gudina, dirigente del opositor Congreso Federalista Oromo, aseguró el 5 de octubre pasado que aumenta la brecha y el conflicto entre el pueblo y las fuerzas de seguridad en el tratamiento de sus quejas.
Prensa Latina
Fundación Sur
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