La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado una política migratoria que incluye acuerdos con terceros países para la recepción de deportados estadounidenses, abarcando un total de cuatro naciones africanas. Ruanda ha confirmado la llegada de siete individuos deportados de Estados Unidos, marcando el inicio de un pacto que podría extenderse hasta 250 personas.
Según informa AlJazeera, Yolande Makolo, portavoz del gobierno ruandés, comunicó que los siete deportados llegaron a mediados de agosto. Makolo aseguró que, independientemente de sus circunstancias, todas las personas recibirán el apoyo y la protección del gobierno ruandés, habiendo sido previamente investigadas. Actualmente, se encuentran alojados por una organización internacional y recibirán asistencia de servicios sociales locales y de la Organización Internacional para las Migraciones.
Ruanda se une así a Uganda, Esuatini y Sudán del Sur como países africanos que aceptan recibir deportados de Estados Unidos. La administración Trump ha mantenido silencio oficial sobre esta deportación específica, y la identidad de los siete individuos no ha sido revelada públicamente.
Esta práctica de deportar migrantes y solicitantes de asilo a «terceros países», con los que no tienen vínculos personales, ha sido una estrategia recurrente durante la presidencia de Trump. La administración justifica esta medida como necesaria para aquellos migrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen. No obstante, esta política ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes expresan serias preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de los deportados en los países seleccionados, muchos de los cuales presentan un historial cuestionable en materia de derechos humanos.
Un ejemplo de estas preocupaciones se observa en Esuatini, una monarquía absoluta donde la disidencia es reprimida. Cinco deportados recibidos en julio en Esuatini fueron puestos en régimen de aislamiento, y el acceso a ellos por parte de su representante legal ha sido denegado, lo que ha llevado a la presentación de recursos judiciales.
Grupos de derechos humanos y defensores de los inmigrantes critican estas deportaciones a terceros países por considerarlas innecesariamente crueles, argumentando que exponen a los migrantes a entornos donde podrían no hablar el idioma ni comprender la cultura. También cuestionan el encarcelamiento de personas que, en algunos casos, no tienen antecedentes penales o ya han cumplido sus condenas. Algunos críticos señalan que esta práctica podría estar convirtiendo a estos países en «vertederos de inmigrantes».
La administración Trump podría estar utilizando estas deportaciones para evadir el escrutinio de sus propios centros de detención. La política de deportación masiva fue una promesa central en la campaña de reelección de Trump para 2024, describiendo la inmigración como una «invasión» liderada por «criminales».
Al comienzo de su segundo mandato, Trump comenzó a enviar migrantes y solicitantes de asilo a países como Panamá y El Salvador. Este último país ha albergado a cientos de deportados venezolanos en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), un centro conocido por sus violaciones a los derechos humanos.
Ruanda, que ha señalado que brindará asistencia a los deportados, incluyendo capacitación laboral, atención médica y apoyo para el alojamiento, con el fin de facilitar su reinserción, está directamente vinculada, según diferentes países y organismos internacionales, con grupos armados, como el M23, que están acusados de llevar a cabo desplazamientos forzados y deportaciones ilegales en el contexto del conflicto armado en el este de la República Democrática del Congo.
Fuente: AlJazeera