Es bien sabido que la República Centroafricana atraviesa los momentos más dolorosos y oscuros de su historia política. Organizar elecciones en un clima de inseguridad impuesto por grupos armados no convencionales es una apuesta y al mismo tiempo un gran desafío, mientras el ejército nacional se encuentra en total reconstrucción y, además, bajo embargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Tras el célebre acuerdo de Jartum, negociado con fórceps, seguido de una tregua relativa desde 2018, las incursiones punitivas de grupos armados unidos bajo el liderazgo del general Bozizé están cobrando impulso y socavando el proceso electoral, que ya estaba a oscuras. Tras el rechazo por parte del Tribunal Constitucional a la solicitud de aplazamiento formulada por un sector de la oposición democrática, finalmente se organizaron las elecciones presidenciales y legislativas el 27 de diciembre en parte del país.
Se observaron muchas irregularidades, a veces flagrantes, que empañaron la credibilidad y legitimidad de la votación. Observamos el enorme llenado de las urnas, el número particularmente elevado de votos por exención, el mantenimiento de las urnas por parte de las fuerzas de la ONU, uno de cada dos votantes no pudo votar, la modificación de los informes de votación, la suma de los votos, porcentajes atribuidos a candidatos que superan el 100 % y que la Autoridad Electoral Nacional ha corregido después de conocer los hechos, la destrucción de ciertos materiales electorales por parte de los grupos armados no convencionales y especialmente la tasa de participación anunciada que no corresponde al número de los votantes.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 del código electoral, una decena de candidatos, entre ellos miembros de la Coalición de Oposición Democrática COD 2020, exigieron la cancelación y reanudación de las elecciones del 27 de diciembre de 2020. Abrumado por las solicitudes, y de conformidad con las disposiciones del artículo 98 de la constitución, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse y deliberar sobre todas las apelaciones.
El ciudadano medio, preocupado por la representatividad y legitimidad de tal elección, se pregunta: ¿Validará el Tribunal Constitucional una elección que no respeta los estándares internacionales y ha sido ampliamente denunciada por la mayoría de la oposición? ¿El poder mide el riesgo obvio inherente a la tensión postelectoral? El desliz de que el presidente de la ANE acredite a un candidato el 31 % en lugar del 21 % ¿es indicativo de fraude?, ¿sigue el poder pendiente de los mandatos de la comunidad internacional para tratar de aliviar la situación? ¿La determinación del pueblo de ejercer su derecho al voto le da poder al gobierno para manipular los resultados? En otras palabras, ¿la determinación del pueblo por votar, como sinónimo de rechazo a la violencia, es una bendición para el poder de imponer lo inaceptable al pueblo?
¿Cuánta responsabilidad tiene la comunidad internacional en este fiasco electoral?
Desde el comunicado de prensa del presidente de la República declarando que «la República está en guerra», sumado a la apertura de una investigación contra el general Bozizé por rebelión, ¿podemos decir que la justicia centroafricana está en orden? En la continuación lógica de la idea, ¿podemos también confiar en que el Tribunal Constitucional regirá la ley? La gente ciertamente exigió las elecciones pero no un paso forzado seguido de arrestos, secuestros y limpieza de un grupo étnico. Como consecuencia de lo anterior, invitamos a las autoridades a estar atentas al comportamiento aislado de las milicias o secuaces incontrolados de las autoridades. El futuro de la joven democracia centroafricana está, pues, íntimamente ligado a la decisión del Tribunal Constitucional.
Nos atrevemos a esperar que los sabios del Tribunal Constitucional, en la plenitud de su composición colegiada, impartirán el derecho y nada más que el derecho sin preocuparse por el organismo que financiará las nuevas elecciones en caso de cancelación… sobre todo no se debe perder de vista que es la democracia centroafricana la afortunada ganadora del proceso electoral.
Fuente: Abangui
[Fundación Sur]
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