El ministro de finanzas de Esuatini, Neal Rijkenberg, ha confirmado al Parlamento que el gobierno recibió 5,1 millones de dólares de Estados Unidos como parte de un acuerdo para acoger hasta 160 personas deportadas desde este país. El dinero, según el documento del acuerdo, estaba destinado a mejorar la “capacidad de gestión migratoria y de fronteras” del país. El ministro ha informado a su vez de que el dinero había sido transferido a la cuenta de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, pero que al no haber sido asignado formalmente, la Agencia no podía utilizar el fondo. Por lo tanto, se comentó también la necesidad de regularizar los pagos.
Hasta ahora, 15 personas han sido enviadas desde EE.UU. a Esuatini en dos vuelos, llegando cinco personas en julio y otras diez en octubre. Proceden de países como Vietnam, Cuba, Jamaica, Laos, Yemen, Filipinas y Camboya y, según el Gobierno, se encuentran en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Matsapha. El único que ha sido repatriado a su país de origen ha sido un jamaicano que llegó a Esuatini en julio, el resto de deportados están a la espera de que finalicen las conversaciones que el gobierno asegura se están llevando a cabo para su retorno a sus países de origen. Estas personas son deportadas bajo el argumento de que, según Washington, suponen un alto riesgo para la población.
Aún se desconocen los detalles del acuerdo, sin embargo, ha generado una fuerte polémica y críticas por parte de la sociedad civil, llevando incluso a acciones legales contra el gobierno por parte de abogados de derechos humanos, quienes alegan que el pacto fue secreto y vulnera la constitución, ya que no fue aprobado por el Parlamento. Además, critican que los deportados han sido detenidos sin cargos concretos y sin un proceso transparente, lo que también ha desembocado en acciones legales en los tribunales locales.
Fuente: Independent News
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